Presupuestariamente se entiende como crédito externo al financiamiento que obtienen el Tesoro General de la Nación o las diferentes entidades públicas por concepto de préstamos monetizables y no monetizables de organismos multilaterales, otros países y de la banca privada internacional, mediante la suscripción de convenios de crédito bilaterales y multilaterales.

En los últimos 15 años, el país ejecutó aproximadamente Bs 42.000 millones de crédito externo en diferentes proyectos de inversión pública, principalmente en infraestructura caminera. El 66% de estos recursos fueron invertidos por intermedio de la Administradora de Caminos (otrora Servicio Nacional de Caminos), y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. Los principales financiadores de estos recursos de crédito externo son los organismos multilaterales. Por ejemplo, la CAF financió el 45% del total de los proyectos ejecutados; el BID, el 23%; y la AIF del Banco Mundial, el 10%. Además, a partir de 2006 se observa una mayor relevancia de la República Popular China en el crédito externo, con un financiamiento cercano al 10% del monto total ejecutado actualmente.

Resulta importante recordar que todo crédito externo conlleva un costo financiero para el país, siendo el interés promedio anual de un 1,64% para el caso de los organismos multilaterales, y un 2,54% para el crédito contraído con China. Por lo tanto, los beneficios de dichos proyectos deberían ser mayores a los costos. En tal sentido, se han desarrollado indicadores que permiten observar el impacto por cada unidad monetaria ejecutada en estos proyectos. Por ejemplo, en Bolivia ante el incremento del 1% de ejecución de crédito externo se logra un 0,22% de mejora en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas; así como una mejora del 0,03% en el Índice de Desarrollo Humano. Por otra parte, ante un incremento unitario porcentual del crédito externo se genera una mejora del 0,88% en el PIB per cápita.

Es decir que si bien se observa que el dinero obtenido por estas fuentes de financiamiento externo supone un costo financiero que el país debe cubrir, estos recursos generan un impacto favorable para la población mediante la ejecución de diferentes proyectos, principalmente en infraestructura caminera, y en menor medida de infraestructura en agua, saneamiento y salud, entre otros.

Cabe recalcar que la calidad de la inversión que se efectúa con estos recursos es la que de alguna forma garantiza este resultado, lo que lamentablemente no suele ocurrir con recursos de otras fuentes de financiamiento. Así, queda demostrado que invertir recursos financieros en sectores estratégicos, con base en criterios y controles de calidad ejecutados rigurosamente, el resultado no puede ser otro que el beneficio para todos nuestros ciudadanos.

A menudo nos preguntamos si es conveniente contraer una deuda u obtener un crédito, siendo que la pregunta de rigor sería, ¿por qué nos endeudamos? A nivel privado, las personas o las familias se endeudan, principalmente, para incrementar su tenencia de bienes o activos, o para poder financiar parcialmente algún tipo de actividad económica o algún emprendimiento en particular, siendo que esto, en definitiva, les puede permitir mejorar su calidad de vida.

A nivel público, el Estado se endeuda, esencialmente, para poder financiar parte de los requerimientos existentes en materia de inversión pública, que permitan atender la gran demanda de proyectos, tanto sociales (salud, educación) y de infraestructura (caminos y carreteras), como también productivos, entre otros, que nos conduzcan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio nacional.

En ese sentido, en los últimos 10 años, el Gobierno Nacional presupuestó cerca de Bs 46.000 millones correspondientes a la fuente de financiamiento Crédito Externo, que son recursos de financiamiento que obtienen el Tesoro General de la Nación, los gobiernos autónomos departamentales, municipales y otros por concepto de préstamos monetizables y no monetizables obtenidos de organismos, países y de la banca privada internacional, mediante la suscripción de convenios de crédito, bilaterales y multilaterales. De estos recursos, cerca de Bs 32.000 millones fueron ejecutados en ese mismo periodo, es decir, el 69%.

Cabe destacar que, en 2006, más del 26% de los recursos de inversión pública que se ejecutaban en el país provenían del crédito externo, siendo que para el 2015 ese “peso relativo” disminuyó al 17%; aspecto que refleja la menor dependencia que hoy en día se tiene por parte del financiamiento externo, considerando que, de cada $us 10 invertidos en el país en algún proyecto, solo $us 2 los financia algún acreedor internacional. Sin embargo, las nuevas obligaciones contraídas con el Gobierno de la República Popular de China seguramente cambiarán este panorama, aspecto que comentaremos en otra oportunidad.

