La Constitución de 2009 plantea un régimen económico plural, en el que conviven la economía estatal, privada, social cooperativa y la comunitaria. Es decir, todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de ser apoyados y fomentados por el Estado en nuestra actividad económica. En el periodo neoliberal (1985-2005), las calles del país se llenaron de personas dedicadas al comercio informal, debido a las políticas macroeconómicas de ajuste fiscal y el desempleo que las acompañan, tal como está ocurriendo hoy en Argentina. Esta situación, que duró más de 20 años, no ha podido ser revertida hasta ahora, a pesar de las transferencias directas (bonos sociales) e indirectas (subvención de hidrocarburos) ejecutadas por el actual Gobierno. Aún se pueden ver niños, niñas, jóvenes y sus padres trabajar diariamente para cubrir sus necesidades básicas, sin poder salir de esta situación. Ciertamente los niveles de pobreza han disminuido gracias a las políticas sociales de los últimos años, pero estos trabajadores informales siguen solos en su lucha diaria, quizá sin la esperanza de un futuro mejor. ¿Qué se puede hacer?

Es momento de acordarse de aquellos que no tienen un empleo asalariado, con seguridad social. Estas personas, a pesar de trabajar arduamente, no pueden acceder a préstamos bancarios, precisamente por su carácter informal. Sin embargo, el Estado tiene una entidad financiera, el Banco Unión, el lugar ideal para que puedan acceder, aunque marginalmente, a los beneficios que conlleva un trabajo formal, recibiendo por ejemplo créditos solidarios, debidamente asegurados, por un monto no mayor a Bs 10.000, a una tasa de interés del 1% anual y a dos años plazo.

Con este beneficio, la calidad de vida de muchos de estos hermanos y hermanas que batallan diariamente sin horario seguramente mejoraría. Por ejemplo, según un sondeo de opinión realizado a más de 100 trabajadores, muchos de ellos cambiarían el techo de sus viviendas “porque entra agua”, harían una habitación adicional para superar el hacinamiento, pondrían un puesto de comida o comprarían herramientas de trabajo. Es decir, invertirían en la escala de sus necesidades. Por otro lado, pagarían su deuda puntualmente, porque en Bolivia está demostrado que la gente humilde es buena pagadora si no es víctima de usuras, con tasas del 50% de interés anual, como en el caso de los microcréditos.

Este tipo de crédito debería ser solidario. Es decir, podrían formarse grupos familiares entre vecinos para fortalecer el control y la responsabilidad. Asimismo, se renovaría el carácter comunitario, que si bien casi ha desaparecido por las políticas de municipalización, aún perviven en el ser de nuestra gente. Se trata de una tarea pendiente que con seguridad reduciría aceleradamente los niveles de pobreza, ya que estos hermanos y hermanas no necesitan dádivas, sino oportunidades para trabajar y vivir dignamente.

Si se revisa la Ley 1178 del 20 de julio de 1990 y sus normas reglamentarias, de las cuales la primera salió cinco años después de su promulgación (1995) en pleno auge neoliberal, se basa en un Estado regulador y sin participación en la economía, cediendo ese rol a la iniciativa privada, confiando sobre todo en la empresa transnacional que mediante privatizaciones —capitalización— se hizo cargo de empresas estratégicas y de alta rentabilidad como YPFB, Entel, ENDE, etc. destruyendo el aparato y la memoria productiva del país, que costó décadas construir.  

Obviamente es una normativa que no se adecua al proceso de cambio que vive el país desde el 2006. Su estructura, supuestamente con base en la teoría sistémica, señala 8 sistemas de administración y control gubernamental: Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Personal, Bienes y Servicios, Control Interno y Externo Posterior, temas que antes se manejaban muy bien sin la rimbombancia sistémica, que por otra parte no funciona así y menos logró la modernización de la gestión pública.

Al ser una ley de más de 27 años, está totalmente descontextualizada frente al avance tecnológico y en la práctica sistémica que vivimos hoy, donde se realizan todo tipo de operaciones administrativas, financieras y de control en línea. Quizá por eso, el presidente Evo en su informe de gestión ha pedido propuestas para desburocratizar la gestión pública, seguramente porque siente en el día a día la obsolescencia de la Ley 1178. Pero no solo él, también el servidor público, que tiene por ejemplo que hacer su propia planificación operativa anual individual (POAI), no me imagino la tarea de seguimiento del área de planificación y personal al cumplimiento del mismo, si se lo hace rigurosamente.

