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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 10:35 AM

Comisión de la Verdad contra la impunidad

Necesitamos a los mejores profesionales, elegidos por concurso de méritos y su apego a los DDHH.

/ 26 de enero de 2017 / 05:31

Desde que volvimos a la democracia en 1982, hace 35 años, no se había logrado con efectividad crear un organismo independiente que investigara los crímenes de las dictaduras. Durante las últimas décadas, los familiares de las víctimas estuvieron reclamando justicia hasta el 23 de diciembre de 2016, fecha en la que se promulgó la Ley de Creación de la Comisión de la Verdad.

Ha llegado el momento de ver si somos capaces de llevar a feliz término la tarea de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de los derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.

El Presidente del Estado Plurinacional tiene la gran responsabilidad de nombrar a los cinco comisionados que, según la ley, deben ser elegidos en función a su “acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal, compromiso con la promoción de los derechos humanos, además de conocimiento de la realidad vivida durante el período establecido en el Artículo 1 de la presente Ley. La conformación de la Comisión se realizará promoviendo la equidad de género y la participación indígena originario campesina”.

En consecuencia, no se puede nombrar a cualquier persona y habrá que escuchar también a las organizaciones de las víctimas. Seguramente ni los movimientos sociales ni los oportunistas del cuoteo intervendrán, porque las funciones son ad honorem. La clave es que desde el punto de vista ético y de integridad personal sean personas intachables, que gocen del respeto y la confianza del pueblo y de los familiares afectados, que generen consenso y sean capaces de cumplir la tarea asignada. Está en juego el prestigio de Bolivia, que si bien llega tarde a este proceso, debe estar a la altura de lo logrado por los demás países latinoamericanos.

Es también muy importante la constitución del equipo técnico remunerado, que trabajará para la comisión, dirigido por una secretaría ejecutiva. Esta instancia dependerá administrativamente del Ministerio de Justicia, lo cual no debería ser obstáculo para su idoneidad e independencia. Necesitamos a los mejores profesionales, elegidos por concurso de méritos y por su apego a los derechos humanos, como señala la ley.

Todos los actores del proceso gozarán de “inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones a-sumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre que sus actuaciones se enmarquen en la presente Ley y otras disposiciones en vigencia” (sic). Nadie podrá esconder ni negar información, tanto de instituciones públicas como privadas, incluyendo por supuesto a las Fuerzas Armadas y a la Policía.

Resulta fundamental que la opinión pública sepa que estarán abiertas las puertas de la comisión y de su grupo técnico para que cualquier ciudadano pueda declarar y denunciar todo lo que sepa respecto a la violación de los derechos humanos en ese período dictatorial. Se respetará la confidencialidad si es requerida y no habrá que temer represalias. Muchos asesinos y torturadores están libres e impunes, es el momento de contribuir con la verdad para la justicia y la reconstrucción de la memoria histórica. Solo tenemos dos años, no podemos defraudar la ilusión y la esperanza de 35 años de espera. Es ahora. Si todo va bien, en dos años tendremos una memoria y un informe del cual tengamos que enorgullecernos..

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Comisión de la verdad, a contrarreloj

No hay más tiempo que perder, urge que se cumplan los encargos delegados a la Comisión de la Verdad.

/ 5 de abril de 2018 / 04:07

El tiempo pasa inexorablemente. Hace 54 años se iniciaron las dictaduras contemporáneas en Bolivia; y hace 36 años recuperamos la democracia, pero hasta la fecha no se ha establecido la verdad ni la justicia respecto a los crímenes ocurridos durante aquel periodo dictatorial. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar?

Todos los países latinoamericanos que tuvieron problemas de violencia de Estado (Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala. Perú, Uruguay, Paraguay, Haití, Panamá, Brasil, Colombia y Honduras) ya lo hicieron. Extrañamente, en Bolivia recién en diciembre de 2016 se creó una Comisión de la Verdad (Ley 879). Luego tuvieron que pasar ocho meses más para que se posesionen los cinco miembros de esta comisión, designados por la presidencia del Estado.

