Recientes decisiones judiciales sobre la situación de exautoridades opositoras han generado cuestionamientos y la puesta en marcha de denuncias ante organismos internacionales. Sin prejuzgar la solidez de estos procedimientos, hay que cuidar al máximo el cumplimiento del debido proceso en estos casos, por cuanto pueden dañar la confianza ciudadana y la imagen del país.
En las últimas semanas se asumieron decisiones judiciales que han afectado a líderes y a exautoridades opositoras. Es el caso del exgobernador del Beni Ernesto Suarez, quien fue enviado a la cárcel de Mocoví con detención preventiva, después de una sorpresiva decisión del juez José Pedro Carvalho, quien atiende su caso. Esta determinación motivó críticas severas de sectores opositores, así como el anuncio de la presentación de reclamos y denuncias a organismos internacionales.
No es la función de este medio prejuzgar la inocencia o la culpabilidad de ningún ciudadano, hay que respetar, en todo momento, el trabajo de las instancias jurisdiccionales, por muy imperfectas que éstas parezcan, así como desechar suposiciones sobre su labor que no se basen en argumentos objetivos. El trabajo de los jueces debería estar desligado de cualquier otra consideración que no sean los hechos y las pruebas. Un principio fundamental de cualquier democracia es que todos somos iguales ante la ley, y que todos debemos someternos a ella.
El cumplimiento estricto y transparente de ciertos procedimientos y tiempos judiciales es lo que nos demuestra que existe un “debido proceso”. Cuando se instala en la sociedad la percepción de que los órganos judiciales actúan arbitrariamente, se equivocan o generan decisiones ambiguas, se va perdiendo la confianza en ellos. Hay que preocuparse cuando los jueces o fiscales toman decisiones que son poco claras o que tienen fundamentos rebuscados o poco plausibles.
Se ha repetido hasta el cansancio que la utilización ligera y abusiva de la detención preventiva es uno de los tumores cancerígenos de nuestro sistema judicial. No es un consuelo decir que este mal afecta a todos por igual. En ambas situaciones son excesos que no deberían suceder. De hecho, el Ministro de Justicia e influyentes diputados oficialistas han prometido que el nuevo Código Penal limitará estos desajustes; enhorabuena. Pero, mientras tanto, siguen sucediendo situaciones en las que se aplican detenciones preventivas con justificaciones y argumentos cuestionables.
Cuando estos disfuncionamientos afectan a personajes públicos, la situación es aún más dañina, toda vez que proyecta ante la comunidad internacional la imagen de un sistema judicial disfuncional y de una democracia boliviana de baja calidad. Al final, no importa si la política estuvo o no realmente involucrada, de todas maneras se siembra el descrédito institucional, y todos perdemos.