Estando próxima la cumbre donde se pretende dar directrices para el mejoramiento de la Justicia, vale la pena una reflexión sobre el estudio del Derecho en nuestro país, que en mi concepto es uno de los temas vinculados a los males que se intenta erradicar. Al respecto cabe mencionar que casi la cuarta parte de todos los estudiantes de las universidades públicas del país estudian Derecho, como si fuera una prioridad para el desarrollo nacional. Si a esa cantidad se agrega a quienes cursan esa carrera en las universidades privadas del país, tenemos más de 150.000 estudiantes de Derecho en Bolivia, sin contar a los abogados titulados, que en su conjunto constituyen una mortal elefantiasis que afecta a todo el tejido social.
La irracionalidad en las prioridades de las universidades públicas es tal que en algunas, como la de San Simón, hay más de 8.000 estudiantes de Derecho y ni un solo de Ingeniería en gas y petróleo, que es lo que necesitamos, porque no existe una facultad de dicha materia, no obstante ser una prioridad nacional formar profesionales según las necesidades del país.
Si al conjunto de facultades de Derecho existentes en el país se agregan las carreras y facultades sociales como las de Ciencia Política, Sociología y otras que abundan en todas las universidades estatales, tenemos que gran parte del presupuesto universitario se pierde en formar profesionales inservibles para el desarrollo nacional, en vez de utilizar dichos recursos en formar profesionales en áreas técnicas.
Lo peor del caso es que el pénsum académico de las facultades de Derecho es decimonónico, es decir, es de hace más de un siglo. La sociedad avanza, todo cambia y las facultades de Derecho se mantienen estáticas, petrificadas en torres de marfil. Por ejemplo, hace más de 20 años que está vigente la Ley de Participación Popular, norma que ha dado vida a los municipios del país; sin embargo, hasta hoy las facultades de Derecho, como la de San Simón, no han implementado una cátedra de derecho municipal y menos aún de derecho diplomático, informático, penitenciario, psiquiatría forense, energías renovables y tantas otras cátedras propias de los tiempos actuales.
Es tan grande la oferta del Derecho, como si se tratase de una prioridad o de un asunto de vida o muerte, que algunas universidades públicas incluso han abierto sucursales provinciales de esta carrera, por ejemplo las de Sacaba, Quillacollo y Punata en Cochabamba; lo que constituye un derroche inaudito de recursos del Estado.
De igual manera son tantos los estudiantes de Derecho, que para seguir dando cabida a otros se han reducido los años de estudio y se han establecido exámenes de grado con todo tipo de alternativas fraudulentas. Miles egresan y se titulan de esta profesión cada año, y hasta cada semestre, caudal que ha saturado totalmente el mercado profesional, dando lugar a que algunos abogados, ante la falta de trabajo, inventen y fomenten conflictos que han saturado todos los tribunales del país con demandas y querellas engañosas. Ante esta realidad, que ya no es posible ignorar, es importante que la Cumbre de Justicia trate el tema de la excesiva cantidad de estudiantes de Derecho en las universidades públicas y, consiguientemente, de abogados, como una de las causas directas de la crisis en la Justicia.
¿Cuál el remedio? La única solución posible y efectiva sería cerrar los primeros cursos, de tal manera que se deje de admitir más estudiantes de leyes por un tiempo razonable, y en ciertos casos se deberían cerrar definitivamente algunas facultades de Derecho y en su lugar abrir carreras técnicas acordes con las necesidades del país.