Gracias a las denuncias de la hija del dueño de Katanas, Nohemy Cámara, han salido a la luz detalles escabrosos del funcionamiento de ese bar otrora ubicado en pleno centro de La Paz, que además de vender tragos se dedicaba a la prostitución y a la presunta explotación sexual de jóvenes y adolescentes, algo que previsiblemente se reproduce en muchos otros locales de este tipo.
Nohemy entró de lleno en ese sórdido mundo regentado por su padre a los 15 años, cuando comenzó a trabajar como coordinadora del boliche. Desde esa posición fue testigo durante varios años de los “abusos” y “sufrimientos” que padecían las bailarinas y “damas de compañía”, muchas de las cuales provenían de otras regiones de Bolivia y de países vecinos, particularmente de Paraguay, Brasil y Panamá.
Según la denunciante y las propias víctimas, el dueño de Katanas, Marco Cámara, junto a su hermana Sandra y el administrador, Gustavo Fernández, eran los encargados de reclutar a las muchachas en sus países de origen, con la falsa promesa de que iban a trabajar como modelos con buenos salarios. Pero una vez en Bolivia les quitaban los documentos y las obligaban a prostituirse por medio de agresiones y amenazas. Además, eran violadas y forzadas a consumir estupefacientes para tener un mejor “rendimiento” y a la vez poder ejercer un mayor control sobre ellas.
Por estos hechos se le entabló a Marco Cámara un proceso por trata y tráfico de personas en Paraguay. Por otra parte, en un documento de 2004 elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones se lo identifica como cabecilla de una de las dos redes de “trata de blancas” que operan en La Paz, a través de al menos “tres locales visibles (Platinium, Nueva Barra Americana y Barra Americana) y cuatro o cinco más con testaferros”, entre ellos Katanas. La otra red estaría encabezada por “Alfredo Selene” en concomitancia con “los hermanos Córdova”.
Llama la atención que a pesar de estos antecedentes, Cámara así como los hermanos Córdova hayan podido operar durante años prostíbulos tanto en La Paz como en Santa Cruz sin mayores dificultades; locales que estarían acondicionados con paredes y cuartos falsos para esconder a las muchachas menores de edad y sin papeles durante los operativos de control, tal como se pudo constatar en el caso de Katanas recién la pasada semana, tras una inspección ocular.
Nuevamente las declaraciones de Nohemy dan algunas luces al respecto, pues según ha denunciado su abogada, esto ha sido posible porque policías, funcionarios de la Alcaldía y del Ministerio Público contribuían con su padre, alertándole cuándo se iban a realizar los operativos y a “regular” la situación de las muchachas, entre otros beneficios. En resumidas cuentas, todo parece indicar que en el país existen redes de trata y tráfico de personas que lucran con la dignidad de jóvenes y adolescentes con bastante impunidad.