El sorpresivo y surrealista incremento de aranceles que aplicó el Órgano Judicial en la repartición de Derechos Reales (DDRR) de todo el país ha causado un fuerte arrebato entre los ciudadanos que necesitan recurrir a sus registros para la certificación de propiedades u otros trámites, cuyo servicio, dicho sea de paso, dista mucho de ser efectivo, oportuno y confiable.
Más allá de la estratosférica subida entre el 200% y 500% del costo de las carátulas, carpetas, certificados, folios y demás papelería atentatoria contra el medio ambiente, la justificación para tal incremento no solo llama la atención, sino también preocupa, pues apunta a la supuesta crisis presupuestaria que atraviesa ese Órgano del Estado y, según han señalado las autoridades judiciales, la única vía para sortear su depresión financiera es una inevitable “nivelación” del precio de los valores. Sin embargo, un aumento entre el 200% y 500% en el costo de los trámites trasciende cualquier “nivelación”, para situarse más bien en una “hiperinflación” de aranceles.
Por otro lado, esta determinación asumida unilateralmente por una institución del Estado podría ser un aliciente para que otras instancias públicas tengan la jurisprudencia necesaria para “nivelar” sus tarifas, precios y otros cargos, afectando sustancialmente la economía de la ciudadanía. En efecto, ahora que la oficina de Derechos Reales efectivizó este incremento, surgen dudas sobre el costo futuro de los servicios públicos: ¿podría por ejemplo asumir igual determinación el Servicio de Identificación Personal, el Servicio de Aeropuertos o la Dirección del Notariado, entre muchas otras entidades que prestan algún tipo de servicio público? ¿Será que otras instancias gubernamentales tienen planes para subir el costo de sus prestaciones? ¿Los presupuestos institucionales estarán contemplando el incremento de tarifas en los servicios públicos como una estrategia para generar ingresos?
Si bien puede resultar inevitable la elevación de aranceles en Derechos Reales, este sustancial incremento debería al menos llegar acompañado con un verdadero compromiso por mejorar la atención al público y los requerimientos de la población, brindando una mayor celeridad en los trámites, facilitando el acceso a la información por medios virtuales, abriendo más puntos de atención en las ciudades y áreas rurales, con un trato amable y diligente de parte de los funcionarios hacia los usuarios y, finalmente, elaborando registros confiables que no presenten errores “involuntarios” que se traducen en mayores gastos y la pérdida de tiempo entre la ciudadanía.
Finalmente, resulta imperioso que instancias de defensa del consumidor verifiquen que este incremento esté enmarcado en la legalidad, más aún tomando en cuenta que un elevado arancel por un certificado de propiedad obtenido luego de un engorroso proceso resulta penoso para los bolsillos y el tiempo de los ciudadanos.