Aquella fría noche del 16 de julio de 1809 los paceños acudieron a la Plaza de Armas y pidieron cabildo abierto, la organización de la Junta Tuitiva y la consideración de un plan de gobierno, escribiendo así un episodio trascendental en la historia americana. Los preparativos del movimiento habían comenzado varios meses antes. Los complotados se habían reunido en diferentes casas y organizado comisiones para vigilar los caminos de acceso a la ciudad, tomar el cuartel, inmovilizar a los centinelas y apresar a las autoridades. A su vez las mujeres, reunidas en una quinta de la zona de Santa Bárbara y dirigidas por Vicenta Juariste Eguino y Simona Manzaneda, fabricaron pólvora para los arcabuces revolucionarios.
Como todos los años, aquel 16 de julio la procesión de la Virgen del Carmen se inició en el templo de Santa Teresa, prosiguió por la calle del Seminario, llegó a la Plaza de Armas y continuó hacia Santo Domingo. Inmediatamente después, un grupo encabezado por Pedro Domingo Murillo y Mariano Graneros, ayudado por Pedro Indaburo, se apoderó del Cuartel de Milicias, desarmó a la guardia y arrestó a los capitanes. Seguidamente, la turba enardecida hizo prisionero al gobernador Tadeo Dávila y exigió la renuncia del obispo Remigio La Santa, dentro de la primera revolución triunfante del continente.
Instaurado el gobierno, la Junta Tuitiva implementó un plan de gobierno político y económico que contenía 10 puntos, entre los que figuraban la suspensión de envío de dinero a Buenos Aires, respeto al libre comercio, conformación del Ejército, elección de representantes indígenas, garantizar la seguridad y la propiedad, y difundir la revolución mediante la propaganda.
Los revolucionarios practicaron, además, la primera democracia de la región. Pensando en una alianza interclasista, la Junta buscó una coincidencia de intereses de todos los estamentos sociales para levantarse contra el dominio español. Una de las partes más novedosas del plan de gobierno fue la decisión de incorporar al Congreso Representativo de los Derechos del Pueblo a un indio por cada provincia. Durante su funcionamiento, el cabildo incorporó en calidad de vocales representantes a Francisco Katari Inka Kollu, indio principal de Yungas (quien luego sería encargado de la defensa de la zona); al cacique Gregorio Rojas, representante de Omasuyos, y al apu José Sanco, en representación de Pacajes.
Sin embargo, desde el primer momento, el virrey José Fernando de Abascal vio con malos ojos la subversión y José Manuel Goyeneche, intendente de Cusco, preparó un ejército de 5.000 hombres con todo el poderío bélico disponible para aplastarlo. Entretanto, el 11 de agosto, Murillo reportó que apenas se encontraron 50 escopetas, 50 pares de pistolas, 14 sables, 14 espadas y 20 trabucos; la falta de armamento era gravitante. La Junta Tuitiva se disolvió el 30 de septiembre y sobrevino el desbande.
El 25 de octubre, Goyeneche entró en La Paz constatando que dos tercios de la población visible estaban comprometidas con la revolución. Uno a uno fueron cayendo los cabecillas insurrectos, algunos de los cuales, como Victorio García Lanza, dieron lucha a los españoles de manera heroica en los Yungas, sacrificando la vida en ello. Goyeneche inició un juicio a 86 sublevados, de los cuales 14 fueron condenados a pena de muerte, mientras que los demás fueron encarcelados o enviados al destierro en lugares remotos. Al presbítero José Antonio Medina se le perdonó la vida por su fuero eclesiástico. A todos se les confiscó sus bienes, por lo que sus familias quedaron en la más absoluta de las miserias.
El 29 de enero de 1810 fueron ejecutados en la horca Pedro Domingo Murillo, Mariano Graneros, Juan Bautista Sagárnaga, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Basilio Catacora, Juan Antonio Figueroa, Gregorio García Lanza y Apolinar Jaén. Sus familias no tuvieron siquiera el consuelo de poder recoger sus cuerpos. La Paz, la heroica, quedó desolada, pero no vencida.