Para desburocratizar es necesaria una nueva ley de gestión pública, que no se pierda en la minucia, herramienta del burócrata para frenar las políticas, una ley de gestión pública con enfoque plurinacional, que rescate las visiones de los hombres y mujeres que habitaron esta tierra bajo visiones como el suma qamaña, el ñandereko, el teko kave, el ivi maraei y el qhapaj ñan, visiones que no han podido ser superadas por la modernidad y civilización occidental. Visiones que fragmentariamente hoy nos garantizan la seguridad alimentaria, nos enorgullecen a través de los tejidos, las cerámicas y la música. Es pues importante una normativa de gestión pública que coadyuve al cumplimiento de políticas de Estado y no de grupos corporativos, así avanzaremos como país. Su importancia radica en transparentar el buen y eficiente uso de los recursos para que no se dilapiden en proyectos que no favorecen a las necesidades esenciales de la sociedad.

Una educación liberadora que forme niños y niñas creativos y solidarios, una alimentación digna, una producción que no explote la naturaleza sino conviva con ella. La tarea no es fácil, porque el mercado e individualismo en más de 20 años de neoliberalismo parece haber calado profundo en el accionar público y más con la vigencia de la 1178. Somos ancestrales productores de la papa en sus cientos de variedades, del maíz, de la quinua, alimentos que el mundo los ha hecho propios, que más potencia y competitividad productiva como país, y que la gestión pública debería dinamizar y multiplicar en un mundo que se debate en crisis de sobreproducción, de contaminación y destrucción de la naturaleza. 

La Cumbre Agropecuaria es una oportunidad para dar un cambio de timón que garantice que las más de 10 millones de personas que habitamos en Bolivia nos podamos alimentar de manera digna y que podamos rescatar la biodiversidad productiva adormecida por siglos de colonización. Hoy por hoy la dieta de la mayoría de nuestros conciudadanos es por demás deficiente, con sus consecuencias en términos de enfermedades que van desde la obesidad y mal nutrición. En tal sentido, debe identificar cuál es la mejor política alimentaria que debe llevar adelante el país. Somos solamente 10 millones de habitantes, no 20 ni 100, menos 200, por lo tanto, no puede ni debe haber niños desnutridos, y menos personas que pasen hambre.

En segundo lugar está el rescate de alimentos de alto valor nutritivo que en toda la geografía patria existen, desde frutas como el achachairú, el copuazú, tubérculos como la aricoma, la ajipa, la oca, verduras como el oqoruro y una infinidad de variedades ocultas en el mercado. Asimismo, cumbres como la de la semana pasada representan una gran oportunidad para tratar el problema de la producción agrícola transgénica. No es desconocido que ésta responde a la producción transnacional de alimentos, en la que el objetivo es la ganancia a partir del abastecimiento masivo y controlado geopolíticamente de miles de millones de habitantes, con grandes ganancias para los monopolios de semillas transgénicas, empresas que las modifican permanentemente y que generan una dependencia que no solo implica a las semillas, sino también a los pesticidas que agotan irreversiblemente la Madre Tierra. El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), ente gubernamental que ha recibido recursos nacionales para llevar adelante procesos de mejoramiento de semillas de papa, maíz y arroz que resistan los fenómenos propios de la agricultura como heladas y plagas, ya ha dado sus primeros frutos. Es en esta instancia que se debe garantizar la seguridad alimentaria del país y de la región.

No podemos perder la oportunidad de eliminar el hambre y la mala alimentación, es momento del óptimo aprovechamiento de la variedad de alimentos que nos ofrece la Pachamama. Está claro que el problema no pasa por la cantidad, sino por la calidad. Si se quieren generar recursos externos, una política de producción de alimentos agrícolas para la cocina internacional “gourmet” es la forma más geopolítica de hacerlo, el ejemplo de la quinua es evidente. Garanticemos el futuro de nuestra sociedad, de nuestros hijos, creando en todas las regiones del país bancos de germoplasma, que representarán las mejores divisas de Bolivia. Ya decía Zavaleta Mercado, un país es lo que come. Es hora de combinar los saberes ancestrales con la ciencia y tecnología al servicio de la sociedad.