Con la entrada en vigor de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, la educación inicial, es decir aquella que precede al primero de primaria, pasó a ser requisito obligatorio, lo cual debería ser bien mirado, pues implica mejorar las condiciones de ingreso de las y los niños a la educación formal. El problema es que, al menos en La Paz, este rubro es negocio privado.
En efecto, un estudio titulado “Análisis situacional de los derechos de la niñez en materia de educación y protección en el municipio de La Paz” cita cifras del Sistema de Información Educativa que muestran que en el municipio de La Paz existen 748 centros educativos con nivel inicial, entre públicos y privados, de los cuales 559 están en el área urbana y 189 en el rural, agregando que nueve de cada 10 centros educativos donde se ofrecen cursos de kínder y prekínder son privados.
Añade el estudio, realizado por una alianza entre el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (Cebiae), Educo y Fundación La Paz, que “los pocos establecimientos educativos públicos que cuentan con el nivel inicial presentan altos índices de hacinamiento y están ubicados en los distritos centrales, lo que implica que los niños de zonas periféricas y rurales no acceden a la educación inicial”.
Por su parte, el Director de Educación Departamental de La Paz señala que cada año se matriculan un promedio de 550 nuevos estudiantes de entre cuatro y cinco años, sumando en 2016 una población de 25.649 niños y niñas que iniciaron su educación formal. Respecto de los datos del estudio, afirma que tiene “datos sesgados” y que debido a la alta demanda por cupos en los llamados colegios tradicionales se crearon solo este año 46 nuevos paralelos en al menos 15 colegios vecinos a los más demandados.
El informe, que cuestiona al Estado por dejar en manos de los privados la educación inicial, también aborda otros aspectos de la educación formal en La Paz, entre ellos inadecuada infraestructura y mobiliario para el desarrollo de capacidades y habilidades de las y los estudiantes. Asimismo, se observa que las metodologías aplicadas por las y los maestros no responden a las necesidades educativas actuales, citando como ejemplo que gran parte de los educadores no saben cómo emplear las computadoras portátiles que el Gobierno les dotó en los últimos años, por lo que recomienda al Ministerio del ramo capacitar y actualizar al magisterio en el uso de nuevas tecnologías en el aula.
Se trata, pues, de un aspecto que debe merecer más y mejor atención por parte de todos los niveles gubernativos en sus respectivas competencias, pues de los primeros años en la escuela depende grandemente el desempeño de las y los estudiantes a lo largo de sus estudios, asunto de vital importancia en un contexto en el que se desea mejorar la educación de las nuevas generaciones.