A poco más de cinco años de la primera elección de magistrados para las instituciones principales del Órgano Judicial, la situación es desoladora: 20 de 28 autoridades electas para administrar la justicia del país tienen una o más demandas de proceso ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; hasta ahora, solo uno ha llegado a la fase de juicio de responsabilidades.
En efecto, el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Gualberto Cusi es, por ahora, el único electo en 2011 que ha llegado a la fase en que la Cámara de Senadores debe decidir si es o no culpable de los delitos por los que fue imputado años atrás (el proceso fue suspendido durante meses debido a la delicada salud del imputado), mientras que la mayoría de sus colegas todavía está en fase indagatoria y seis están en la fila para el inicio de sus juicios de responsabilidades.
Para mayor vergüenza de las fallidas autoridades judiciales, la información oficial revela que se trata de 133 denuncias presentadas por diversas personas en contra de los magistrados y magistradas desde inicios de 2011, la mayoría de ellas por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, uso indebido de influencias, extorsión y prevaricato. Según pudo conocer un periodista de este diario, la cifra antes citada proviene únicamente de denuncias “directas” en contra de las autoridades judiciales, pues si se tomase en cuenta su “participación en otros casos”, la cifra se multiplicaría.
Consultados por este diario, algunos de los magistrados que deben afrontar el proceso en el Órgano Legislativo afirmaron que se trata de denuncias por resoluciones y fallos que resultaron adversos a quienes ahora los acusan (sin mencionar que es el propio Estado, en muchos casos), por lo que en general se muestran confiados en que resultarán absueltos tras las indagatorias.
Sin embargo, el solo hecho de que sus casos hubiesen llegado a ser materia de la agenda legislativa en el número que aquí se comenta habla muy mal de su predisposición para administrar uno de los cuatro órganos del Estado en tiempos en que lo único que no podían permitirse era fallar, pues la consecuencia no solo ha sido la profundización de la desconfianza en el sistema de justicia del país, sino también, y sobre todo, en el sistema de elección de magistrados —por voto directo— ampliamente criticado por las fuerzas opositoras al Gobierno, que en su momento arguyeron que se trataba de un experimento nunca antes intentado en otros países del orbe.
Bien hará la Asamblea Legislativa en dar celeridad, sin descuidar el debido proceso, a estos casos, pues sigue en juego la imagen de la Justicia, que por lo visto no será recuperada por la vía sugerida en la cumbre realizada a inicios de año, pero tal vez sí a través de procesos ejemplarizadores, que demuestren que la impunidad ya no es tolerable.