Como todos los años, en estas fechas se llevan a cabo las negociaciones entre la COB y el Gobierno para acordar los aumentos salariales, que junto a otras disposiciones serán anunciadas el 1 de mayo en homenaje al Día del Trabajo. A diferencia del pasado, en esta ocasión el contexto económico ha cambiado. Incluso las autoridades reconocen el impacto de la desaceleración de la economía internacional, que se traduce en el país en la reducción del valor de las exportaciones.
El tamaño de la caída de las exportaciones y de los ingresos fiscales, en comparación con el año pasado, es preocupante. El drástico cambio en ambas variables proporciona un contexto radicalmente diferente del que ha prevalecido durante el decenio de bonanza externa. Conviene plantear, por tanto, algunas reflexiones sobre el desempeño de la economía con relación a la situación laboral. En años anteriores se ha determinado el pago de un segundo aguinaldo bajo la condición de que la economía crezca por encima del 4,5%. Los aumentos del salario mínimo nacional han sido a su vez mayores al nivel de la inflación.
El argumento del impulso a la demanda interna mediante esta política de redistribución de ingresos, dictada verticalmente por el Gobierno, ya no se sostiene. Dadas las características de la economía, la expansión de la demanda interna correspondiente al gasto de consumo de los hogares se traslada en una proporción significativa hacia las importaciones. Estas últimas vienen creciendo por encima de las exportaciones, lo que se traduce en un déficit comercial creciente y en la disminución de las reservas internacionales. Conviene señalar que dichas reservas constituyen el único blindaje verdadero frente a los cambios en el desempeño económico y en las expectativas de los agentes económicos.
Todo hace pensar, en consecuencia, que ha llegado el momento de cambiar algunos supuestos de la política de redistribución de ingresos sin estímulos suficientes para el aumento de la productividad.
Debe tomarse en serio la enorme proporción de trabajadores que pertenecen al sector informal, de manera que las normas salariales y tributarias no les benefician mayormente. Por el contrario, es probable que las medidas de los años anteriores solo beneficiaron a uno de cada seis trabajadores. Los aumentos salariales directos y otros beneficios que se han determinado en el pasado han ocasionado en cambio la reducción del empleo formal y, en algunos casos, el cierre de establecimientos que no pueden soportarlos. De acá resulta claramente la necesidad de que se equilibren las prioridades de la política social del Gobierno, de tal manera que se tomen en cuenta los efectos de cada medida sobre la creación de empleo decente, por una parte, en cotejo con los beneficios que se otorgan a una minoría de trabajadores formales, por otra.
El mercado laboral en Bolivia se caracteriza por profundas desigualdades, asimetrías y exclusiones, que afectan en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes. Por tal motivo, una de las prioridades de las políticas relacionadas con este ámbito debería consistir en la rectificación y paulatina eliminación de todas las distorsiones que se presentan en el mundo real del trabajo en el país. Por consiguiente, a la hora de definir las disposiciones correspondientes a este 1 de mayo debería verificarse a quiénes favorecen de verdad. Sería interesante en todo caso que se considere su efecto sobre el empleo y la productividad.
Conviene recordar que las buenas normas son aquellas que están orientadas a corregir los abusos, cambiar los usos y promover situaciones claramente mejores de las que prevalecen en el presente. Para alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social se necesitan, por tanto, estímulos apropiados antes que sanciones y castigos.