Además de lo antes mencionado, es importante poder revisar el crecimiento del presupuesto de Crédito Externo, que, en promedio, se ha incrementado anualmente en un 25%, considerando de igual forma los últimos 10 años de esta gestión gubernamental. Empero, cabe destacar que estos recursos no se obtienen sin ningún costo de oportunidad, ya que existen ciertas condiciones a la hora de contraer un crédito, que deberán ser cumplidas en los plazos y bajo los criterios y obligaciones monetarias que éstas impliquen.

Por lo tanto, ¿endeudarse para qué? Sin duda, para poder invertir en proyectos que tengan impacto no solo en el crecimiento económico, sino sobre todo en el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de nuestro país. Es decir, lo ideal es endeudarse para encarar proyectos en salud, educación, servicios básicos, desa-rrollo rural y productivo; antes que para construir estadios, canchas de fútbol o complejos recreativos. Valga decir, si vamos a contraer un crédito, el Estado debe tener una lógica similar a la del padre de familia, mejorar las condiciones de vida de sus hijos, es decir, de todos y cada uno de los bolivianos que habitan en este país. 

* Claudio Gonzales Selaru es economista, docente universitario.

En los últimos años, el buen desempeño económico de nuestro país nos ha permitido encabezar los rankings de crecimiento económico a nivel regional, más aún si consideramos que en la gestión pasada la tasa de crecimiento del PIB fue del 5,4%, posicionándonos en lo más alto. Es más, según estimaciones oficiales, para este 2015 tendremos nuevamente el mayor crecimiento de la región, y esta vez por segundo año consecutivo, pues se espera un crecimiento aproximado del PIB del 5%.

El Gobierno Nacional atribuye estos resultados principalmente a la demanda interna, observando la situación no tan alentadora en el contexto internacional. En este sentido, se considera a la inversión pública como la locomotora del crecimiento, tomando en cuenta los esfuerzos en materia de inversión pública efectuados durante los últimos años; cifras a las que nos vamos a referir a continuación, para evidenciar las características de la así denominada “locomotora”.

Resulta, amable lector, que en la última década se ejecutaron más de Bs 143.000 millones por concepto de inversión pública, destinados a inversión productiva, infraestructura e inversión social, entre otros. La tasa de crecimiento promedio anual del gasto de inversión fue del 54%, cifra que refleja claramente la orientación de la política pública del Gobierno con respecto a la demanda interna y a su “propia locomotora”. Sin embargo, llama la atención que en este mismo periodo el Índice de Desarrollo Humano (IDH) se hubiese incrementado solamente en 0,031 puntos, hasta alcanzar un índice de 0,667 en 2014; es decir, un incremento promedio anual del 0,5%.

Este aspecto nos invita a pensar que los recursos que se emplean, año tras año, en inversión pública no están teniendo el impacto que a priori se esperaría, siendo que en este caso no solo nos interesa la cantidad del gasto, sino también la calidad, considerando que en promedio el 31% de la ejecución de este presupuesto corresponde a inversión social, es decir, a proyectos en salud, educación y saneamiento básico, que contribuyen directamente al desarrollo económico del país.

Sin embargo, en cada gestión se utilizan importantes montos para la construcción de canchas de fútbol, sedes sociales, centros de recreación, etc., que ciertamente no deberían ser prioridades en la toma de decisiones, más aun si se consideran las metas y objetivos de desarrollo, que requieren importantes sumas de dinero para mejorar el nivel de vida de los agentes económicos del país. Sin duda solo se podrá alcanzar estas metas de desarrollo priorizando la calidad en el uso de los recursos de inversión pública, es decir, desde la perspectiva de la calidad del gasto en inversión. 

Un nuevo año supone nuevos desafíos, nuevos emprendimientos y expectativas de mejora en la vida cotidiana de todos los agentes económicos de nuestro país. Cuando hablamos de expectativas, sin duda los trabajadores asalariados del sector privado ya empiezan a pensar en lo que les espera este 2015 en cuanto al nuevo incremento salarial, considerando que en las últimas tres gestiones se tuvo un incremento promedio de 8,6% (8% en 2012, 8% en 2013% y 10% en 2014). No dejemos de lado los incrementos salariales para los funcionarios del sector público, que en promedio superaron el 8% anual en este mismo periodo.

Sin duda, el amable lector estará justificando (con obvias razones) que este incremento se debe principalmente a la inflación, que año tras año va “castigando” los bolsillos de los hogares de estos mismos asalariados; por lo tanto, este incremento es una respuesta efectiva a la pérdida de poder adquisitivo que se sufrió en cada hogar.

