Voces

sábado 18 sep 2021 | Actualizado a 00:05

El endeudamiento como señal de crisis

Que el ahorro interno no sea suficiente para financiar la inversión no tiene por qué ser motivo de consternación

/ 6 de abril de 2016 / 04:00

Una de las funciones básicas de la política económica es mitigar el efecto de los choques externos como el deterioro de los términos de intercambio (TI). En un contexto como el anterior parece justificable recurrir a la inversión pública para compensar la pérdida de dinamismo externo con mayor impulso fiscal; pero si las condiciones son tales, que la caída de los términos de intercambio debilita la posición externa y fiscal, generando déficits gemelos, surge la pregunta sobre si se debe recurrir a deuda externa para mantener el crecimiento o ¿no? Y casi por añadidura se descuelga otra pregunta: ¿es correcto afirmar que la contratación de deuda es una señal de crisis en el país?

Para los exponentes más dogmáticos del libre mercado el crecimiento “sideral” de la deuda externa es una preocupación de todos los días, por cuanto la respuesta a la primera pregunta sería un retundo “no”, y a la segunda, un “sí” absoluto, puesto que es un síntoma de la crisis que venían prediciendo hace bastantes años y que el Gobierno habría terminado por reconocer al contratar más deuda.

Una lectura más cuidadosa a esas afirmaciones debería comenzar por diferenciar entre endeudamiento y sobreendeudamiento. El endeudamiento es una práctica normal que realizan países y empresas para financiar sus operaciones. El sobreendeudamiento ocurre cuando un país contrae más deuda de la que razonablemente puede pagar. Sus consecuencias producen bajo crecimiento y pobreza, como la que vivimos en los años 90 cuando nuestras obligaciones con el exterior superaron 85% del PIB. Esta situación es muy lejana a la que vivimos hoy, en la que la deuda respecto del PIB representa 18%.

Que el ahorro interno no sea suficiente para financiar la inversión de un país no tiene por qué ser motivo de consternación. Eso quiere decir que el país se debe endeudar, y en contra recibe ahorro externo del resto del mundo para financiar el crecimiento del país. Históricamente el ahorro nacional en Bolivia ha sido insuficiente para empujar el crecimiento económico, por lo que gran parte de la vida republicana se tuvo que recurrir al externo. Pero menor ahorro interno tampoco es en sí mismo un signo de debilitamiento económico si la inversión nacional, y particularmente la pública, crece más rápidamente, lo que justamente ha pasado en los últimos años.

También existe un evidente contenido ideológico cuando se objeta el destino y retorno de la futura deuda desconociendo que el país cuenta con un Plan de Desarrollo Económico Social para los próximos cinco años que delinea el destino de los recursos a proyectos productivos e infraestructura.

La mayor parte de organismos internacionales en su reciente visita a La Paz, y economistas respetados como Dani Rodrik (profesor de la universidad de Harvard), están convencidos de que la forma de enfrentar la caída del precio de las materias primas es con mayor inversión pública y contratando más deuda en lugar de ajustes ortodoxos como la subida de impuestos y recortes de gasto corriente.

Mientras que otros países como Perú, Ecuador, Paraguay y muy pronto Argentina están tratando velozmente de fondearse recursos externos, en Bolivia coexisten las voces de críticas de opinadores que todavía cuestionan por qué y para qué endeudarse.

Bolivia cuenta con un margen importante para seguir prestándose si así lo requiere, siendo la deuda una práctica ideal para suavizar el ciclo económico al cual están recurriendo varios países. Más deuda no necesariamente es símbolo de flaqueza, sino por el contrario de fortaleza, porque demuestra que el país está en condiciones de acceder a créditos con otros países e inversionistas porque confían en la solvencia del Gobierno boliviano.
 

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Las asignaciones del FMI

/ 2 de septiembre de 2021 / 01:37

En días recientes, el Gobierno aseguró haber recibido $us 326 millones provenientes de una asignación otorgada por el FMI en su calidad de país signatario. El anuncio desató una gran polémica por el origen de los recursos, puesto que seis meses atrás había devuelto un monto similar contratado durante el gobierno de Jeanine Áñez, bajo el rotulo de Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). En realidad, más allá que los mismos se efectuaron en la misma unidad de cuenta conocida como DEG con la que el FMI valoriza sus operaciones de préstamo y la suscripción de capital de sus miembros, ambas fuentes son financiera, económica y procedimentalmente distintas.

