El presidente de China, Xi Jinping, y el de Siria, Bashar al Asad, acordaron este viernes «una colaboración estratégica» entre sus países, un espaldarazo para el régimen sirio debilitado internacionalmente y que busca fondos para la reconstrucción.  

Asad, en el poder desde el año 2000, realizó su primer viaje oficial a China en casi dos décadas.

Su objetivo es doble: buscar apoyo financiero para reconstruir su país, devastado por un sangriento conflicto desde 2011, y seguir rehabilitando la imagen internacional de su régimen, aislado durante un tiempo y acusado de atrocidades durante la guerra.

Xi recibió a Asad este viernes en la ciudad china de Hangzhou (este), donde el sirio asistirá el sábado a la apertura de los Juegos Asiáticos, según la prensa estatal.

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Colaboración estratégica

«Hoy anunciaremos conjuntamente el establecimiento de la asociación estratégica China-Siria. Que será un importante hito en la historia de nuestras relaciones bilaterales», dijo Xi a Asad, según el canal estatal chino CCTV.

«Ante una situación internacional llena de inestabilidad e incertidumbre, China quiere seguir trabajando con Siria». Eso añadió Xi, quien aseveró que «la amistad entre ambos países se ha fortalecido con el tiempo».

China es uno de los pocos países fuera de Oriente Medio que el presidente Asad visita desde que comenzó la guerra civil siria en 2011, transformada luego en un conflicto regional.

La guerra mató a más de medio millón de personas, obligó a desplazarse a millones y destruyó buena parte de las infraestructuras. Así como la industria local, incluyendo el sector petrolero.  

El poder sirio está además sometido a sanciones internacionales.

(22/09/2023)

Sin digerir la modernidad occidental y como un acto de rebeldía cultural El Alto gesta una posmodernidad arquitectónica delirante que acompaña a los nuevos movimientos sociales de la mayor ciudad indígena de América Latina. Aunque se resistan algunos grupos nostálgicos de la ciudad liberal de principios del siglo XX y de la exquisita arquitectura occidental, los cholets son una realidad irreversible y son el motor de nuevos imaginarios urbanos. 

En esa línea, se inauguró la última obra del arquitecto Freddy Mamani, el llamado Crucero de los Andes. Con el mix de nuestro sincretismo religioso (misa de bendición y ch’alla) y una gran fiesta (reflejando el carácter lúdico de esta arquitectura y su contexto social), se levaron las anclas para que esta iconografía náutica navegue por un océano de ladrillos con oleajes de extrema aridez.

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La morfología de este impactante cholet sigue el canon general: es un paralelepípedo profusamente decorado. En el caso presente está rematado por un yate que ocupa cuatro pisos. Todas las plantas tienen funciones diversas para garantizar su éxito comercial: salón de eventos Dubái, restaurante con Chef Coral, hotel Jach’a, etc. Es un esquema polifuncional, como en Las Vegas, pero de escala  modesta.  Las fachadas laterales, que son ciegas, presentan vistosos murales con una exuberante iconografía andina (uno está dedicado al hombre y el otro a la mujer, en un chacha/warmi con colores y temas idénticos). La fachada principal tiene los detalles y colores propios de la estética cholet con uso de vidrios de colores y paneles de aluminio compuesto. La fachada posterior, casi sin ventanas, es de cemento y ladrillo aparentes como en la arquitectura brutalista. Es decir, todas las fachadas son diferentes, y eso evidencia una mezcla cultural, con temas de allá y acullá que, a mi juicio, no decantan valores propios. Es otra muestra de un derrotero ultra/posmoderno (aunque esa denominación no sea del agrado de los estudiosos alteños del tema).

El leitmotiv fue desarrollado por el propietario y el arquitecto a partir del juicio en la CIJ, en La Haya, en 2017. Por ello, ahora tenemos un crucero que refleja una alta autoestima contra el fallo con un detalle infaltable: el timón de madera barnizada, que evoca en forma y acabado a los timones corsarios. Ese timón guiará el destino de esta nueva inversión alteña que, dicho sea de paso, carece de amplias ventanas laterales y de fondo para iluminar y ventilar cómodamente todos sus interiores. A pesar de estos deslices Google, factótum global, privilegia estas construcciones como la carta de presentación de la arquitectura boliviana contemporánea.

