La canciller alemana Angela Merkel será candidata de su partido de centroderecha para una cuarta gestión consecutiva al frente del Estado. De ser electa, replicará el récord de su antecesor Helmut Kohl, quien gobernó durante 16 años. Sorprende un poco que nadie reclame por esta falta de “alternabilidad democrática”.
Es tentador pensar que se trata de una anomalía de continuismo político arraigado en la vieja tradición personalista y autoritaria de la derecha alemana, pero resulta que Margaret Thatcher también gobernó tres veces nada menos que en la cuna del liberalismo, sin que hubiese una limitación institucional para impedirle un cuarto mandato. Lo propio con Pierre Elliott Trudeau, padre del actual Primer Ministro canadiense, quien gobernó desde el 20 de abril de 1968 hasta el 4 de junio de 1979, y posteriormente, desde el 3 de marzo de 1980 hasta el 30 de junio de 1984.
La verdad es que la tan mentada “alternabilidad democrática” no es un requisito sine qua non de la democracia representativa, sino una bandera levantada por el oportunismo opositor cuando se trata de descalificar la candidatura de un gobernante con fuerte y sostenido respaldo electoral. Otra cosa es pensar la alternabilidad democrática como algo deseable desde el punto de vista del desarrollo democrático como proceso de institucionalización política. Es decir, considerar si el cambio periódico y frecuente de gobernantes es preferible en la medida en que la institucionalidad estatal democrática se fortalezca. Esta perspectiva viene de la sociología de Max Weber, para quien la modernización política implica necesariamente el reemplazo de vínculos y valores personalizados por las normas e instituciones impersonales del Estado. Aquí sobresale el valor de las normas y reglas, por encima del carisma, la personalidad o la virtud del gobernante. El problema en este caso es que en democracia el principio y cualquier práctica de alternabilidad no pueden estar por encima de la soberanía popular. Es decir, cuando el gobierno es electivo, la alternabilidad debe interpretarse como el derecho que posee el pueblo de cambiar a un gobernante, si así lo decide, y no como la obligación de cambiarlo.
Ahora bien, es más plausible buscar la alternabilidad cuando se trata de un gobierno que ha surgido desde abajo, y ha promovido e institucionalizado la participación ciudadana más allá de su representación en el Estado. Con mayor razón, si lo que se busca es institucionalizar y profundizar los cambios estructurales que se han logrado efectuar, sin caer en la burocratización, para lo cual se requiere la continua formación y rotación de nuevos dirigentes. Por paradójico que parezca, en este caso el cambio de liderazgo promueve la continuidad del proceso.
Esto nos recuerda que la democracia no es solamente una forma de gobierno popular, sino una forma de organización estatal. Y no hay que olvidar que en nuestro caso, incorpora una dimensión participativa y corporativa con las consiguientes ventajas y desventajas: mayor democracia social pero mayor potencial de tensiones entre aquella parte de la sociedad limitada en la práctica al voto individual y la parte reconocida políticamente en instituciones participativas.