Mediante el Decreto Supremo 3314, el 6 de septiembre de 2017 se creó la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad, conformada por 15 miembros con los atributos para investigar las violaciones de los derechos humanos en el país durante los años de dictaduras, recibir los testimonios, revisar archivos, establecer las responsabilidades, encontrar a los desaparecidos y sugerir las recomendaciones de reparación integral y justicia. Todo esto en un plazo de dos años o máximo 30 meses, de los cuales ya han transcurrido siete meses. Todos esperamos que hayan sido fructíferos, a pesar de las ausencias, renuncias, carencias presupuestarias y otras dificultades.

Un torturador o asesino que fue parte de la dictadura de René Barrientos Ortuño (1965) a los 30 años hoy tendría 83. Si además hacen falta otros cinco años para inculparlo y procesarlo, no habrá tiempo para que purgue alguna condena. Lo único real que podemos esperar es que al menos se reescriba la verdadera historia, de tal manera que los nietos y/o bisnietos de las víctimas puedan ubicar a sus familiares asesinados o desaparecidos en el lugar correcto y se honre su memoria.

No hay más tiempo que perder, exigimos que se cumplan cabalmente los encargos, y que las organizaciones de víctimas como la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación (Asofamd) presionen a los que tienen la gran responsabilidad de establecer la verdad y la justicia sobre lo ocurrido entre 1964 y 1982.

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Comisión de la Verdad contra la impunidad VI

Las más de 200 personas asesinadas y los 150 desaparecidos todavía esperan que se haga justicia.

/ 29 de julio de 2016 / 04:09

Cuando terminó el periodo de las dictaduras, naturalmente la prioridad era restablecer las libertades y el respeto a los derechos humanos. Antes que hacer justicia y establecer la verdad sobre los atropellos perpetrados durante las dictaduras, había que dar plena vigencia a las organizaciones sociales, los sindicatos y los partidos políticos. Pero hoy no se justifica que en 34 años no se haya podido constituir una Comisión de la Verdad. Sin duda, faltó voluntad política en los gobiernos neoliberales y en la administración del cambio, pero también hubo temor a levantar tempestades en las Fuerzas Armadas.

Restablecida la democracia en 1982, con el reconocimiento de la victoria electoral reiterada de Hernán Siles Zuazo —encabezando la Unidad Democrática y Popular (UDP)—, empezaron las dificultades ante un Congreso adverso. La gestión económica fue desastrosa y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) abandonó al presidente. Sin embargo, en 1984 Siles Zuazo instruyó la creación de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados (CNIDF). Pero la falta de recursos y el acortamiento de su mandato frustraron la buena intención.

Ya en 1986 gobernaba el neoliberalismo conducido por el Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNRH) de Víctor Paz Estenssoro. En aquel periodo, el Congreso aprobó una Ley de Responsabilidades que establece la base para juzgar delitos en funciones de Estado. Es entonces que se inicia el juicio contra Luis García Meza y sus colaboradores, dejando injustificadamente indemne a Hugo Banzer Suárez.

En 1993, el presidente era Jaime Paz Zamora apoyado por Banzer, para entonces sale la condena a García Meza y sus colaboradores. También se extradita a Estados Unidos a su ministro de Gobierno, Luis Arce Gómez. Parecía que el país iba a completar la tarea de investigar los restantes crímenes de las dictaduras, pero nada importante se hizo después.

Tuvo que llegar 2004, para que ante las incesantes demandas de los afectados se elabore la Ley 2640 de resarcimiento a las víctimas, irónicamente impulsada por el banzerista Fernando Kieffer Guzmán. La norma no fue sostenida y en 2006 se emitió la Ley 3449 constituyendo una nueva comisión. Luego en 2007, por decreto supremo, se extendió el plazo y se incrementaron los requisitos.

En 2012, el gobierno del cambio aprobó la Ley 238 y el Decreto Supremo 1211 para regular la ley  de resarcimiento a las víctimas. Con esta legislación se calificaron a 1.714 de los 8.000 aplicantes para recibir este beneficio. Sin embargo, para la Asociación de Familiares, Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) la prioridad era la verdad y la justicia, aspectos que siguieron relegados ante distractores de compensación económica.

