La X Jornada Monetaria organizada por el Banco Central de Bolivia fue el escenario adecuado para conocer el estado de la economía nacional, que a pesar de los embates experimentados en los últimos meses, caracterizados por una turbulencia permanente en el frente externo y severos efectos climáticos dentro el territorio nacional, se ha mantenido en crecimiento.
Las acciones asumidas por el Gobierno central en el campo monetario, fiscal y cambiario han tenido efectos estabilizadores, que contribuyeron a neutralizar en gran medida las amenazas externas provenientes principalmente de la caída de los precios del petróleo, minerales, soya, quinua y otras materias primas que se cotizan en los mercados internacionales. Tal parece que la proyección de $us 45 por barril de petróleo prevista en el Presupuesto General del Estado ha dado cierta holgura a las finanzas públicas, y todo indica que al final de la presente gestión se obtendrá un superávit fiscal, lo que es una garantía para mantener los índices inflacionarios controlados y por debajo de un dígito.
A pesar de que las reservas internacionales netas han descendido, resultado de un menor ingreso de divisas por la renta del gas y los minerales, la cotización del dólar no se ha visto afectada y la política de bolivianización fue capaz de soportar las presiones de devaluación de la moneda nacional; esto debido principalmente a las fuertes depreciaciones que registraron las divisas de los países vecinos con los que Bolivia mantiene relaciones comerciales permanentes.
En cuanto al desempeño fiscal, la labor de recaudación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional permitieron mantener una presión tributaria efectiva, que se tradujo en el mantenimiento de las tasas de recaudación dentro de los márgenes previstos, muy a pesar de las protestas de ciertos sectores que tradicionalmente no eran sujetos activos y que ahora deben tributar. Por otro lado, el bajo nivel de endeudamiento externo respecto al Producto Interno Bruto (PIB) le permite al país destinar recursos a proyectos de inversión pública susceptibles de generar efectos multiplicadores en la economía, sin comprometer su solvencia y manteniendo su dinamismo en torno al 5% de crecimiento anual.
La nacionalización de los sectores estratégicos, la participación del Estado como agente redistribuidor la riqueza, la mayor inversión productiva y un mercado interno activo se constituyen en los pilares de una economía sólida, capaz de tolerar las presiones externas provenientes de una globalización endémica. Sin embargo, este éxito es aún incompleto en la medida en que hacen falta acciones complementarias orientadas a dirigir parte de los recursos a sectores también estratégicos como el agropecuario y manufacturero, que por excelencia son creadores de empleo. Con ello se aseguraría un círculo virtuoso de crecimiento, estabilidad y desarrollo.