Entre 1964 y 1982 Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades y atropella los derechos humanos, proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos.
Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y a la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables están en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una Comisión de la Verdad? Quizás la reciente condena en Argentina de 15 responsables de aquel siniestro plan contribuya a sensibilizar al Estado boliviano para que asuma esta responsabilidad.
En esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras vivimos un periodo de intento de democracia. Al derrocamiento de Banzer en 1978, tras la huelga de hambre de cinco mujeres mineras (Aurora Villarroel de Lora, Domitila Barrios de Chungara, Angélica Romero de Flores, Luzmila Rojas Rioja y Nelly Colque de Paniagua), sobrevino un tiempo de elecciones sin clara definición, ni el histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro ni la Unión Democrática y Popular (UDP) de Hernán Siles Zuazo obtuvieron más del 50% de los votos; entonces se llegó a acuerdos congresales frágiles que fueron pretexto para un nuevo golpe de Estado, en noviembre de 1979, esta vez encabezado por el general Alberto Natusch Busch. Breve y cruento golpe de Estado que duró 16 días. La gente salió a las calles casi espontáneamente y el Ejército disparó a mansalva, generando muchas víctimas mortales. Este acontecimiento luctuoso se conoce como la “Masacre de Todos Santos”.
En los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) se documentan al menos 36 desaparecidos durante ese hecho, sin contar las personas asesinadas. Tal es el caso de Miguel Cachicatari Villca, quien fue secuestrado por las fuerzas militares en Chijini; la estudiante de solo 14 años Alicia Chambi Gutiérrez, abatida en Alto Lima y cuyo cuerpo fue recogido por el Ejército; Eugenio Cuaquira Baquisaca, ayudante de carpintería; Víctor Mamani Conde, quien salió a vender fruta; el albañil y militante de la UDP Francisco Poma Mamani; la empleada doméstica María Eugenia Quispe Javier; Martha Rojas Alejandro, desaparecida con su hija de dos años, entre muchos más.
Durante aquel golpe de Estado el pueblo levantó barricadas y en la plaza Venezuela desapareció el militante del Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN) Luis Fernando Ramírez Rojas. Los tanques movilizados ametrallaron a Eduardo Roque, trabajador del cementerio, al subir por la Garita de Lima. Francisca Yujra Mamani, de solo 12 años, salió de su casa a comprar pan y nunca regresó.
Entre los casos más dolorosos se registra el asesinato de Teresa Leiva, cuyo cuerpo fue a dar a la morgue, mientras su nieta Susana Rocha Oporto, de 13 años, era violada. Por ellos y por muchos más, ¡Comisión de la Verdad ya!