En 2013, el Senado aprobó un proyecto de ley que no prospera, porque el Gobierno figuraba como juez y parte en la Comisión de la Verdad. En 2015, la administración del cambio se compromete ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a apoyar una investigación y dar paso a una Comisión de la Verdad. A la fecha se cuenta con un proyecto de ley de creación de esta comisión consensuado por todas las organizaciones demandantes, que fue entregado vía ventanilla y también directamente a la presidenta de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, por aspectos burocráticos y la ausencia de voluntad política este proyecto sigue pendiente.

Las más de 200 personas asesinadas, los 150 detenidos-desaparecidos, los 5.000 detenidos arbitrariamente y los 20.000 exiliados durante el periodo de las dictaduras siguen pidiendo verdad y justicia. ¿Hasta cuándo? Por ellos y por muchos más, ¡Comisión de la Verdad ya! 

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Comisión de la Verdad contra la impunidad V

¿Por qué los gobiernos ‘revolucionarios’ y ‘antineoliberales’ no han hecho algo contra la impunidad?

/ 14 de julio de 2016 / 10:48

Entre 1964 y 1982 Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades y atropella los derechos humanos, proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos. Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y a la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables están en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una Comisión de la Verdad? Quizás la reciente condena en Argentina de 15 responsables del sinestro plan pueda sensibilizar al Estado boliviano para asumir esta responsabilidad.

En esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras culminaron con el narco-gobierno golpista del general Luis García Meza (1980-1981). Fue el último asalto al poder del ciclo contemporáneo de dictaduras militares. Las corrientes fascistas asociadas al narcotráfico impulsaron el golpe al corto mandato constitucional de Lydia Gueiler. Bandas de militares y paramilitares encabezadas por el coronel Luis Arce Gómez secuestraron y asesinaron a decenas de “rojos”. García Meza es el único dictador juzgado, condenado y encarcelado por 30 años sin derecho a indulto.

Curiosamente, el juicio contra García Meza estuvo enmarcado en el contexto de gobiernos denominados neoliberales. ¿Por qué los gobiernos “revolucionarios” y “antineoliberales” no han hecho algo contra la impunidad?

En los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) se documentan más de 70 víctimas. Recordemos, entre otros, a Juan de Dios Aramayo Vallejos (desaparecido), estudiante tarijeño, militante del MIR, alias Juan Pueblo, encargado de la campaña electoral del sector sur de Potosí. Aramayo fue detenido el 19 de julio de 1980 en La Quiaca y entregado a autoridades bolivianas en Villazón. Un mes después desapareció del cuartel de Tupiza. Probablemente fue ejecutado y enterrado en la mina Bolívar o en una fosa común fuera del cuartel. Los presuntos responsables de este hecho serían el Cnel. Emilio Lanza Armaza (comandante del regimiento Chichas de Tupiza), el Cap. Luis Cossio Virhuet, Roberto Flores y los paramilitares Montes y Martínez.

Ariel Baldivieso (desaparecido), agrónomo, militante de la Juventud del Partido Comunista de Bolivia, expresidente de la FUL de Tarija. Baldivieso fue exiliado en 1965 y también durante el gobierno de Banzer. Regresó a Bolivia en 1978 y desapareció en 1980 intentando trasladarse a Potosí.

Gregorio Escalera Mendoza (desaparecido), agricultor y dirigente campesino vinculado al MNR y MNRI; fue detenido el 11 de octubre de 1980 en Mallcorrancho, Chinchilla Cochabamba. Los presuntos responsables de este hecho serían Héctor Lozano, exalcalde de Vinto, y el suboficial Filiberto Tórrez.

Marcelo Quiroga Santa Cruz (desaparecido), destacado dirigente político, creador del Partido Socialista 1 (PS1), parlamentario promotor del juicio político al dictador Banzer y bajo amenaza del Gral. Luis García Meza. Fue el principal objetivo de la toma por paramilitares de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) donde se reunía el Comité Nacional de Defensa de la Democracia el 17 de agosto de 1980. Renato Ticona Estrada (desaparecido), músico y estudiante de Agronomía; fue detenido el 23 de julio de 1980 en la tranca de Cala Cala, cerca de la ciudad de Oruro, junto con su hermano Hugo, estudiante de Ingeniería. Ambos viajaban inermes por razones familiares. Tal fue la golpiza  que recibieron por parte de los soldados del regimiento Topáter que terminaron en el centro de urgencias médicas de la clínica Urme de Oruro. Hugo se recuperó y salió posteriormente en libertad. Pero Renato, inconsciente y probablemente paralítico, desapareció luego de ser visto en el Estado Mayor en La Paz. La familia demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con resultados favorables.