La distribución de DEG (Derechos Especiales de Giro) fue ante todo una operación financiera- contable que, por el lado del activo, su tenencia mejoró el nivel de las RIN y por el lado del pasivo, acrecentó la cuenta de asignaciones, de forma que ni la Posición de Inversión Internacional del país ni el resultado del balance del BCB debieron verse alterados. Asimismo, tanto las tenencias como las asignaciones del DEG devengan intereses, en el primer caso el país los recibe y en el segundo los paga, por lo que el efecto financiero neto de la última distribución fue nulo, es decir, su distribución fue gratuita.

El poseedor de los DEG tiene el derecho potencial a convertirlos en divisas de otro país miembro como dólares, empero, si la tenencia es menor a la asignación recibida podría generar un costo financiero, dado por la diferencia entre ambas posiciones, aunque no ha sido la práctica más usual en anteriores distribuciones. El país también podría optar por otras operaciones a término, canje de deuda o acuerdos de permuta.

Según las normas básicas del sistema de crédito público, una operación de crédito público consiste en una transacción con acreedores internos o externos basada en contratos de derecho público, sujeta a su repago. La distribución de DEG no tiene la obligación de reembolso o reconstitución de estos activos, que sí la hay en el IFR que estableció un cronograma de vencimientos y acarreó un pagaré, por lo que ameritaba la aprobación de la Asamblea. El rechazo a la ayuda financiera del FMI en 2020 no fue al organismo como tal, sino ante el incumplimiento de los requisitos para la contratación de deuda externa.

El proceso de aprobación también fue diferente. Para la distribución de DEG, la junta de gobernadores aprobó su otorgación y el país solo dio su anuencia. En contraste, con el IFR el gobierno gestionó su aprobación ante el directorio del FMI, a través de una carta de intenciones en la cual comprometió realizar ajustes macroeconómicos, de ser necesarios, para garantizar su reembolso. El hecho de soslayar esta sutil diferencia tiene una gran implicancia, porque la asignación de DEG a diferencia del IFR no condicionó el curso de las políticas.

Ambos financiamientos también persiguen finalidades distintas. Con el IFR se buscó dotar de liquidez al TGN para financiar los gastos de la pandemia; en cambio, la asignación de DEG tiene como fin fortalecer las RIN y su uso es solo de carácter precautorio para atender necesidades de liquidez, es por ello que son mantenidas en cuentas del BCB y no del TGN, como ocurrió con el IFR.

El propio FMI reconoce sus diferencias. El IFR es una nueva línea de crédito para países de bajos ingresos que enfrenten una urgente necesidad de balanza de pagos como la pandemia. En cambio, las asignaciones se consideran como la creación de activos de reserva internacional que se distribuyen a los países miembros en proporción a su cuota relativa. Es un financiamiento excepcional frente a una necesidad global de inyectar liquidez a gran escala, como se hizo en 2009, y su alcance es mayor al beneficiar a todos sus miembros en comparación al IFR, que es específico a cada país.

También hay una falsa polémica sobre el actuar del Gobierno actual, según la cual con una mano acusa y con la otra pide prestado. En realidad, no fue el Gobierno sino es el FMI el que ha moderado su posición ortodoxa. El Gobierno boliviano ha mantenido la misma línea discursiva de no condicionamientos con ningún organismo internacional. Eso no ha cambiado. Pero más allá de la interpretación al actuar del Gobierno o del Fondo, el éxito de una gestión reside en no dejarse llevar por fundamentalismos ideológicos sino más bien por pragmatismos políticos, más aún en tiempos de crisis. La aquiescencia a las asignaciones muestra que hay maneras más baratas para traer recursos externos al país.

Omar Velasco Portillo es economista.

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La tan esperada devolución de aportes

/ 19 de agosto de 2021 / 01:32

Hace cerca de un año se anunció, dentro de las promesas de campaña, una posible devolución de los aportes efectuados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esta iniciativa busca que los asegurados que están desempleados puedan acceder de manera parcial o total a la devolución de sus aportes para así cubrir sus necesidades resultantes de la pandemia. En este artículo comparto mis impresiones al proyecto de Ley 078.

