La Justicia nunca ha sido ciega, pues, con los ojos bien abiertos nace desde el clamor popular en contra del abuso de poder. La Justicia surge como sentimiento de la necesidad de quien es víctima y ve con asombro el cinismo y la impunidad de quien no se inmuta ante el reclamo y la búsqueda de reparación.
Es necesario, entonces, diferenciar Justicia como clamor y como búsqueda de reparación. Diferenciarla, decía, de lo que es el sistema judicial o sistema de administración de justicia. No es lo mismo. La Justicia es del pueblo; al sistema de administración de justicia lo manejan jueces, abogados y fiscales. Los que históricamente detentan el poder son los que han arrebatado de las manos del pueblo la administración de la justicia, para que sirva a sus intereses. Y precisamente por eso tal sistema no funciona para buscar justicia, sino solamente para negarla; de ahí que el sistema judicial esté cada vez más amarrado y al servicio de delincuentes de cuello blanco y de cuello negro.
El sistema judicial es un aparato donde abogados, jueces y fiscales se especializan en la impunidad de los delitos; se especializan en escribir montañas de papel para ocultar y enterrar los delitos; se especializan en inventar un lenguaje incomprensible para no llamar a los delitos por su nombre.
El pueblo quiere cambiar la Justicia, por eso se han realizado cumbres departamentales y se hará, durante dos días, la Cumbre Nacional en Sucre. En este lapso solo podremos hacer reformas transitorias, como el control popular de abogados, jueces y fiscales; o también obligarles a solucionar los casos por ejemplo de pensiones familiares. También es posible impulsar un registro de control de la corrupción de abogados especializados en, por ejemplo, sacar libres a narcotraficantes o violadores de mujeres, niños y niñas. Pero estas medidas no van a cambiar la Justicia, que es lo que queremos en el fondo, y para eso necesitamos más tiempo que solo dos días en Sucre.
Nuestra propuesta es que, además de medidas transitorias inmediatas, debe salir de Sucre una comisión para la refundación del sistema judicial con base en los principios y valores de la justicia indígena campesina originaria (JIOC), que es la que mejor funciona para el pueblo, junto a algunos aspectos rescatables de la justicia ordinaria; una comisión que sesione de cuatro a seis meses y reciba las sugerencias de todo los sectores y nos entregue una propuesta. Esta comisión debe estar compuesta principalmente por el pueblo organizado, más algunos jueces, fiscales o abogados que no sean corruptos ni se hayan especializado en dejar libres de responsabilidad a delincuentes.