Luego de ser posesionada como reelecta presidenta de la Cámara de Diputados para la gestión 2017-2018, Gabriela Montaño señaló que el gran reto de esta legislatura es cambiar la Justicia: “por el bien de los bolivianos que peregrinan buscándola”. El reto, sin duda, es mayúsculo. Y es evidente que lograrlo no será obra exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
¿Por qué este año es decisivo para transformar las bases y el rumbo de la malograda administración de Justicia en el país? Porque en octubre acudiremos a las urnas para elegir directamente, por segunda vez, como ya ocurrió en 2011, a las principales autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y en ello la ALP tiene el mandato de realizar la preselección de postulantes con arreglo a un nuevo reglamento que debe ser elaborado en las siguientes semanas.
El propio presidente Morales, al referirse a las tareas de la Asamblea en esta legislatura, sostuvo que la más importante es “elegir hombres y mujeres con mucho compromiso, y también con mucha experiencia, para mejorar la Justicia boliviana”. Claro que el compromiso y la experiencia, siendo necesarios, no son suficientes. El filtro de preselección a cargo de la ALP debe privilegiar también los méritos y la probidad de los futuros magistrados. Y la decisión final la tendrá la población con su voto.
Así planteado “el gran reto” para 2017, son necesarias algunas prevenciones a fin de evitar engaño y/o error. La primera es que la sola elección de autoridades jurisdiccionales por sufragio popular no garantiza el necesario cambio. Los inaugurales comicios de 2011, con un elevado porcentaje de votos nulos, no se tradujeron en mejoras sustantivas en la administración de Justicia. Al contrario, la débil legitimidad de origen de los magistrados, y sus disputas internas, ahondaron la crisis.
La otra prevención necesaria tiene que ver con las normas. Como resultado de la Cumbre Nacional de Justicia Plural realizada en Sucre en junio del año pasado, se identificaron un conjunto de códigos y leyes que deben ser aprobados o reformados para impulsar y acompañar el proceso. En ello también la Asamblea Legislativa tiene una importante misión en la presente legislatura. En todo caso es evidente que, siendo relevantes, las normas por sí mismas tampoco aseguran la anhelada transformación.
Crisis profunda de la tríada sistema judicial, Ministerio Público y Policía; retardación de justicia y corrupción en los juzgados; escasa prevención e insuficiente formación de los abogados; limitado presupuesto y sobrecarga de causas; acceso diferenciado e instituciones débiles; esquivo pluralismo jurídico; cultura jurídica del pleito y la “chicana”… Más allá de la elección popular de nuevos magistrados y consejeros, más acá de la adopción de renovadas normas, este año el gran reto en este campo es integral.