La posibilidad de retirar voluntariamente una parte de los aportes a la jubilación debe ser comprendida por la población como una decisión ante todo intertemporal y no de carácter coyuntural, motivada por la falta transitoria de ingresos.

Si a usted le propusieran entregarle Bs 1 el día hoy o recibir el doble dentro de 20 años, ¿qué elección realizaría? El sentido común probablemente le incline a tomarlos hoy, finalmente el mundo es incierto y uno no sabe lo que puede pasar mañana. Desde el análisis económico la respuesta es un poco más compleja, pues tiene que confrontarse el hecho de que el valor del dinero cambia en el tiempo y el carácter subjetivo que le otorgan los individuos al consumo a la hora de valorarlo en el tiempo. Por un lado, recibir el dinero hoy vale más porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Por otro lado, los consumidores podrían valorar más el consumo actual que el futuro, lo que reflejaría un cierto grado de impaciencia, pero también es posible que haya consumidores pacientes que no gasten toda su renta para ahorrarla y consumirla en periodos futuros.

Lo más probable es que los trabajadores más jóvenes sean los primeros en retirar sus aportes dado que la tasa de impaciencia es mayor que la de los adultos cercanos a la edad de jubilación; sin embargo, los jóvenes deben tener menores saldos acumulados, lo cual generaría una especie de compensación en términos financieros.

Ahora bien, las familias tienen derecho a reactivar su economía a partir del uso de estos recursos, empero, se debe tomar en cuenta que, a pesar de que cada afiliado es propietario de sus fondos, éstos tienen como finalidad esencial otorgar una pensión de jubilación. La posibilidad de retirar tempranamente una parte de sus ahorros podría comprometer el cálculo final del monto de su jubilación. Para no caer en la miopía del consumidor impaciente, es imprescindible que quienes retiren esos recursos hagan un uso óptimo y sean conscientes de que deberán reponerlos en el futuro o en su defecto volver a cotizar pronto.

Según los datos del Gobierno, esta medida inyectará a la economía cerca de Bs 4.000 millones, que representa aproximadamente 1,4% del PIB y 4,3% del fondo global, y podrá alcanzar hasta el 60% de asegurados, de los cuales solo el 4% tiene cuentas mayores a Bs 100.000, lo que quiere decir que las devoluciones estarán bien focalizadas, al concentrarse en la población de menores aportes.

La norma no implica una descapitalización del fondo como confusamente se ha interpretado. Imagine que usted habría trabajado los últimos 10 años recibiendo un sueldo fijo de Bs 7.000 (omitiendo los incrementos salariales). Tendría en su cuenta individual un monto acumulado de Bs 84.000 más la rentabilidad que le paga la AFP, que para dicho periodo estuvo en 4% promedio, así el monto acumulado en su cuenta ascendería a Bs 103.104. Según el proyecto de ley, usted podría solicitar hasta Bs 15.000. Este somero cálculo muestra que la norma devolverá los intereses mas no el capital. La devolución total para saldos menores a Bs 10.000 podría estar motivada también por una estrategia de optimización de costos administrativos al finiquitar las cuentas menores.

Tampoco se debilita al sistema financiero porque la principal fuente de financiamiento serán recursos frescos y disponibles que no están en la banca. Pero, dado que las inversiones de las AFP son una fuente de recursos de los bancos, se podría pensar en exonerar el encaje legal de las operaciones financieras con las AFP considerando el horizonte de plazos en el que operan; ello ayudaría a aumentar la liquidez del sistema financiero.

Finalmente, si bien el financiamiento para devoluciones no compromete la actual rentabilidad del fondo, tampoco la mejora. Considerando los bajos rendimientos de los últimos años y las menores disponibilidades a corto plazo para inversiones más rentables, se debiera flexibilizar los criterios y límites a las inversiones nacionales e incentivar el diseño de instrumentos financieros alternativos en el sector público y privado que compiten por esos fondos.

Omar Velasco Portillo es economista.

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De gallinas, sótanos y otras ilusiones estadísticas

/ 5 de agosto de 2021 / 01:51

Organismos internacionales anticiparon que éste será un año de recuperación económica, no solo en Bolivia, sino en toda la región sudamericana. Lo anterior no quiere decir que la crisis sea plenamente superada pues la reactivación aún tomará su tiempo. A excepción de Chile, el resto de países no retornará a su nivel de PIB que tenía previo a la pandemia hasta 2022.