(*) Carlos Villagómez es arquitecto

Hablar de administración pública o gestión pública puede conllevar a discusiones que no tendrían ningún sentido, sino más bien complejizar conceptos, aun si bien son diferentes al mismo tiempo son muy útiles para lograr resultados de políticas públicas.

Lo que pretendemos en este artículo es simplemente dar a conocer nuestra percepción respecto a la administración pública en Bolivia, definida como aquel conjunto de organismos estatales que prestan servicios a los habitantes y realizan las funciones administrativas del Estado, y cómo ésta se relaciona con la gestión pública, “acción capaz de influir en una situación dada”, definida como el conjunto de procesos y acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, a través de la gestión de recursos y programas, y cómo o en qué medida ambos conceptos confluyen en la realización de políticas públicas coherentes y propias de un modelo preestablecido que puedan beneficiar a la mayoría de los bolivianos.

Hoy por hoy, el mundo atraviesa no solo una crisis financiera y sus consecuencias merced a un sinnúmero de variables y razones, sino también atraviesa una crisis energética, climática, alimenticia y crisis de políticas macroeconómicas, producto del modelo consumista y extractivista que ha desatado conmoción mundial, haciendo cada vez más ricos a pocos y más pobres a muchos, y estas inconsistencias solo podrán ser resueltas en la medida de la generación de ideas acordes a un modelo económico-político definido y, por supuesto, la colaboración y entendimiento de la comunidad internacional sobre la aceptación de estas crisis mundiales que afectan por poco a todos los habitantes del planeta, que sean entendidas en su verdadera dimensión y así recién plantear políticas públicas beneficiosas y acordes a nuestras necesidades.

Ahora bien, hablar de política pública no quiere decir hablar de política en sí misma, dado que son entidades diferentes, pero que se influyen de manera recíproca. Tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el poder social, sin embargo, la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, mientras que las políticas públicas corresponden a soluciones específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos y cómo su formulación y aprobación puedan responder a solucionar problemas o dificultades sociales principalmente.

Mientras más política sin políticas públicas, más demagogia se genera y menos resultados de gestión pública se concretan; una política pública procura cursos de acción y flujos de información veraz y oportuna con un objetivo político definido, los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente bien acompañados con la participación de las organizaciones sociales y el sector privado, o al menos así debiera ser.

Las políticas públicas tienen por lo general las siguientes características enunciativas no limitativas, pero de alto grado de aceptación: fundamentación amplia y no solo específica sobre cuál es la idea y a dónde vamos con la ejecución de dicha idea; estimación de costos y alternativas de financiamiento; factores para una evaluación de costo beneficio social; críticas probables sobre lo que se pretende; oportunidad política y claridad de objetivos e indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia), además del grado de compromiso político real y programático.

Ahora bien, es sabido que las políticas rara vez o muy poco frecuentemente se extinguen por completo; por lo general, solo cambian o se combinan con otras, aun sea por reforma constitucional y lo sabemos, las políticas siguen un curso natural salvo su modificación estructural y aun así no se extinguen por completo y todo dependerá de la programación y planificación desarrollada, por lo cual no hace un hombre a las políticas públicas, sino las ideologías o visión política hacen realidad a las políticas públicas planteadas.

(*) Jorge Lizárraga es abogado

Después de más de dos décadas del 11 de septiembre, cuando se suscitaron los atentados que lograron derrumbar las dos torres gemelas, además de la destrucción del complejo del World Trade Center en Nueva York, así como los daños en el Pentágono y una zona rural de Pensilvania, donde se recuerda la masacre que dejó la pérdida de más de 3.500 vidas, la guerra contra el terrorismo sigue viva, y continúa acechando.