Entre los asesinados se registran, entre otros, a Julio Cossío Meruvia, minero de Catavi que el 5 de agosto de 1980 participó en la decisión de organizar una huelga; dos días después fue detenido con violencia en su domicilio y llevado al Servicio Especial de Seguridad de Oruro (SES).

Luego de ser golpeado brutalmente, fue llevado a la Clínica Urme, donde falleció el 17 de agosto de 1981 por “infarto del miocardio”, según el certificado de defunción. Marcelino Zeballos Rivera, militante del MNRI y dirigente de los colonizadores, el 24 de julio de 1980 fue asesinado por militares cuando salió a dialogar para evitar la toma del pueblo Cantón Bella Vista (Nor Yungas). Por ellos y por muchos más, ¡Comisión de la Verdad ya!

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Comisión de la Verdad contra la impunidad IV

Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha impulsado una Comisión de la Verdad.

/ 27 de junio de 2016 / 10:59

Entre 1964 y 1982 Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades y atropella los derechos humanos, proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos.

Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y a la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables están en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una Comisión de la Verdad? Quizás la reciente condena en Argentina de 15 responsables de aquel siniestro plan contribuya a sensibilizar al Estado boliviano para que asuma esta responsabilidad.

En esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras vivimos un periodo de intento de democracia. Al derrocamiento de Banzer en 1978, tras la huelga de hambre de cinco mujeres mineras (Aurora Villarroel de Lora, Domitila Barrios de Chungara, Angélica Romero de Flores, Luzmila Rojas Rioja y Nelly Colque de Paniagua), sobrevino un tiempo de elecciones sin clara definición, ni el histórico Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Víctor Paz Estenssoro ni la Unión Democrática y Popular (UDP) de Hernán Siles Zuazo obtuvieron más del 50% de los votos; entonces se llegó a acuerdos congresales frágiles que fueron pretexto para un nuevo golpe de Estado, en noviembre de 1979, esta vez encabezado por el general Alberto Natusch Busch. Breve y cruento golpe de Estado que duró 16 días. La gente salió a las calles casi espontáneamente y el Ejército disparó a mansalva, generando muchas víctimas mortales. Este acontecimiento luctuoso se conoce como la “Masacre de Todos Santos”.

En los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) se documentan al menos 36 desaparecidos durante ese hecho, sin contar las personas asesinadas. Tal es el caso de Miguel Cachicatari Villca, quien fue secuestrado por las fuerzas militares en Chijini; la estudiante de solo 14 años Alicia Chambi Gutiérrez, abatida en Alto Lima y cuyo cuerpo fue recogido por el Ejército; Eugenio Cuaquira Baquisaca, ayudante de carpintería; Víctor Mamani Conde, quien salió a vender fruta; el  albañil y militante de la UDP Francisco Poma Mamani; la empleada doméstica María Eugenia Quispe Javier; Martha Rojas Alejandro, desaparecida con su hija de dos años, entre muchos más.

Durante aquel golpe de Estado el pueblo levantó barricadas y en la plaza Venezuela desapareció el militante del Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN) Luis Fernando Ramírez Rojas. Los tanques movilizados ametrallaron a Eduardo Roque, trabajador del cementerio, al subir por la Garita de Lima. Francisca Yujra Mamani, de solo 12 años, salió de su casa a comprar pan y nunca regresó.

Entre los casos más dolorosos se registra el asesinato de Teresa Leiva, cuyo cuerpo fue a dar a la morgue, mientras su nieta Susana Rocha Oporto, de 13 años, era violada. Por ellos y por muchos más, ¡Comisión de la Verdad ya!