En Bolivia, las previsiones gubernamentales también mostraron un mayor optimismo al anunciarse que la economía había crecido un 5,3% en los primeros cuatro meses del año, incidida por las políticas que reanimaron la demanda interna. Recordemos que a finales del año pasado y comienzos de éste se anunció que el crecimiento económico para 2021 se situará alrededor de 4,4%, por lo que el reciente anuncio podría ser una señal de que la economía se va recuperando mejor de lo inicialmente esperado.

Esta probable recuperación vigorosa en 2021, también ha generado polémica. Desde el frente opositor, se ha contrarrestado el discurso oficialista dándose a la tarea de construir su propia lectura de las estadísticas con el fin de restarle méritos a las políticas de reactivación vigente.

Se pretende reciclar el viejo discurso del piloto automático, que abrazó la idea en años pasados que la economía boliviana crecía mecánicamente empujada por los ciclos alcistas de los precios de las materias primas. Años después, luego de su inminente caída y al constatarse que el crecimiento económico se mantuviera a tasas altas, esta afirmación fue trastocada por sus defensores. En un contexto como el actual donde el sector externo comenzó a recuperarse, después de varios años desfavorables, la hipótesis nuevamente fue revitalizada.

La conjetura del piloto automático se complementó con el relato del rebote estadístico. Según esta afirmación, en ciertas ocasiones las estadísticas podrían ser más engañosas que los propios analistas y políticos juntos. Para salir del oscurantismo en el que nos encontramos sumidos, según sus relatores, se han valido de sus dotes en aritmética y su habilidad para narrar historias con ejemplos de sótanos y gallinas para explicar al público de a pie en lenguaje profano porque los resultados en 2021 serían un espejismo numérico.

En realidad, la expansión económica es un hecho real y no una ilusión estadística como embusteramente se trata de interpretar. En 2020 la economía decreció en más de 8%, golpeada por las medidas de confinamiento rígido en abril y mayo. En 2021, en cambio, si bien la pandemia siguió su curso, no se determinó el cierre de la economía. No se requiere de una mente brillante de Harvard para que el ciudadano de a pie deduzca que, si un año no hubo producción y al siguiente sí la hubo, la tasa de crecimiento entre ambos años tendría que ser alta. Pero más allá del efecto estadístico que produce el comparar valores pequeños con grandes, lo relevante es que en 2021 se crearon más bienes de lo que hubo en 2020, lo cual es reflejo de la recuperación y un evento tangible mas no imaginario. La razón se debe a que en esta gestión no se recurrió a la cuarentena, lo que permitió que la recuperación no se vea perjudicada.

También, es incorrecto comparar íntegramente el nivel de la actividad de 2019 con el de la gestión 2021, simplemente porque en 2019 no había pandemia, peor aún es más deplorable concluir que el crecimiento solo suma si es mayor a 2019, omitiendo el análisis comparativo de 2020, sometiendo a que las estadísticas se pongan al servicio de la imaginación de los analistas.

Más allá del número que represente el crecimiento en 2021, se debe entender que la población no vive de ilusiones estadísticas, ni tampoco de análisis parcializados, sino de resultados concretos. La crítica no debiera hacerse a las estadísticas sino a los autodenominados analistas que hacen un mal uso de ellas. El hecho que la economía se encuentre en franca recuperación debiera ser tomada de forma positiva por todos los bolivianos, incluso para el más digno adversario, sin importar sus inclinaciones políticas.

Finalmente, se advierte que el debate en torno al crecimiento económico aún está carente de profundidad. El mayor interés debiera estar en la discusión sobre la tendencia y sostenibilidad del crecimiento de mediano plazo y no en el corto plazo, que hoy ocupa la agenda pública.

Omar Velasco Portillo es economista.

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Censo 2022, autonomías a medias tintas

El entusiasmo por más recursos para las regiones a raíz de un nuevo censo solo revela su ‘rentismo’.

