El organismo de la justicia en Brasil tiene dimensiones gigantes en términos institucionales, presupuestarios, meritocráticos, tradición y sobre todo poder. Las sentencias judiciales, en algunos casos, son superiores a las decisiones del Poder Legislativo. En manos del Supremo Tribunal Federal están las investigaciones sobre el mayor esquema de corrupción de políticos, conocido desde 2014 como la Operación Lava Jato. Ese nombre proviene en analogía a la red de surtidores de gasolina que tienen también lavado de autos. Lava a jato, en portugués, hace referencia al lavado de la chapa de los vehículos.
El tamaño de las coimas de corrupción que involucra a los políticos brasileños es inimaginable. En 2016, las facciones opositoras al gobierno de Dilma Rousseff habían dado carga culpabilizando de la corrupción y de la crisis económica contra el principal partido oficialista, el PT, creando un ambiente de derrocamiento. De ese papel se encargó un poderoso esquema político, económico y mediático. Según los allegados de la expresidenta Dilma, el principal patrocinio fue de la Federación de las Industrias de São Paulo, la Red Globo y partidos políticos de derecha.
En el parlamento, los artífices de la destitución de Rousseff no fueron los partidos de la oposición, sino irónicamente fue un partido cogobernante. Ellos se encargaron de abanderar el derrocamiento, se trata del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). El actual presidente interino, Michel Temer, y el expresidente de diputados Eduardo Cunha se convirtieron en principales impulsores del llamado golpe parlamentario. Cunha ya fue destituido de sus fueros y está siendo procesado. El PMDB ha cogobernado Brasil con alianzas desde la gestión de José Sarney (1989), se caracteriza por ser la mano invisible de los gobiernos de turno. En 2016 optaron por dar la cara.
Los analistas coinciden que después de la muerte, en accidente aéreo, del juez federal, Teori Zavascki, (19/01), está en riesgo la desclasificación de pruebas confidenciales del Lava Jato anunciado por Zavascki. El difunto juez era el relator de la investigación. La desclasificación, se dice, involucraría peligrosamente al propio actual presidente interino. El acceso a dicha información inclusive puede generar en el país un estallido de movilizaciones por elecciones anticipadas.
Pero, al parecer no están preocupados en el PMDB y los partidos de derecha porque, constitucionalmente, el propio Temer nombraría al juez sucesor. Se barajan hasta nombres. Esta situación coloca en mucha incertidumbre y entredichos al país. Muchos se preguntan, ¿será que un investigado puede nombrar al investigador? Al parecer los resultados de la investigación del Lava Jato, inicialmente utilizado y apuntados para derrocar al gobierno de Rousseff y desgastar el liderazgo del expresidente Lula da Silva, hoy termina apuntando con mayor fuerza de evidencias a los derrocadores del gobierno constitucional. Los más corruptos habían derribado a Rousseff, a quien hasta ahora no se le muestra ningún delito cometido.
El ambiente de la polémica ha motivado también a la industria cinematográfica, se vienen preparando películas documentales inspiradas en los acontecimientos más controvertidos de 2016: la Operación Lava Jato y el impeachment (golpe parlamentario) contra la expresidenta Dilma.
Es doctorante, Université Sorbonne, París.