El 2016 será recordado por una serie de eventos políticos inesperados en la escena internacional y pésimos resultados en materia económica, particularmente en América del Sur, donde una contracción agregada del 1,1% del PIB se descompone en tasas negativas de crecimiento en Venezuela (9,7%), Brasil (3,6%), Argentina (2%) y Ecuador (2%); y mediocres niveles de crecimiento entorno al 4% en Perú, Bolivia y Paraguay. Aunque la CEPAL pronostica una leve recuperación en 2017, parece evidente que no será suficiente para mantener los logros alcanzados en años anteriores respecto de la reducción de la pobreza y de la desigualdad.
Según cifras de la OIT, la desaceleración económica trajo consigo el deterioro del panorama laboral de América Latina en 2016. La tasa de desempleo promedio aumentó a 8,1% en este año, lo que significa que hay unos 25 millones de desocupados en la región. También se ha deteriorado la calidad del trabajo debido a la reducción de los salarios reales, el aumento de la informalidad, la caída de la proporción de los asalariados en el total de ocupados y el aumento del empleo por cuenta propia.
En ese contexto, los indicadores del desempeño económico en Bolivia resultan todavía satisfactorios, aunque es preciso señalar que está previsto un déficit fiscal de 7,8% en 2017, que se pretende financiar con endeudamiento externo y uso de las reservas internacionales. Debe considerarse también que dichas reservas ya se han reducido desde su nivel máximo de $us 15.477 millones en noviembre de 2014 a $us 10.264 millones en agosto de este año. En consecuencia, casi ya no hay holgura fiscal y monetaria para continuar con el mismo estilo de redistribución de ingresos desde el Estado sin aumentos significativos de la productividad.
Como es también evidente, la inversión pública por sí sola no basta para impulsar tasas sostenidas de crecimiento con efectos multiplicadores sobre los sectores productivos con mayor potencial dinámico. Vale la pena hacer notar al respecto que los sectores que más han contribuido al crecimiento de los años pasados han sido los de la administración pública, los servicios financieros, el comercio y la construcción.
Además de la recesión internacional que afectó en 2016 a los sectores de la minería y los hidrocarburos, el cambio climático ha golpeado severamente a la producción agropecuaria, que ha disminuido casi en una cuarta parte en comparación con años anteriores.
A la luz de estos datos, se puede concluir que es imprescindible contrarrestar las repercusiones de la crisis económica, pero asimismo, sentar las bases de un crecimiento futuro de calidad, impulsado por un aumento sostenido de la productividad general, la creciente formalización del empleo y una serie de políticas sociales de nuevo cuño. A tal efecto, resulta indispensable diversificar y articular la planta industrial de manera que se establezcan eslabonamientos y complementariedades mediante cadenas de valor que aproximen al país a los mercados de manufacturas, donde imperan condiciones muy diferentes a las que caracterizan a los mercados de productos básicos, de energía y de materias primas.
Para emprender el camino de la productividad y la igualdad, es preciso que la gestión de las políticas sectoriales y los incentivos correspondientes se lleven a cabo por parte de un elenco de funcionarios públicos idóneos, con probada capacidad de administrar las herramientas de una estrategia explícita de transformación productiva a largo plazo, en un contexto de concertación tripartita efectiva y transparente con los actores empresariales y laborales.
Sobra decir que para poner en marcha un enfoque de tales características, las urgencias políticas y electorales deberían ceder la prelación a los imperativos de enfrentar correctamente la crisis económica que ya está instalada en el país.