La inesperada victoria del No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia generó diferentes opiniones, análisis y debates. Una de las cuestiones planteadas es la pertinencia, o no, de consultar al pueblo sobre asuntos complejos. El tema ya había sido advertido hace pocos meses tras la decisión del Reino Unido, en referéndum, de salir de la Unión Europea.
¿Se debe dejar en manos del pueblo —el demos votante— la decisión sobre políticas públicas que, por su dificultad, por sus efectos, podrían ser definidas exclusivamente por las autoridades y representantes electos? La pregunta, en tales términos, no es nueva. Tiene que ver con la lucha por el reconocimiento de mecanismos de la democracia directa bajo el principio de que la ciudadanía tiene el derecho no solo de elegir, sino también de decidir. El supuesto es que la participación ciudadana importa.
Con los sorprendentes resultados del llamado brexit, primero, y del plebiscito colombiano, después (contrarios a lo esperado por sus impulsores), ha resurgido el debate sobre la conveniencia de llevar ciertas decisiones a las urnas. Algunas voces sostienen que no todas las cuestiones (como unidad, seguridad o impuestos) pueden ser sometidas a votación popular. Otras, con tufo autoritario, insinúan que la gente “no está preparada”. Y hay quienes declaran que “el pueblo habitualmente se equivoca”.
¿Se debe consultar al pueblo en temas fundamentales? El presidente Juan Manuel Santos, a tiempo de recordar que podía refrendar por decreto el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC, explicó que decidió convocar al plebiscito por un principio democrático de legitimidad. No contó con que casi 22 millones de personas habilitadas (63%) se abstuvieron de votar. Y que la consigna primó en la decisión sobre un tema trascendental para el futuro —y la historia— de Colombia.
En Bolivia el referéndum como mecanismo para la toma de decisiones, hoy reconocido en la Constitución Política, tiene apenas 12 años de ejercicio en democracia. Claro que cuando se inauguró en 2004 con la consulta sobre el gas, más de un “analista independiente” cuestionó la capacidad del pueblo para decidir algo que, en su criterio, debía ser definido solo por especialistas. Desde entonces, enhorabuena por la democracia, hemos decidido en las urnas varios asuntos sustantivos para el país.
Algunos países en la región todavía no reconocen mecanismos de la democracia directa para que la ciudadanía participe y decida. Son democracias electorales. En nuestro caso, como resultado de reformas y en especial del nuevo texto constitucional, además de elegir hoy podemos decidir en referéndum, revocar mandatos, deliberar en asambleas y cabildos, impulsar iniciativas legislativas, ejercer control social, participar en consultas previas, autogobernarnos… Es la democracia intercultural en construcción.