La semana pasada, al conocerse la decisión del Gobierno Departamental de La Paz respecto del diferendo por límites entre los municipios de La Paz y Palca, diferentes juntas vecinales se pronunciaron en contra de la determinación adoptada, unos porque no quieren dejar de pertenecer a la sede de gobierno y los otros porque no quieren perder territorio. El conflicto está servido.
Apenas terminado el feriado de Carnaval, el Control Social del Distrito 19 (en el Macrodistrito Sur) anunció que al menos 10 barrios de esa zona dejarían de pertenecer al municipio de La Paz, con lo que no están de acuerdo; “hemos dejado en claro que pertenecemos a La Paz, porque pagamos nuestros impuestos aquí y recibimos beneficios en este municipio”, dijo la presidenta de esa organización.
En la otra orilla, la Federación de Juntas Vecinales de Palca también se manifestó en contra de la Resolución Departamental 1059, que especifica los límites para terminar con el diferendo. El presidente de la Fejuve palqueña, además de calificar como “traidor” al gobernador porque “afecta a su gente”, amenazó con bloquear la sede de gobierno desde ayer, amenaza que afortunadamente no se cumplió, pero que podría iniciarse el jueves.
Al respecto, el Director de Límites de la Gobernación afirmó que las medidas de presión no tienen razón de ser, pues la norma sobre la que se basa la resolución contempla al menos una otra instancia de apelación, la cual será empleada por el Gobierno Municipal de Palca, según anuncio de su alcalde.
Las autoridades locales de ambos municipios tomaron diferentes caminos para reaccionar al desarrollo de esta nueva etapa en el diferendo. El gobierno local de La Paz anunció la conformación de una comisión específica para analizar la resolución y sus previsibles consecuencias, mientras que el de Palca, además de anunciar que apelará ante el Viceministerio de Autonomías, dijo que esta vez está dispuesto a conciliar.
Con todo, no debe perderse de vista que es poco probable que existan, en La Paz o en cualquier otra ciudad del país, juntas vecinales verdaderamente autónomas y libres de intereses particulares, lo que explica la virulencia de las amenazas de sus dirigencias (en este y en otros casos). Convendrá recordarles a los dirigentes que, sin importar el tamaño de su enojo, primero deben recorrer vías institucionales.
Se abre, así, un momento auspicioso para La Paz, pues ya sea por la vía de la resolución (mal llamada “unilateral” por el Viceministro de Autonomías) o por la de la conciliación (que no fue posible en ocho reuniones, según el gobernador paceño), es posible que los interminables conflictos de límites en la ciudad sede de gobierno encuentren una solución duradera y, sobre todo, legal, mal que les pese a quienes han medrado de esta falta de claridad.