Después de varias décadas de confusión, solo un presidente con muchas agallas y un sentido muy claro del significado de las palabras soberanía y dignidad, como es Evo Morales, ha sido capaz (mediante la promulgación de la Ley General de la Hoja de Coca) de poner las cosas en su lugar: la hoja de coca es una cosa y el narcotráfico, otra.
La demonización de la hoja de coca comenzó con fuerza en la década de los 70 a causa del tráfico de cocaína, y ocasionó que en 1988 se promulgase la Ley 1008, una norma impuesta por Estados Unidos a Bolivia cuyo propósito era reprimir el narcotráfico, pero que además ponía a la hoja al margen de la ley limitando su cultivo y con la clara intención de penalizar su producción. Desde entonces, la hoja de coca fue el factor central de la “negociación” anual de la ayuda de Estados Unidos a países latinoamericanos, siendo la reducción de los cultivos decisiva para que la nación del norte apoye o no económicamente a los países latinoamericanos, los que podían ser penados con la famosa “descertificación” en caso de incumplir sus exigencias.
La Ley 1008 confundió la producción tradicional con un delito de dimensiones internacionales. Es vergonzoso recordar aquellos tiempos de indignidad y mendicidad de los gobiernos bolivianos, que en su afán de erradicar cultivos, no dudaron en traer tropas estadounidenses y permitieron que se asesine a cultivadores de la hoja, tan ciudadanos bolivianos como cualquiera. Paradójicamente, aunque Bolivia es el país con mayor consumo tradicional de coca en la actualidad, no es el mayor productor de la hoja en el mundo, sino que ocupa el puesto número tres.
El akulliku era una práctica frecuente desde la época de Tiwanaku, lo que está probado por los bolos de coca en el pómulo de varios vasos-retrato correspondientes a dicha civilización, según explica el arqueólogo Carlos Ponce Sanginés en su libro Tiwanaku: Cosmovisión y religión (2003).
Otras pruebas del uso milenario de la coca la constituyen los asentamientos precolombinos en las zonas cocaleras, ya que cuando Tiwanaku era un Estado, entre los años 374 y 1187 de nuestra era, la coca era cultivada en las actuales provincias de Larecaja, Inquisivi, Nor y Sur Yungas del departamento de La Paz. Uno de los sitios tiwanacotas más extensos en los que se cultivaba coca era Pasto Grande, en la actual provincia Sur Yungas, y que abarca 250 hectáreas con un potencial de producción de 561 toneladas métricas de coca anuales, cantidad suficiente para el akulliku de 200.000 personas.
Desde los Yungas, la coca era distribuida hasta el Pacífico, cubriendo la costa y valles aledaños. Se han encontrado representaciones con el bolo de coca y a la misma hoja en tumbas en diversos lugares de la costa, por ejemplo en Pica, norte de Chile.
Fuera del akulliku, está ampliamente documentado que en la época precolombina la coca se utilizó para el tratamiento de varias enfermedades, con finalidades adivinatorias y en ofrendas a las deidades. Por sus propiedades químicas y farmacológicas, era utilizada para aliviar dolores de muelas, estómago y acidez estomacal (en infusión), como cataplasma en sitios adoloridos del cuerpo y para bajar la fiebre.
El consumo de la coca continuó durante el inkario, la Colonia y llegó a la época republicana, hasta que en la última parte del siglo XX, la producción de la hoja sagrada fue tomada como rehén por intereses extranjeros y utilizada como factor de chantaje y humillación a los países andinos.
La hoja de coca es curativa, un símbolo de nuestra identidad, y su consumo se remonta a lo más profundo de nuestra historia. Por eso, el 8 de marzo de 2017 es un día histórico, porque la nueva ley no solo reconoce a la planta como patrimonio cultural, sino que además busca regular la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de coca.