La mayoría de las mujeres, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido víctimas de alguna forma de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial, económica… Frente a esto, es lógico preguntarse ¿por qué las mujeres vivimos violencia? ¿Será por el solo hecho de ser mujer? Qué cruda e injusta realidad. Nadie debería ser condenado a vivir esta violencia, que por la construcción de roles y el ejercicio de poder por parte de los hombres sobre el cuerpo y la vida de las mujeres se ha naturalizado y que se camufla como algo “normal”.
Es en este sentido que vivimos con miedo, miedo en las calles, en nuestras oficinas, en nuestras casas, y en cualquier lugar en el que nos encontremos, pues la violencia se ejerce en todos los espacios, y en el peor de los casos, termina en feminicidio, luego de un ciclo de violencia sistemática y en escalada, siendo éste el eslabón más alto de violencia hacia las mujeres y que ocurre por el solo hecho de ser mujer.
No pasa un solo día sin que escuchemos casos de violencia de género. Estas noticias son tan cotidianas que ya dejan de sorprender, salvo por el morbo que genera conocer cómo sucedió y si es que de por medio hay un episodio de infidelidad, venganza o alguna situación que ponga en tela de juicio la conducta de la víctima, con el fin de justificar el delito, sin detenernos a pensar en la situación extrema en la que pudo estar viviendo.
¿Y qué sucede después de la noticia? La información acerca de lo que sucede con la familia, con los hijos/as que quedaron sin madre queda sin cobertura, y —peor aún— sucede lo mismo con el seguimiento mediático y social de los casos en los niveles de la ruta crítica de atención, como son la Fuerza Especial de la Lucha Contra la Violencia (FELCV), el Ministerio Público y los juzgados; mientras que la sociedad prefiere mantenerse al margen, sin intervenir ni pronunciarse, en el iluso imaginario de que no atravesarán jamás esa situación.
A pesar de tener un amplio marco normativo de protección a los derechos de las mujeres y de la creación de juzgados especializados e instancias específicas de atención a los casos de violencia por cuestiones de género, hacer una denuncia termina siendo un reto enorme en el país, pues antes de prevalecer la ley, prevalecen los prejuicios machistas y patriarcales y definitivamente la corrupción, ya que en Bolivia quien no tiene plata no tiene justicia.
Según datos de la FELCV, en 2015 se hicieron 34.016 denuncias formales de violencia hacia las mujeres y se registraron 68 feminicidios. Ese mismo año el Ministerio Público recibió 24.152 casos de violencia, de los cuales solo 618 tienen sentencia, es decir, apenas el 2,5%. El conocido dicho “Justicia que llega tarde no es Justicia” se aplica a diario en nuestro país, pues la retardación de justicia y la impunidad prevalecen en nuestro sistema. No sirve de nada tener normas tan sancionadoras si el sistema de justicia no funciona y deja en indefensión a la víctima.
Por todo ello, este 25 de noviembre, como cada año y en conmemoración del vil asesinato de las hermanas Mirabal por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, marcharemos a fin de exigir la eliminación de la violencia contra las mujeres o al menos lograr detener esta pandemia de violencia que estamos viviendo.
Quedan muchos retos para trabajar desde el Estado, generando mayores recursos, institucionalización, especialización e independencia jurídica, por nombrar algunos; así como el trabajo en tal sentido en los ámbitos de la educación, salud y justicia. El trabajo y compromiso de toda la sociedad desde el lugar y cargo que desempeñan es un requisito indispensable para lograr cambios sustanciales. Por ello, este 25 de noviembre todas y todos tenemos la opción de sumarnos a la movilización ciudadana #NiUnaMenos.