/ 1 de agosto de 2021 / 15:47

DIBUJO LIBRE

El reciente anuncio del Gobierno de realizar el Censo de Población y Vivienda el 16 de noviembre de 2022, ha despertado mucha expectativa en la opinión pública y muy en particular en políticos, líderes cívicos y autoridades regionales por sus implicancias políticas y financieras. Varios alcaldes se frotan las manos, pues comienzan a hacer cálculos, con la esperanza de que la nueva reconfiguración poblacional les permita acceder a más ingresos que les ayude a sanear sus debilitadas cuentas fiscales. La Ley de Participación Popular establece que una fracción de los impuestos nacionales se distribuya a las regiones en función del número de sus habitantes, reconocidos como impuestos coparticipables.

Empero, el pleno ejercicio de las funciones autonómicas no debería quedar reducido conceptualmente ni financieramente a la mera transferencia de recursos desde el nivel central. A 11 años de la promulgación de la Ley de Autonomías y Descentralización de julio de 2010, la finalidad de la Ley que buscaba la distribución de las funciones políticoadministrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible, se ha cumplido solo parcialmente.

Aún pesa sobre las entidades subnacionales la falta de experiencia técnico-administrativa para desempeñar completamente su mandato competencial, fortalecer sus capacidades institucionales y generar sus propios ingresos. Además, se advierte que existen fuertes asimetrías en la distribución del gasto no necesariamente asociado a reglas de priorización y sin una noción del costeo competencial, proceso que quedó inconcluso en la ley.

En Bolivia, los impuestos municipales apenas presentan el 1% del PIB, en un promedio de dos décadas. Los impuestos prediales solo recolectan una pequeña fracción de su potencial recaudatorio debido a que no se realizan actualizaciones catastrales ya sea por falta de capacidad técnica o por voluntad política de los burgomaestres. Como consecuencia, los ingresos propios de los municipios más grandes (con población mayor a 50.000 habitantes) solo representan 16% del gasto total que realizan. La situación es mucho peor en municipios pequeños (menores a 50.000 habitantes) los cuales recaudan entre 2% y 6% de sus gastos (cifras a 2019).

Para solventar el ejercicio de sus competencias, los municipios requieren de transferencias desde el nivel central. Por importante que fuera, la baja correspondencia fiscal entre los ingresos propios y los gastos totales no formó parte del debate del proceso autonómico.

Si bien los menores ingresos locales condicionan la acción autonómica, la solución no debería pasar por acentuar su dependencia de ingresos con el nivel central. La expectativa de algunas regiones de recibir más recursos de coparticipación tributaria solo reforzará su dependencia financiera con el gobierno central, no su autonomía, lo cual es un gran contrasentido a los fines reivindicativos de la demanda autonómica. A nivel agregado, la redistribución de los ingresos fiscales no resuelve las necesidades de recursos territoriales, porque lo que para algunos municipios significa una mejora de sus ingresos, para otros implicará una disminución. ¿Cómo encararán las funciones autonómicas las alcaldías que deban resignar recursos por su menor población?, ¿deberán exigir mayores recursos al Estado y así ampliar su dependencia? Claramente, el fortalecimiento de los ingresos subnacionales tampoco puede basarse a expensas de los ingresos del nivel central.

Los gobiernos autónomos deben realizar esfuerzos hacia adelante para fortalecer sus ingresos propios estables y reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales y a las rentas de ingresos extractivos.

Lo realmente primordial para las regiones con relación al nuevo empadronamiento es su importancia para identificar necesidades insatisfechas en el acceso a agua potable, alcantarillado, vivienda, salud, educación, entre otras que son tareas subnacionales. La información del censo debería ser el punto de partida para el rediseño de las políticas públicas regionales que mejoren la eficiencia asignativa y ayuden a dimensionar el costo competencial.

También, se requiere mayor claridad competencial entre niveles de gobierno para superar la falta de coordinación que, por ejemplo, se observó en la lucha contra la pandemia y resolver los conflictos de límites para que no se repitan hechos penosos como los sucedidos en Uyuni. El fortalecimiento institucional a nivel regional es crítico para lograr un proceso efectivo de descentralización.

Se debe abandonar el sentido político que se le ha dado al pacto fiscal, limitado a la simple repartición de recursos. El auténtico debate nacional debiera girar sobre cómo las entidades territoriales pueden reducir su dependencia fiscal a las transferencias centrales, para ganar una real autonomía financiera y cómo se puede aprovechar la nueva información del Censo 2022 para mejorar la gestión de políticas públicas territoriales.

