En últimos días he recibido un montón de preguntas sobre la votación del 28 de febrero en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la cual Rusia y China vetaron el proyecto de resolución que imponía sanciones contra Siria. Bolivia también votó en contra del proyecto, mientras que Egipto, Kazajstán y Etiopía se abstuvieron. Después, en los medios de comunicación occidentales circularon una serie de publicaciones que criticaban a Rusia por esta determinación. En Bolivia, los medios de comunicación, que se oponen al Gobierno, hicieron lo mismo.
¿Cómo valoramos este cuestionamiento? Como un nuevo intento de cargar la culpa en cabeza ajena. De hecho, la votación en el Consejo de Seguridad fue de carácter abiertamente provocativo. El proyecto de resolución para imponer sanciones contra varias personas físicas y jurídicas de Siria fue preparado a principios de diciembre de 2016, pero los coautores occidentales se abstuvieron de ponerlo a votación. Lo hicieron solo a finales de febrero, lo que coincidió con la reanudación de las negociaciones de paz en Ginebra.
Hicimos notar a nuestros colegas occidentales que este paso podría influir negativamente en la búsqueda de soluciones políticas al conflicto sirio. Pero ellos hicieron caso omiso de nuestras preocupaciones. Es decir, se trataba de un paso preconcebido, cuyas consecuencias políticas no preocupaban a los promotores de la resolución. Es evidente que su objetivo no consistía en buscar decisiones eficaces y mutuamente aceptables, sino en polarizar los enfoques y agudizar la situación.
Para Rusia y para otros países que valoran objetivamente la situación con el empleo de las armas químicas en Siria e Irak, resulta absolutamente inaceptable la propia concepción del documento presentado por Gran Bretaña, Francia y EEUU. El proyecto de resolución es de carácter desequilibrado y unilateral. La lista de personas físicas y jurídicas de Siria contra las que se propone imponer sanciones no se basa en los informes del Mecanismo Conjunto de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), respecto a la investigación elaborada sobre el presunto empleo de armas químicas en Siria (MCI), y es absolutamente arbitraria.
No cabe duda de que tales iniciativas, en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, pueden tener una influencia muy negativa en las perspectivas del arreglo político en Siria. También se verían afectados los esfuerzos dirigidos a establecer el diálogo entre las partes del conflicto sirio que empezaron a emprenderse de modo eficaz en Astaná.
Desde el punto de vista jurídico, las acusaciones no contienen hechos probatorios con base en los que se podría presentar acusaciones no solo contra Damasco, sino también contra el Estado Islámico. Además, las sustancias tóxicas se emplean con frecuencia en Siria por el Frente al Nusra, así como también por numerosos grupos de la oposición armada con fines provocativos, entre otras razones, para desacreditar a las Fuerzas Armadas y a las autoridades de ese país.
También se puede calificar esta iniciativa como provocativa porque los coautores del proyecto sabían perfectamente que no iba a ser aprobado en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque Rusia lo vetaría. Sin embargo, no renunciaron a ponerlo a votación. El objetivo es evidente: intentar presentar a Rusia como país que encubre los crímenes supuestamente cometidos por el Gobierno oficial de Siria. Con todo esto, se divulgó con entusiasmo la tesis que era imposible dejar sin castigo el empleo de armas químicas, que los responsables no deberían quedar en la impunidad.
Compartimos la última tesis: el problema consiste en que no hubo pruebas más o menos convincentes de que Damasco y sus representantes eran los responsables. El anexo del proyecto de resolución contenía una lista de cargos oficiales y organizaciones en relación con los que se proponía imponer sanciones. Mientras, estas listas no tenían ningún sustento.
Cabe destacar que el uso del derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU es una medida extrema a la que se puede recurrir solo si no hay otra opción. Y naturalmente, para tomar la decisión de votar en contra es necesario tener la voluntad política y un sentido excesivo de responsabilidad, de lo que no todos pueden jactarse en el mundo actual. Por eso, cuando varios socios occidentales o los medios de comunicación intentan presentar algunos cuestionamientos al respecto, no tenemos motivos para sentirnos confusos o incómodos. Al contrario, podemos sentir orgullo por nuestro país, que se muestra capaz de contrarrestar decisivamente a tales iniciativas, a pesar de una fuerte presión propagandista.