La destitución de Dilma Rousseff en Brasil mediante una maniobra legislativa de tipo conspirativo recrudece el debate respecto a lo que algunos intelectuales definen como “fin de ciclo”. Es un término plagado de connotaciones y tiene un carácter impreciso, porque no está claro si se refieren al agotamiento de un ciclo político o se trata, más bien (y coetáneamente), del inicio de un ciclo estatal en la región.
No es fácil precisar lo que concluye y lo que se inicia (basta recordar la famosa frase de Antonio Gramcsi acerca de la crisis: lo viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no acaba de nacer), y por eso predomina una respuesta ambivalente, puesto que ciclo político y ciclo estatal implican dimensiones y tiempos distintos. Con relación al primer aspecto, se evidencian cambios en el mapa político de un signo opuesto al “giro a la izquierda” predominante hasta mediados de esta década.
En el segundo aspecto, las mutaciones son menos claras y previsibles, puesto que los patrones de acumulación basados en un protagonismo estatal propiciado por los gobiernos progresistas o populistas no podrán ser desmontados o sustituidos sin conflictividad social e inestabilidad política. La Argentina de Macri y el Brasil de Temer son las manifestaciones de esa situación. Sin embargo, con la destitución oficial de Rousseff se ha fortalecido la tendencia antiestatista con pretensiones de restauración conservadora y restitución neoliberal. Esa tendencia se apoya en una crítica a los gobiernos del giro a la izquierda, que son definidos como modelos de “extractivismo progresista” que, empero, no modificaron la matriz productiva de sus países.
No obstante, esa crítica no resalta el potenciamiento de la autonomía del Estado respecto a la capacidad de inserción en la globalización y frente a los poderes económicos fácticos (nacionales y transnacionales) y los logros de las políticas de redistribución y reducción de la desigualdad social que no pueden ser eliminadas sin resistencia de los sectores populares beneficiados. En esa medida, América Latina enfrenta un momento de inflexión, cuya definición es incierta; sus desenlaces nacionales serán disímiles, tal como fueron heterogéneos los modelos políticos y económicos vigentes desde principios del siglo XXI.
A partir de estas consideraciones es posible relativizar la pertinencia de la noción de “fin de ciclo” como afirmación de un hecho consumado, ya sea en su faceta política o en su vertiente estatal. La variedad de rutas nacionales muestra la complejidad de la combinación de diversas orientaciones políticas en cada país. En tal sentido, la región enfrenta una coyuntura crítica que expresa las mutaciones intrínsecas a la democracia, aunque el caso brasileño es un ejemplo de que los cambios pueden ser regresivos y antipolíticos, porque la democracia brasileña y latinoamericana —bajo el mando de gobiernos progresistas, de izquierda, populistas, o el vocablo que quiera utilizarse— amplió la participación ciudadana y el sistema de derechos, así como permitió la ejecución de políticas redistributivas para avanzar en el logro de libertad e igualdad.
Así, si se fortalece una orientación política con tendencia a la modernización conservadora y con pretensiones de restauración neoliberal —“giro a la derecha”—, es posible suponer que esos gobernantes se enfrentarán con sociedades cuyas conquistas difícilmente serán revertidas. Por eso es necesario evaluar esta coyuntura crítica como la antesala de una probable etapa de inestabilidad política y aguda conflictividad social. Cambia, todo cambia, es el estribillo consabido. Lo que falta conocer es la radicalidad del giro político y sus posibilidades de incidencia en el modelo estatal.