Carta abierta al Secretario General de la ONU
La soberanía de los Estados es una de las piedras angulares del orden jurídico internacional
Sr. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en los últimos años, Estados Unidos ha puesto en peligro el orden y el derecho internacional al permitir, y en realidad instigar, a litigantes privados para que inicien acciones civiles ante los tribunales estadounidenses contra Estados soberanos, entre ellos la República Islámica de Irán. Los procesos han sido instaurados en ausencia de los acusados, y se han presentado demandas para usurpar los activos del pueblo iraní en tierra norteamericana. Hasta el momento, a pesar de que ninguna nación que se respete a sí misma (entre ellas ciertamente Irán) está sujeta a la jurisdicción de los tribunales locales de otros Estados, las cortes estadounidenses han condenado a la República Islámica de Irán y a sus entes gubernamentales a pagar miles de millones de dólares, todo ello sin ningún fundamento jurídico ni base real alguna.
El Poder Judicial de Estados Unidos, para allanar el terreno y poder confiscar los activos de Irán que han sido congelados en ese país, está promulgando leyes sin ningún fundamento. Solo como un ejemplo, un reciente fallo de un tribunal de distrito de Nueva York ordenó a Irán el pago de más de $us 10.500 millones por daños a las familias de las víctimas de los ataques terroristas del 9 de septiembre de 2001. El juez de esa corte, contra toda lógica, basa su determinación con el argumento de que Irán “proporcionó un apoyo activo a los atacantes”. Tal afirmación, enunciada no por un político sino por un mal llamado tribunal de justicia, es absurda y contradice incluso las declaraciones públicas y los hallazgos de las investigaciones realizadas por el propio Gobierno y el Congreso de Estados Unidos sobre el caso en cuestión. Irónicamente, el mismo tribunal absolvió a los verdaderos culpables de cualquier responsabilidad y falló en contra de Irán, que por su parte ha sido víctima del mismo grupo terrorista y siempre ha estado a la vanguardia de los esfuerzos internacionales tanto contra ese flagelo como contra los grupos extremistas takfiries.
En suma, Estados Unidos, en flagrante contravención de los principios fundamentales del derecho internacional, ha creado un esquema pseudolegal por el cual los activos iraníes mantenidos en bancos estadounidenses y extranjeros, e incluso bienes culturales entregados en calidad de préstamo a museos estadounidenses, están siendo sometidos a resoluciones espurias y procedimientos de recolección ilegales.
Excelencia, el principio de la inmunidad de los Estados es una de las piedras angulares del orden jurídico internacional y la norma del derecho internacional consuetudinario, el cual recientemente ha sido codificado en la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. La primacía de este principio también ha sido reconocida por la comunidad internacional, por los sistemas jurídicos y por la Corte Internacional de Justicia. De esta manera, con excepción de las “actividades comerciales”, las demandas contra un Estado soberano deben ser consideradas en concordancia con los mecanismos previstos en acuerdos bilaterales y/o multilaterales, o deben ser tratados por cortes competentes internacionales.
Es un motivo de gran preocupación que el Congreso de Estados Unidos, junto a otros poderes de ese país, pretenda desafiar y violar el principio fundamental de la inmunidad de los Estados, mediante la suspensión unilateral de este postulado, bajo pretexto de una doctrina legal infundada no reconocida por la comunidad internacional. En vista de los efectos adversos de tales prácticas sobre la integridad del orden público internacional, me gustaría llamar su atención y la de los miembros de las Naciones Unidas sobre las consecuencias catastróficas de la flagrante falta de respeto de EEUU al principio de la inmunidad de los Estados, lo que provocará la degradación sistemática de esta premisa internacional.
La República Islámica de Irán rechaza las decisiones ilegales de los tribunales estadounidenses en este caso, incluyendo la resolución relacionada con la confiscación de casi $us 1.800 millones de activos pertenecientes al Banco Central iraní en beneficio de demandantes privados. El proceso “judicial” que condujo a esta sentencia ha sido falso y ficticio en todas sus instancias, y constituye una parodia de la Justicia en todo sentido, desde la recopilación de la documentación legal, hasta la jurisdicción, el mérito, los hechos y procedimientos. Esta sentencia constituye claramente un acto ilícito internacional y entraña una responsabilidad internacional para el Gobierno estadounidense, que, por lo tanto, será cuestionado por su acción. La República Islámica de Irán considera al Gobierno de EEUU responsable de este robo vergonzoso disfrazado bajo una orden judicial, y está decidida a tomar todas las medidas legales para la restitución de los bienes robados y los intereses devengados a partir de la fecha que fueron bloqueadas por la Justicia estadounidense.
En realidad, Estados Unidos es el que debería haber pagado desde hace mucho tiempo compensaciones por sus persistentes políticas hostiles contra el pueblo iraní. Incluso estas políticas ilícitas y las acciones contra la población iraní, que constituyen una responsabilidad internacional para el Gobierno estadounidense, han sido cuestionadas por algunos funcionarios estadounidenses con base en sólidas evidencias históricas. Algunas de estas violaciones fueron el derrocamiento del Gobierno iraní democráticamente elegido en 1953 y los brutales crímenes cometidos durante la dictadura instaurada posteriormente con el apoyo y la participación activa de EEUU, incluyendo torturas por parte de la unidad SAVAK (creada y entrenada por EEUU) en contra del pueblo iraní desde 1953 hasta 1979. Otras de las acciones ilícitas cometidas por EEUU contra el pueblo iraní durante los últimos años fueron el proporcionar información y otros tipos de ayuda a Saddam Hussein en su agresión bélica contra Irán entre 1980 y 1988, incluido el suministro de información de los sistemas de AWACS para facilitar al Ejército iraquí el uso de armas químicas contra soldados y civiles iraníes (lo que equivale a un crimen de guerra); derribar deliberadamente un avión civil iraní en 1988, causando la muerte de los 290 pasajeros; y el saqueo de los activos iraníes depositados en el exterior. La República Islámica de Irán se reserva el derecho de emprender acciones legales apropiadas, incluidas las contramedidas necesarias y proporcionadas, con el fin de restaurar los derechos y proteger los intereses del pueblo iraní frente a tal conducta ilegal persistente por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
Sr. secretario general de la ONU, pocas veces hemos sido testigos de tal amenaza para el estado de derecho, el buen funcionamiento del orden internacional, la integridad de los sistemas legales y financieros mundiales, y la prevalencia del diálogo y la comprensión en lugar de la coacción y la confrontación. En vista de los efectos perjudiciales de la persistencia de esta conducta ilegal por parte de Estados Unidos, me gustaría hacer un llamamiento a vuestra excelencia para que preste sus buenos oficios, con el fin de inducir al Gobierno de los Estados Unidos a que cumpla con sus obligaciones internacionales, ponga fin a la violación del fundamental principio de inmunidad de los Estados, libere todos los activos iraníes congelados en bancos estadounidenses, cese y desista de cualquier interferencia en las transacciones comerciales y financieras iraníes fuera de Estados Unidos, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de carácter general y de sus obligaciones en virtud del acuerdo de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).