Si bien todos estos argumentos son económicamente importantes, hay un aspecto muy de fondo que hemos olvidado, y en el cual lamentablemente no se ha trabajado. Este aspecto es el de la productividad marginal del trabajo. La productividad puede ser entendida como la eficacia con la que el trabajo humano produce sus condiciones materiales de vida, o dicho de forma más simple, productividad es sinónimo de rendimiento, en este caso de rendimiento laboral.

Por lo tanto, al incrementar anualmente el salario, considerar adicionalmente un segundo aguinaldo, entre otros beneficios, hace que nuestros recursos humanos perciban cada vez mayores ingresos por el mismo trabajo que vienen realizando, con el mismo rendimiento laboral que tuvieron todos los años, incluso en el pasado, donde sus ingresos por este concepto eran menores.

Lamentablemente, el hecho de no incentivar una mejora de esta productividad marginal genera, en términos agregados, que nuestro país sea cada vez menos competitivo, por cuanto nuestra mano de obra está mejor pagada por producir exactamente lo mismo de siempre.

Este aspecto debería incentivar a los tomadores de decisión a generar un ámbito formal, continuo y sostenible en materia de formación y capacitación de recursos humanos en los diferentes sectores, que vaya mucho más allá de la simple implementación de un programa coyuntural, pues debemos considerar que el salario no es una retribución a las necesidades que puede tener un trabajador en particular, sino que es una retribución al esfuerzo, y principalmente al rendimiento que éste pueda llegar a tener. Por lo tanto, todos los beneficios deberían estar orientados a “premiar” justamente este aspecto, el de la mejora de la productividad marginal.

Hay que considerar que este 2013 es un año bastante importante por muchas connotaciones, sobre todo de orden económico y también político. Es un año preelectoral, lo que hace que las autoridades estén pendientes de reflejar una buena gestión que garantice —por qué no— su posterior y próxima reelección. Pero sin duda alguna este 2013 (o al menos lo que queda de él) está invitado a ser un año donde la inversión, principalmente pública, sea significativa para el país.

Debemos considerar, estimados lectores, que hoy en día la principal diferencia entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo es la infraestructura que poseen los primeros, a diferencia nuestra, sin olvidar también el grado de equipamiento, de desarrollo tecnológico, capacitación, etcétera.

Las asimetrías estructurales en infraestructura —ya sea caminera, social (donde se consideran sectores como salud, educación, etc.) o productiva— son determinantes a la hora de reducir las brechas entre naciones, y así poder ser un país más desarrollado, que le pueda brindar mejores condiciones de vida a todos y cada uno de los bolivianos.

Huelga recordar que la inversión en caminos, en carreteras, hace que los costos de transporte se abaraten; evita además que nuestros productos estén días enteros en tránsito, en rutas inadecuadas, poniendo en peligro su buen estado y calidad cuando se trata de alimentos, etc. Hecho que sin duda repercute a la hora de competir en los mercados nacionales e internacionales.

Además, la inversión pública debe reflejar un impacto favorable e importante en salud, educación y en desarrollo productivo; puesto que solamente de esta forma los niveles de bienestar de la población, en especial de los estratos con escasos recursos, podrán ir paleándose, a medida que el tiempo pase, logrando la tan ansiada meta de un mayor desarrollo económico del país.

Por lo tanto, no debemos olvidar que el éxito de este proceso está exclusivamente en manos de las autoridades que toman decisiones, ya sea que formen parte de un gobierno municipal, departamental o de una institución pública nacional. Todas estas instituciones gubernamentales deberían reflejar un alto nivel de ejecución del gasto en inversión, más aún si consideramos que para esta gestión se asignaron $us 4.648 millones para tal efecto. Siendo esta cantidad de recursos la más alta de la historia del país en esta área de las finanzas públicas.

Asimismo, cabe señalar que el crecimiento del mencionado presupuesto en inversión pública (de $us 629 millones en la gestión 2005 hasta los $us 4.648 millones actuales, más de siete veces) implica que la falta de recursos económicos ya no sea un problema. Por lo tanto, la ejecución óptima de estos recursos por parte de las autoridades competentes es la última tarea pendiente, puesto que hasta el primer semestre de este año sólo se ejecutaron $us 1.191 millones, es decir un 26% del total. Es así que esperemos que al concluir la presente gestión se obtengan resultados eficientes, considerando la importancia que tiene el uso de estos recursos, por lo que consideramos que a estas alturas del partido todas las autoridades deberían estar, como dice el pintor, “con las manos en la obra”.