Hay preocupación en altas esferas del Gobierno por la ineficiencia y la corrupción que existirían en muchas entidades estatales. Para enfrentarlas se precisa una transformación profunda de los sistemas institucionales de gestión y de control del Estado y una mayor profesionalización y despartidización de la burocracia que incentive el buen desempeño.
En el reciente gabinete ampliado, el Presidente ha pedido acciones para combatir el “burocratismo” y la “microcorrupción” que estarían erosionando el trabajo de las instituciones estatales. Se ha solicitado a los ministros y altos funcionarios implementar medidas para aumentar la transparencia de la gestión, atender mejor a la población, agilizar las inversiones y castigar los casos de corrupción. Se ha anunciado también hace unas semanas que existirían, de ahora en adelante, delegados presidenciales en los ministerios para vigilar la transparencia.
Es loable esta preocupación por la calidad de la gestión pública, quizás alentada por los varios hechos de corrupción y de falta de idoneidad en el desempeño de sus responsabilidades que afectaron a varias entidades y gestores públicos en el último año. Efectivamente, este es un cáncer que perjudica la percepción ciudadana del trabajo del Gobierno pero sobre todo el buen uso de recursos para el desarrollo nacional.
Sin embargo, no basta con buenas voluntades o con un llamado a la conciencia o el “compromiso” de los funcionarios públicos para avanzar en esta cuestión. Hay que encarar una reforma profunda de los sistemas de gestión y de control del Estado de manera que se garantice un equilibrio razonable entre una mayor eficiencia, que podría implicar flexibilizaciones de ciertas normas, y mejores controles y sanciones para evitar las arbitrariedades.
La experiencia internacional indica que a veces la búsqueda de eficacia en la ejecución de recursos públicos a cualquier costo puede facilitar la corrupción, o, al contrario, que por transparentar y desconfiar de todos se bloquea la acción gubernamental. Por tanto, medidas aisladas o voluntaristas que no estén acompañadas de reformas bien pensadas y articuladas pueden ser remedios peores que la enfermedad.
Por otra parte, no es ninguna novedad que la creación de una burocracia profesional, bien remunerada y despartidizada es el más potente incentivo contra la flojera y la microcorrupción. Esta es una asignatura pendiente no solo del actual Gobierno, sino de casi todos los anteriores. Ojalá que la exigencia de “compromiso” a los funcionarios no sea malentendida y sirva de excusa para cerrar las puertas del Estado a ciudadanos que podrían contribuir con sus habilidades a la gestión pública, pero que no necesariamente comparten las posiciones del oficialismo. Compromiso, por supuesto, pero con el país.