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Comisión de la Verdad contra la impunidad III

/ 26 de mayo de 2016 / 02:47

Entre 1964 y 1982, Bolivia vivió 18 años de cruentas dictaduras, periodo en el que un gran número de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y perseguidas por razones políticas. En contraposición a la democracia, la dictadura es un régimen de facto impuesto por la fuerza que desconoce las libertades, atropella los derechos humanos y proscribe los partidos políticos, los sindicatos y toda forma de organización social opuesta a los intereses oligárquicos. Han pasado 34 años del retorno a la democracia en Bolivia y hasta la fecha la mayoría de los que perpetraron estos actos repudiables están en la más completa impunidad. ¿Qué nos ha pasado para ser el único país del Plan Cóndor que no ha constituido una Comisión de la Verdad?

En esos largos y tenebrosos 18 años de dictaduras, el general Hugo Banzer tuvo la más larga participación, con siete años en el poder (1971–1978). Entró a sangre y fuego derrocando cruentamente al general progresista Juan José Torres. No es posible saber exactamente el número de víctimas de su asalto al poder; pero en los registros de la Asociación de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd) se documentan muchos casos de desaparecidos y asesinados. La cifras llegan a 51 personas desaparecidas, sin tomar en cuenta el número de asesinados en cárceles y en enfrentamientos.

El gobierno de Banzer participó en el Plan Cóndor, operativo de represión antiizquierdista instrumentado por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. Durante ese periodo, Bolivia suministró información sobre el movimiento de los entonces llamados “subversivos” que se encontraban en territorio nacional principalmente a Chile y Argentina, y viceversa. Durante su administración se inició el boom del narcotráfico en Bolivia, que seguiría durante toda la década de los 80.

Lo mismo desaparecía en Bolivia José Daniel Arroyo Rasgido, minero de Tipuani, como en Argentina Leonardo Benito Choque Cosme. No todos estaban vinculados a actividades políticas, tal es el caso del estudiante de Ingeniería salteño Nils Alfredo Casson Coria o de Sergio Coro Buitrago, estudiante de Avicultura de La Plata que fue detenido mientras buscaba una vivienda barata en un lugar allanado. Fueron también implacables con los miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes fueron exterminados gradualmente; entre ellos, el chileno Joaquín Samuel Corveti, Nicolás Salvador Dorza Caballero y Rodolfo Abel Elguero Suárez.

En el centro de represión de Achocalla se torturaba y mataba de forma casi institucionalizada. Por allí estuvieron Rainer Ibsen Cárdenas, estudiante cruceño asesinado en junio de 1972, al igual que Enrique Ortega Hinojosa, cuya familia demandó al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH por su asesinato.  

Uno de los casos notables es el de la recuperada nieta Carla Rutilo. Su padre, el uruguayo Enrique Joaquín Lucas López, fue asesinado el 17 de septiembre de 1976. Su pareja, Graciela Rutilo, y su hija fueron entregadas a la represión argentina el 29 de agosto de 1976. Graciela terminó en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (Esma), donde también la asesinaron; y la hija quedó en poder del represor Eduardo Ruffo. La incansable lucha de su abuela Ilde Artés permitió recuperarla y juzgar al represor.

La familia Sandóval Morón fue brutalmente perseguida por oponerse al golpe de Banzer. El ingeniero agrónomo Alcides Sandóval Morón fue torturado y después arrojado desde un avión. Su hermano Félix, médico de profesión, también fue asesinado en Santa Cruz. Los responsables de este crimen fueron el entonces prefecto cruceño Widen Razuk Abrene; Ernesto Morant Lijerón, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), Óscar Menacho Vaca, jefe de la Dirección de Orden Político (DOP); Percy González Monasterio,  subjefe de la DOP; Guillermo Banzer Ojopi y Justo Sarmiento.

En 1983, la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos (CNID) identificó como responsables de las desapariciones y asesinatos durante la dictadura a Hugo Banzer Suárez, Mario Adett Zamora, Rafael Loayza, Guido Benavidez, Galo Trujillo, Carlos Valda, Jorge Balvian, Daniel Cuentas, Carlos Mena, Víctor Barrenechea, Tiky Otero y a Gómez Casas; así como también a los médicos Jaime Mendieta Saracho y Javier Vergara Jiménez. Hasta la fecha no se ha esclarecido la verdad de los hechos ni juzgado a los responsables. Por ellos y por muchos más: ¡Comisión de la Verdad ya!

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