Se ha iniciado el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 2017 en la Asamblea Legislativa, y como ya es tradición, los agoreros de siempre salen a la palestra con el discurso de que todo está mal y que el fin del mundo ha llegado. Sin embargo, un análisis minucioso demuestra lo contrario. Para iniciar, lo básico que se tiene que realizar es leer el Art. 321 de la Constitución Política del Estado, que establece que el PGE considera todas las entidades del sector público, a diferencia de su predecesor, el PGN, que solo contemplaba una parte; algo importante que se debe aprender para analizar en su verdadera dimensión el actual presupuesto.
En cuanto al crecimiento del PIB, el PGE proyecta que esta tasa estará en torno al 4,8%, cifra mucho mayor al promedio de 1,6% para América Latina y el Caribe, que en un contexto internacional adverso es por demás importante, ya que muestra que la economía continúa estable y dentro el margen del 5% de crecimiento promedio de los últimos 10 años.
El PGE consolidado asciende a Bs 210.347 millones. El 62% de los recursos corresponde a ingresos corrientes, que provienen de la recaudación de impuestos y las operaciones que realizan las empresas públicas, tan vilipendiadas por los expertos; 3% por ingresos de capital; 9% por endeudamiento externo y un 26% de otras fuentes internas que generan las empresas como ingresos devengados, así como saldos de caja y bancos. Por cierto, la deuda externa hoy en día alcanza al 19% del PIB, muy por debajo de los países de la región y mucho menos en relación a la administración de los 80 y 90, donde llegaron a sobrepasar porcentajes del 90%.
Por el lado del gasto, continúa la política de redistribución, con una inversión pública como base del crecimiento, que seguirá por encima de los $us 6.000 millones, junto con políticas sociales como los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy, Renta Dignidad, además de otros. Los sueldos y salarios representan el 17% del total del PGE, lo cual no considera únicamente los sueldos del Presidente y de los ministros, sino también de todas alcaldías, gobernaciones y universidades en su conjunto, además de los sectores del Magisterio, Salud, Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Estos últimos cuatro sectores representan más del 60% del total de sueldos. Lo anterior muestra que se destina más recursos a inversión antes que a sueldos y salarios, cosa distinta a lo que pasaba cuando los “expertos” administraban la economía, donde se destinaba más dinero a sueldos y menos a inversión.
Un dato que no se toma en cuenta es que desde 2006 los presupuestos presentados al Congreso siempre mostraron déficit, debido a las proyecciones conservadoras de los ingresos. Sin embargo, en cada gestión se hace lo posible porque este resultado sea positivo. Así, entre 2006 y 2015 el superávit fiscal promedió 0,4%, situación que nos coloca por encima de Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil.
Cabe recordar que durante más de 60 años el país, con los gobiernos tradicionales que asumían recetas de política ortodoxa, llevaron a la economía a profundas crisis con déficit fiscales abultados, producto de los cuales recurrían al endeudamiento externo para pagar sueldos y aguinaldos. Desde luego, para los expertos esos años eran maravillosos.
En cuanto a las exportaciones, debido a la volatilidad de los precios de las materias primas, los sectores tradicionales como hidrocarburos y minería presentan disminuciones en su actividad. No obstante, es importante ver el comportamiento de las exportaciones no tradicionales. Entre 2015 y 2016, años de crisis internacional, el volumen de productos de la industria manufacturera y productos agropecuarios crecieron un 20% y 15%, respectivamente. Por tanto, me pregunto, ¿quiénes están haciendo las plegarias? Después de ver el pequeño análisis que realizan los expertos de siempre, al parecer le están rezando a la mano invisible para que alguna vez le atinen a algo.