La economía de Brasil cerró la gestión 2015 con una contracción del 3,8%, un déficit fiscal cercano al 11% de su PIB, una inflación mayor al 10%, desempleo de aproximadamente 9%, una creciente deuda pública que alcanzó al 66% de su PIB, una depreciación de su moneda frente al dólar del 40%, y una tasa de interés de referencia del 14,25%.
La caída de los precios de las materias primas; el debilitamiento de la economía China, que es su principal socio comercial; la significativa reducción de las actividades e inversiones de la otrora poderosa empresa Petrobras, afectada por escándalos de corrupción, y la reducción de la inversión y el consumo interno afectados por las elevadas tasas de interés y el desempleo son las principales causas de la crisis brasileña.
Al complejo escenario económico se suma la crisis política originada en el proceso que se le sigue a la presidenta Dilma Rousseff por supuestas maniobras fiscales en 2014 con el fin de ocultar la verdadera situación del déficit fiscal que, de prosperar, podría costarle el cargo. Por otra parte, la situación económica y política de Brasil ha llevado a que las tres principales calificadoras de riesgo (Moody´s, S&P y Fitch) reduzcan la calificación de riesgo de sus bonos soberanos por debajo del grado de inversión (nivel basura).
Menores ingresos tributarios, como consecuencia de la caída de la actividad económica y el mayor costo que tendría que asumir de seguir incrementando su deuda pública están obligando al Gobierno a realizar ajustes en el gasto y la inversión pública, a fin de reducir el déficit fiscal. Sin embargo, gastos relacionados a diversos programas estatales con fines sociales no parecieran ser posibles de reducir tan fácilmente, por las consecuencias económicas y sociales que tal determinación podría ocasionar, lo que pone en duda que el Gobierno brasileño logre reducir el gasto público a los niveles que se había propuesto, menos aún cuando la presidenta Rousseff, quien cuenta con una aceptación del 10% de la población, enfrenta un posible proceso de destitución. Pero si el gasto público no se reduce, la inflación se mantendría, lo que incide negativamente en el consumo; así como también las elevadas tasas de interés, lo que desalienta la inversión, y la deuda pública continuaría creciendo pero a un mayor costo. Es por ello que el FMI y diversos analistas locales estiman que la economía brasileña se va a contraer también en 2016 en aproximadamente 3,5% y el 2017 no crecería.
Sin embargo no parece que todo vaya mal en la economía brasileña, ya que en lo que va del año han retornado los capitales al Brasil, lo que se ve reflejado en el índice de la Bolsa de Sao Paulo, que ha subido un 26%, y en el real, que ha recuperado terreno frente al dólar. La relativa estabilidad del precio del petróleo; la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener la tasa de referencia en Estados Unidos; y la posibilidad de que un cambio de gobierno en el caso de que el proceso seguido a la presidenta Rousseff progrese pudiera generar un cambio en la política económica explicarían este comportamiento de los inversionistas. Sin embargo, se trata en esencia de los denominados “capitales golondrina”, que son inversiones de corto plazo que buscan oportunidades para generar ganancias, y que así como llegan también se van, lo que podría suceder si el proceso contra la Presidenta finalmente no se lleva a cabo, la situación de la economía brasileña se deteriora, la Fed incrementa la tasa de interés de referencia o si precio del petróleo vuelve a caer.