(*)Omar Velasco P. es economista

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VACUNACIÓN YA, CUARENTENA NO

Los centros productivos que resistieron hasta hoy, podrían tener en la cuarentena la estocada final.

/ 13 de junio de 2021 / 19:14

DIBUJO LIBRE

Con más de 3.800 casos por día, Bolivia está atravesando el pico más alto de la tercera ola y uno de los peores momentos desde el inicio de la pandemia. La difícil situación en salud ha reabierto el dilema entre la salud y la economía. Varias regiones del país han retomado restricciones de horario, circulación, etc. La pregunta es si es necesario masificar las cuarentenas en el país. Mi posición tajante es que no.

Tras las dos primeras olas, algunas lecciones aprendidas sobre la cuarentena son: 1) es una medida extrema y solo temporal ante un potencial descontrol de la pandemia; 2) ya que solo retrasa el pico, no aplana la curva, como hipotéticamente se afirmaba; 3) perjudica más a la economía que el propio desarrollo de la pandemia; 4) el confinamiento es desigual entre los habitantes; y, 5) su efectividad se reduce mientras más prolongada sea la cuarentena.

Durante 2020, los sectores más perjudicados por las medidas restrictivas fueron el minero, la construcción, el transporte, el comercio y los servicios de empresas y a consumidores. Junto al colapso de la actividad se disparó el desempleo, se hundió el comercio exterior y las recaudaciones tributarias.

De masificarse hoy las cuarentenas en el país, se afectaría a la producción y al empleo, en un momento en el que la economía se encuentra en sala de recuperación. Los establecimientos productivos que lograron resistir hasta la fecha podrían encontrar en ésta la estocada final para su cierre definitivo.

En estos momentos, cuando el sector productivo muestra francas señales de reactivación, la implementación de las cuarentenas podría resultar contraproducente. La minería muestra un buen desempeño, avivado por los mejores precios internacionales. En el sector agropecuario se requiere más mano de obra para labores de cosecha y siembra, que son mayoritariamente manuales. La ausencia de lluvias en invierno facilita las actividades de construcción, silvicultura y otros que podrían verse perjudicadas. Las medidas de estímulo al consumo con efectos multiplicadores en el comercio, transporte y servicios también estarían socavadas. En fin, retornar a la cuarentena produciría un gran daño económico con el riesgo de perder todo lo avanzado.

Tampoco se debe olvidar que el confinamiento no es igual para todos. El sustento de muchos hogares con actividades informales depende del ingreso diario, el cual no podría ser restringido porque sería como negar el derecho al trabajo.

La primera cuarentena rígida de poco más de 60 días no evitó que los hospitales colapsen ni tampoco suavizó la curva de infecciones (por falta de pruebas y el poco hábito de uso del barbijo) cuyo pico se produjo finalmente en julio de 2020. El confinamiento solo sirvió al gobierno transitorio para ganar tiempo ante la deficiente gestión de la pandemia, pero a un costo elevado, pues enfrió súbitamente la economía y desencadenó la crisis económica y la pérdida de la mayor parte de puestos de trabajo. En la segunda ola esta tarea ya estaba descentralizada y endilgada a los gobiernos subnacionales con incluso una menor capacidad de control y gestión.

La intensidad de la tercera ola llega en un momento en el que muchas nuevas autoridades locales recién se van afianzando en sus funciones, lo que genera retrasos en la entrega de vacunas y una deficiente coordinación con el Gobierno central que se ha tratado de disimular con el argumento de la falta de recursos. Es un contrasentido que se quejen siendo que son sus propias acciones restrictivas las que dañan la economía y afectan la generación de ingresos fiscales. Parte del descontrol de esta tercera ola se debe a la dispersión de algunas decisiones en salud a los niveles territoriales, en lugar de ser asumidos por el Gobierno central.

La Paz no necesita más cuarentenas. Para superar ambas crisis se requiere una gestión más eficiente, de estrecha coordinación entre niveles de gobierno, una vacunación masiva en las áreas urbanas más pobladas sin restricción de edad, enfocada en grandes grupos de trabajadores y ya no en grupos de riesgo. Finalmente, es importante entender que la vacunación es una medida preventiva de efecto de mediano término y no una plena solución inmediata.

 (*) Omar Velasco Portillo es economista

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