Medio año después de la Cumbre de Justicia realizada en 2016, días atrás, durante la inauguración del año judicial, el Presidente presentó un paquete de proyectos de ley con los que se pretende iniciar el proceso de reforma judicial acordado en el mencionado evento. La idea es comenzar la transformación de la administración de justicia en los juzgados.
En efecto, en el acto realizado el pasado martes en la sede del Órgano Judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) calificó de “ilusión” el esperar que la transformación del sistema de justicia se produzca por un “cambio de actitud de nuestras autoridades jurisdiccionales, de nuestras universidades y de nuestros abogados”, apuntando a la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado, lo que incluiría la eliminación de algunas instituciones del Judicial, las que sin embargo no nombró.
A su vez, el Primer Mandatario anunció que entre los proyectos normativos remitidos por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ya fueron comentados días atrás en este mismo espacio, están la modificación de la Ley de ejercicio de la abogacía, así como del Código de Procedimiento Penal a través del nuevo Código del Sistema Penal, que reúne en un solo cuerpo los códigos Penal y Procesal Penal.
En su alocución, Evo Morales hizo particular énfasis en la intención de acabar con las prácticas que provocan retardación de justicia, explicando que, con el fin de garantizar la celeridad de los litigios penales, la reforma fija la destitución y procesos para los jueces que suspendan audiencias; una sanción similar se proyecta para los fiscales que se ausenten de las audiencias. Asimismo se prevé que los abogados que no asistan a las citas judiciales sean reemplazados por defensores públicos y sancionados disciplinariamente con suspensión de su matrícula profesional y el pago de multas. Otros cambios anunciados por el Presidente incluyen el uso de agentes encubiertos en el sistema judicial para luchar contra la corrupción, así como la validación de videos y audios como pruebas legales para denunciar ese tipo de ilícitos.
Respecto del hacinamiento en los centros penitenciarios, considerado como la evidencia más temible del estado calamitoso de la Justicia boliviana, se busca implementar más medidas sustitutivas, incluyendo el uso de manillas electrónicas y el arraigo o la retención de documentos de los acusados.
Se trata, pues, de un primer intento en el muy difícil propósito de cambiar para mejor el sistema de justicia en el país. Empero, debe tenerse en cuenta que no basta con tener las mejores leyes y códigos mientras siga faltando la predisposición necesaria en el elemento humano; y para ello urge encontrar mecanismos que aseguren una nueva mentalidad entre los hombres y mujeres que administran justicia en el país.