El 11 de enero de 2013, Loui Álvaro Oporto Almaraz fue asesinado con 22 puñaladas, en un hecho criminal premeditado para arrebatarle sus ahorros destinados a un inexistente anticrético en la Av. Periférica de la ciudad de La Paz. Loui buscaba habitaciones con patio para acoger a su mascota Nina, una perra de raza mestiza tipo pastor alemán. Ese día empezó un calvario para nuestra familia, que nos forzó a ingresar al universo sui géneris de los tribunales conformado por policías, abogados, jueces y fiscales, quienes se expresan en un lenguaje y valores incomprensibles para ciudadanos de a pie; el escabroso mundo litigante en el que la víctima revive en cada audiencia el cruel asesinato.
La indefensión prevalece en los estrados judiciales. Allí el mejor abogado no es el que domina la doctrina, la legislación o la jurisprudencia, sino el que tuerce la ley a su antojo, el que reduce la ciencia del Derecho al mísero remedo de la argucia legal (la “chicanería”); convirtiendo al proceso penal en un interminable vía crucis con alto costo económico, caracterizado por la dilación a extremos ofensivos, hirientes, sin que exista poder alguno para encausar el juicio a lo que señala la norma.
Desde hace tres años y cuatro meses que estamos inmersos en este drama de la vida real. Ahora nos encontramos en la fase final y nuevamente las audiencias se suspenden una a una en el Juzgado 1° en lo Penal, ante la inermidad de los jueces que no logran conmover a la Fiscalía departamental para que garantice la presencia de la fiscal asignada, quien no acudió a dos audiencias consecutivas ni envió a un suplente.
La gente de los tribunales afirma que este caso “avanza rápidamente”, pero para nosotros es una eternidad. Una periodista me preguntó en una entrevista si tuve que pagar a fiscales o jueces. “No, nunca pasó algo así”, afirmé. “Suerte por usted”, fue la lacónica respuesta de la comunicadora.
¿Cuáles son las principales razones del retraso de este proceso? Por número de incidencias, en primer lugar, las “chicanerías” de abogados de la parte demandada y los inauditos recursos del asesino confeso para evitar comparecer en las audiencias. Luego, la recurrente inasistencia de la Fiscalía y también, en una ocasión, por nuestra propia falta. Ninguna audiencia se postergó por causal atribuida a los jueces (Dr. Rolando Mayta, presidente, Dr. Sixto Fernández y Dra. Elena Jemio, jueces técnicos), que han mostrado un desempeño encomiable.
Las últimas audiencias están programadas para los próximos días, por ello invoco públicamente a las partes, sobre todo a la Fiscalía, a acudir para cerrar esta herida lacerante, en busca de justicia para Loui.