No cabe duda que a pesar de estar fuera de Irak y Afganistán, EEUU ha normalizado un enfoque militarizado de la seguridad en todo el mundo, pues muchas de las tensiones y el malestar político actuales pueden atribuirse directamente a las fuerzas puestas en movimiento durante la guerra global liderada por la OTAN, una política exterior y de seguridad unilateral en la diplomacia estadounidense de la no necesidad de pedir autorización del Consejo de Seguridad para las operaciones militares en terceros países.

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Bajo la bandera de antiterrorismo, EEUU ha propagado sus invasiones en las dos últimas décadas, en 2001 invadió Afganistán; en 2003, Irak; Libia en 2011; Pakistán, Somalia, Yemen, en 2015, Siria, dejando más de 4,6 millones de muertos, cifras que todavía continúan creciendo por los conflictos que aún persisten; por ejemplo la guerra entre Ucrania y Rusia no es una cuestión bilateral, ya que EEUU patrocina, promueve y apoya a que este conflicto no se solucione, con el envío de armamento sofisticado y equipos a Kiev, así como los $us 1.000 millones que enviará, los que podrían solucionar la  pobreza, la miseria y la hambruna de los países más pobres del mundo.

Asimismo, EEUU lidera el ranking de «iniciar guerras» y no piensa parar, conclusión a la que ha llegado el reciente informe titulado Desastres humanitarios severos causados por guerras agresivas de Estados Unidos contra países extranjeros, de la Sociedad China de Estudios de Derechos Humanos (CSHRS), donde se señala que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha promovido conflictos armados y bombardeado países más que ninguna otra nación, siendo el único país que ha lanzado bombas atómicas en una guerra como la del 6 de agosto de 1945, cuando Washington lanzó la primera sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando a más de 70.000 personas al instante, y una segunda bomba siguió tres días después sobre Nagasaki quitando la vida a 40.000 personas.

El egoísmo y la hipocresía de Estados Unidos también han sido completamente expuestos a través de sus intervenciones por los recursos naturales de otros países, y esa ambición continúa, ya que actualmente Estados Unidos roba el 80% de la producción petrolera de Siria, país que enfrenta una difícil situación humanitaria ocasionada por la guerra, el bloqueo en medio de una escasez de derivados de petróleo debido a la ocupación por parte de EEUU en zonas que contienen más del 90% de los yacimientos de hidrocarburos, sumado a ello los constantes bombardeos que recibe del régimen israelí.

Su política intervencionista lo lleva a usar todo tipo de justificaciones: la Doctrina Monroe, la guerra fría, la guerra contra las drogas y desde el 11-S estadounidense, la guerra contra el terror; pero la violación del derecho a la autodeterminación y soberanía de otros países por Washington ha sido esencialmente porque de alguna manera se atrevieron a ofrecer un ejemplo progresista no aprobado por ellos, ejemplo vivo de ello el golpe al presidente Salvador Allende en Chile, del que recientemente se cumplieron 50 años, desde aquel 11 de septiembre de 1973, cuando el gobierno de EEUU, por conducto del entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, ayudó a derrocar al mandatario socialista por considerar que el pueblo que lo eligió democráticamente fue irresponsable, golpe que fue liderado por el general Augusto Pinochet, que dio inicio a una  dictadura de 17 años que dejó más de 40.000 víctimas, entre ellos más de 3.200 ejecutados.

Esa es sin lugar a dudas la política exterior de la Casa Blanca durante décadas y en todas partes del mundo; en Vietnam, Cuba, Guatemala, Grecia, Nicaragua (N. Chomsky), que bajo sus principios de lucha contra el terrorismo y seguridad, hoy tiene desplegadas más de 800 bases militares, las cuales están listas para aplastar a cualquier Estado que desoiga e incumpla sus políticas nacionales de seguridad.

(*) Sdenka Saavedra Alfaro es periodista, profesora e Investigadora

Cuando Margot Wallstrom, entonces ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, anunció en 2014 que su país aplicaría una política exterior feminista, la idea fue recibida con escepticismo. Wallstrom fue criticada por el establishment de la política exterior a nivel mundial tanto por su enfoque abiertamente activista como por la percepción de que era ingenua ante las realidades de la realpolitik. Como lo expresó un artículo del New Yorker de 2015: “Dentro de la comunidad diplomática, donde las palabras se eligen cuidadosamente para no ofender, generalmente se evita el ‘feminismo’”.

