Desde que volvimos a la democracia en 1982, hace 35 años, no se había logrado con efectividad crear un organismo independiente que investigara los crímenes de las dictaduras. Durante las últimas décadas, los familiares de las víctimas estuvieron reclamando justicia hasta el 23 de diciembre de 2016, fecha en la que se promulgó la Ley de Creación de la Comisión de la Verdad.
Ha llegado el momento de ver si somos capaces de llevar a feliz término la tarea de esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de los derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982.
El Presidente del Estado Plurinacional tiene la gran responsabilidad de nombrar a los cinco comisionados que, según la ley, deben ser elegidos en función a su “acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal, compromiso con la promoción de los derechos humanos, además de conocimiento de la realidad vivida durante el período establecido en el Artículo 1 de la presente Ley. La conformación de la Comisión se realizará promoviendo la equidad de género y la participación indígena originario campesina”.
En consecuencia, no se puede nombrar a cualquier persona y habrá que escuchar también a las organizaciones de las víctimas. Seguramente ni los movimientos sociales ni los oportunistas del cuoteo intervendrán, porque las funciones son ad honorem. La clave es que desde el punto de vista ético y de integridad personal sean personas intachables, que gocen del respeto y la confianza del pueblo y de los familiares afectados, que generen consenso y sean capaces de cumplir la tarea asignada. Está en juego el prestigio de Bolivia, que si bien llega tarde a este proceso, debe estar a la altura de lo logrado por los demás países latinoamericanos.
Es también muy importante la constitución del equipo técnico remunerado, que trabajará para la comisión, dirigido por una secretaría ejecutiva. Esta instancia dependerá administrativamente del Ministerio de Justicia, lo cual no debería ser obstáculo para su idoneidad e independencia. Necesitamos a los mejores profesionales, elegidos por concurso de méritos y por su apego a los derechos humanos, como señala la ley.
Todos los actores del proceso gozarán de “inviolabilidad personal y no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones a-sumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre que sus actuaciones se enmarquen en la presente Ley y otras disposiciones en vigencia” (sic). Nadie podrá esconder ni negar información, tanto de instituciones públicas como privadas, incluyendo por supuesto a las Fuerzas Armadas y a la Policía.
Resulta fundamental que la opinión pública sepa que estarán abiertas las puertas de la comisión y de su grupo técnico para que cualquier ciudadano pueda declarar y denunciar todo lo que sepa respecto a la violación de los derechos humanos en ese período dictatorial. Se respetará la confidencialidad si es requerida y no habrá que temer represalias. Muchos asesinos y torturadores están libres e impunes, es el momento de contribuir con la verdad para la justicia y la reconstrucción de la memoria histórica. Solo tenemos dos años, no podemos defraudar la ilusión y la esperanza de 35 años de espera. Es ahora. Si todo va bien, en dos años tendremos una memoria y un informe del cual tengamos que enorgullecernos..