Quienes tienen la mala fortuna de enfrentar un proceso judicial en el país, justa o injustamente, además de lidiar con consorcios de jueces y fiscales que operan en gran medida con base en la extorsión, corren el riesgo de caer en manos de abogados “defensores” que se han especializado en expoliar a sus clientes. Y es que en muchos casos los juristas no solo les solicitan de manera recurrente recursos para “acelerar” los procesos y/o “garantizar” sentencias favorables, sino que además se quedan con parte o la totalidad del dinero correspondiente a las fianzas o a otros depósitos judiciales.
En efecto, según reveló a La Razón el presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia (aunque cueste creerlo, quienes se encuentran inmersos en diferentes procesos han decidido asociarse y articular esfuerzos para luchar contra los abusos que se registran en los tribunales), existen al menos 100 denuncias de este tipo. Es decir que no solamente jueces y fiscales de toda laya se están enriqueciendo gracias a la extorsión, sino también los abogados defensores. Lo que permite entender en parte por qué tantas personas se decantan por esta profesión (actualmente existen cerca de 40.000 profesionales en Derecho y aproximadamente 150.000 estudiantes están siguiendo sus pasos en las universidades públicas y privadas del país).