La visión de Wallstrom resultó estar a la vanguardia de algo más grande que Suecia. Menos de una década después, 16 gobiernos han adoptado formalmente políticas exteriores feministas. La idea comenzó como un enfoque nórdico de nicho para poner los derechos y la representación de las mujeres en el escenario mundial, y se ha convertido en una herramienta cada vez más global para que los gobiernos articulen su compromiso de priorizar a las personas y al planeta por encima de las batallas por el dominio económico y militar, para centrarse sobre la colaboración sobre la competencia y sobre el poder juntos.

Fueron necesarios cinco años para que los primeros cuatro gobiernos (Suecia, Luxemburgo, Francia y Canadá) adoptaran políticas exteriores feministas. Desde 2020, a medida que los gobiernos progresistas llegaron al poder, les siguieron una docena, en un área geográfica más diversa, incluyendo América Latina, África y Asia. A medida que el movimiento ha crecido, su enfoque se ha expandido desde desafiar dinámicas de género arraigadas hasta alterar las dinámicas coloniales que continúan definiendo las relaciones internacionales.

Esto no es solo una charla. Dar prioridad a las mujeres tiene un impacto mensurable para ayudar a las naciones a alcanzar sus objetivos de política exterior. Un estudio global de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas encontró que la participación de las mujeres en el proceso de consolidación de la paz aumentaba en un 20% la probabilidad de que un acuerdo de paz durara al menos dos años, y aumentaba en un 35% la probabilidad de que durara 15 años. La igualdad de género también se correlaciona con una paz y una estabilidad más amplias: los países con mayor igualdad de género tienen más probabilidades de cumplir con las leyes y tratados internacionales y menos probabilidades de utilizar la violencia como primera respuesta en un entorno de conflicto.

Sin duda, hay vientos en contra, desde las llamadas fuerzas profamilia en Rusia, Polonia y Hungría que están trabajando para hacer retroceder los derechos de las mujeres, hasta las medidas enérgicas contra la libertad de las mujeres en Irán y Afganistán y los derechos reproductivos y trans en los Estados Unidos. Si bien la política exterior feminista ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, no está garantizado que se avance más. Si una serie de victorias electorales progresistas es lo que nos trajo este movimiento, una ola de victorias conservadoras puede arrasarlo con la misma rapidez.

Durante los próximos 12 meses, al menos tres países más con política exterior feminista enfrentarán elecciones críticas: Argentina en octubre, Países Bajos en noviembre y México en junio. En estos y otros países, las fuerzas de derecha están amenazando la agenda feminista, con candidatos al estilo de Donald Trump y una retórica cada vez más racista, misógina y populista que prometen rescindir los derechos de las mujeres, las oportunidades para los solicitantes de asilo o los compromisos con la justicia climática.

El miércoles, durante la semana de la Asamblea General de la ONU, las ministras de Relaciones Exteriores de una docena de países que representan al grupo Política Exterior Feminista Plus de las Naciones Unidas se reunieron y anunciaron la primera declaración global sobre política exterior feminista. Se comprometieron a trabajar juntas para defender “a las mujeres y las niñas en toda su diversidad”, “dar forma a políticas exteriores feministas” e “intercambiar mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre los diferentes enfoques feministas”.

Se necesitarán más de 16 gobiernos para cambiar el mundo. Y mi propio país, Estados Unidos, está notoriamente ausente de un club que algunos podrían sugerir que inició, cuando nombró a la primera embajadora general del mundo para las cuestiones globales de las mujeres hace más de una década.

Desde Washington hasta Buenos Aires, el riesgo de que estas políticas progresistas y duramente reñidas puedan ser fácilmente abandonadas, y con ellas, las esperanzas de una mejor protección de las personas, la paz y el planeta, es muy grande. Pero al menos esta semana ha surgido una nueva coalición que está haciendo lo que puede, donde puede y mientras puede. Y esa es realmente una buena noticia.

(*) Lyric Thompson es profesora y columnista de The New York Times