La drástica reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en este año, más del 40% respecto a 2015, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, ha generado una crisis financiera en los gobiernos subnacionales del país. Esto porque tal impuesto constituye una de las principales fuentes de ingreso, sino la mayor, de gran parte de las alcaldías y gobernaciones.
Y esta crisis ha puesto nuevamente en la palestra la necesidad de establecer un pacto fiscal en el país, entendido como un acuerdo para definir la distribución de los recursos financieros entre los diferentes niveles de gobierno para que puedan cumplir con las competencias y responsabilidades del Estado. Durante varios años este necesario acuerdo ha sido postergado, y no solo debido a temas políticos, sino también técnicos, pues se trata del aspecto más complejo y delicado detrás de la nueva configuración estatal, establecida por la nueva Constitución Política del Estado. Además, cuando se trata de distribuir y recaudar dinero los problemas nunca faltan, pues las ambiciones (sectoriales, regionales, personales, etc.) siempre sobran.
Huelga recordar que la configuración de un pacto fiscal implica distribuir los recursos estatales provenientes de los impuestos y de las regalías por las exportaciones (principalmente de hidrocarburos y minerales), en pos de una mayor eficiencia, responsabilidad y transparencia en el manejo de la cosa pública. Un acuerdo que, de no ser ejecutado con responsabilidad, podría plantear serios problemas de asignación y de estabilidad macroeconómica.
Por otro lado, el establecimiento de un pacto fiscal en el país debe lidiar con la interpretación de un régimen autonómico ambiguo y complejo que no termina de consolidarse. Complejo por la diversidad de formas de autonomía reconocidas en la CPE y por la gran cantidad de formas de gobierno: cinco. Y ambiguo por la existencia de decenas de competencias que necesitan de una mayor precisión, pues muchas de ellas se superponen entre los diferentes niveles gubernamentales.
El costo de la institucionalidad del nuevo Estado es otro de los escollos por resolver, ya que se trata de un régimen muy costoso que está poniendo en figurillas a las arcas estatales. Y es que antes los gastos se limitaban a tres órganos ejecutivos (nacional, departamental y municipal), y a los aparatos legislativo, judicial y electoral; pero ahora se busca consolidar un Estado con cinco gobiernos ejecutivos y cinco cuerpos legislativos. Adicionalmente, para evitar que la ampliación de los gastos corrientes y administrativos genere presiones inflacionarias, afectando la estabilidad macroeconómica, se debe garantizar una coordinada y efectiva distribución de responsabilidades e ingresos entre los diferentes niveles de gobierno. Una tarea en verdad compleja, pero que no por ello debe dejar de realizarse, pues constituye la columna vertebral del manejo de la cosa pública.