Voces

domingo 18 abr 2021 | Actualizado a 06:52

Los DDHH continúan siendo humanos

El tutelaje sobre nuestros cuerpos de mujeres sigue siendo un tema pendiente en el país

/ 15 de abril de 2017 / 01:18

El debate que hoy genera el aborto en Bolivia, a título de la elaboración del nuevo Código Penal, revela cuán lejos estamos las mujeres de gozar plenamente nuestros derechos. Al parecer, la “tutela” sobre nuestros cuerpos es todavía un tema pendiente, siendo con seguridad el nudo gordiano del patriarcado, donde se funda la dominación y exclusión. Para la reflexión comento dos temas: ¿por qué debemos justificar nuestros derechos?, y sobre el “aborto impune”.

Desde que iniciamos la conquista de la equidad de género en el mundo, las mujeres hemos realizado esfuerzos por demostrar que necesitamos el reconocimiento de derechos que debieran estar garantizados solo por el hecho de ser humanas. Estas últimas semanas asistimos a un fuego cruzado de argumentaciones, entre feministas, mujeres y personas que se oponen a los derechos en favor nuestro. Estos últimos intentan convencer a la sociedad de que la maternidad (no embarazo) es un hecho natural, instintivo e irrenunciable. Algo así como la barba o la calvicie, generando una confusión absoluta entre embarazo y maternidad, lo social y lo natural, aludiendo groseramente a ciencia y fe.

A su vez, diversas mujeres y movimientos feministas han presentado argumentaciones respaldadas en la muerte de mujeres por abortos clandestinos. Tarea compleja por la inexistencia de registros nacionales en este asunto, de allí que se deban realizar aproximaciones, proyecciones. El sistema de salud registra datos parciales, así como un dato oculto en hemorragias; para lograr mayores niveles de certeza se recuperan testimonios de féminas que abortaron y problemas que enfrentaron; y se identifican millones de razones que “respaldan” tal decisión. Lo cierto es que siempre debemos justificar el reconocimiento del derecho.

La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra la libertad y la igualdad como derechos inalienables; pero debemos buscar datos de muertes, orfandad, baja productividad, etc., justificando el reconocimiento de un derecho. Lo vemos en la política, en la economía y en todas las áreas de la vida. Pareciera que quiénes legislan se preguntan: ¿serán capaces?, ¿podrán manejar este derecho?, poniendo en evidencia el tutelaje del Estado patriarcal, de ayer y de hoy, sobre las mujeres.

La despenalización del aborto solo debe responder al derecho que tenemos las mujeres a la libertad (de pensamiento y acción), igualdad en derechos y a la toma de decisiones sobre nuestros cuerpos. En tal sentido, las mujeres no debiéramos demostrar cuán eficientes podemos ser en política, cuán productivas, buenas gerentes, etc.; pues nada de esto se demanda a los hombres, el mundo público es su dominio solo por su condición de humanos/ hombres.

El aborto impune supone una pequeña conquista, pero refuerza la idea de derechos “a medias”, el no derecho, el tutelaje del Estado patriarcal, pues toma decisión sobre nuestro cuerpo. Definir a la pobreza como causal para interrumpir el embarazo destruye el principio del derecho, pues se trata de un factor externo a la condición de ser mujer; y se agrava cuando se aprueba solo por una vez, pues lleva a extremos de políticas como la registrada en Rusia en febrero 2017, que permite la violencia contra las mujeres solo una vez al año. Es decir, se trata de algún grado de “benevolencia”, o de actuar sobre aquello que causa malestar social y no del reconocimiento de derechos.

Penalizar el aborto, incluso de manera parcial, devela déficits democráticos, pues la democracia debe reconocer la libertad y la igualdad a las familia desde el sistema político, en tanto debe impulsar la construcción de acuerdos entre iguales en derechos. Esto será posible cuando se reconozca a las mujeres como sujetas de derechos plenos, y no como mujeres tuteladas, solo humanas con derechos. 

Comparte y opina:

De compensaciones e impunidad

¿Cómo creer en un Estado que no nos cuida, en un sistema judicial que no nos brinda justicia?

/ 2 de agosto de 2017 / 04:12

Los últimos días hemos recibido una cantidad importante de noticias, por medios escritos, televisivos, redes sociales, respecto a la injusticia sufrida por Reynaldo Ramírez, quien fue sentenciado a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió, y después de dos años de estar recluido en el Penal de Palmasola fue liberado gracias a que un policía logró demostrar su inocencia, tras arrestar al verdadero asesino. Las muestras de indignación, rabia y desconsuelo sobre la Justicia no se dejaron esperar y salieron de todas partes. Finalmente Ramírez fue “recompensado” con un trabajo en el Ministerio de Justicia, que le ofreció el titular de esa cartera, Héctor Arce. Sin duda corresponde que el Estado trate de resarcir los daños que pudo producir alguno de sus órganos en la ciudadanía, aunque lo más importante sería garantizar que estas injusticias no ocurran.

Por otro lado, días atrás se difundió una noticia sobre María Isabel Pilco, quién falleció en noviembre de 2014 presuntamente por los brutales golpes que le habría propinado su pareja. Respecto a este caso, la Fiscalía señaló: “Como Ministerio Público hemos presentado la imputación contra el ciudadano David R. V., por el delito de feminicidio, después de encontrar serias evidencias de la autoría del fallecimiento de su pareja, María Isabel Pilco” (La Razón 4/11/2014). Luego de un juicio tortuoso, al parecer parcializado con el imputado (según lo denunciado por el Observatorio de Exigibilidad de Derechos de las Mujeres, el Movimiento Ni Una Menos y la UMSA), nos enteramos que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de La Paz, a la cabeza del juez José Luis Quiroga, dictó una sentencia absolutoria y decretó la libertad del acusado. Su supuesta “inocencia” se sostiene en una artimaña dantesca.

La pregunta es ¿cuál es el resarcimiento para los hijos que quedan huérfanos y para los padres cuyas hijas asesinadas nunca encuentran justicia? ¿Cuántos casos han quedado olvidados en la gaveta de un tribunal porque las familias se vieron obligadas a trabajar para poder mantener a nietos producto del feminicidio? ¿Cuántas Marías Isabel Pilco deben existir para que las autoridades de gobierno se movilicen? Es probable que las familias ni siquiera pidan compensaciones, quizás solo busquen la ansiada justicia, el saber que se reconoció y valoró la vida de sus hijas, madres, hermanas, y que el culpable cumple una sentencia.  

Sin embargo, la aplicación cotidiana de justicia revela, día a día, la brutalidad y los beneficios de los que goza el macho en la sociedad; que la vida de las mujeres no tiene valor; que jueces como José Luis Quiroga, quienes aplican las leyes pisoteando derechos, son innumerables. ¿Hasta cuándo las mujeres deberemos salir en defensa de las víctimas, incluso exponiendo nuestra propia vida, cuando jueces abusivos como Quiroga solicitan a la Policía que intervenga, reprima y saque a las “revoltosas” que solo buscan que se haga justicia? Estas acciones buscan esconder entre cuatro paredes los fallos que liberan a los presuntos feminicidas, pues no es posible desconocer que se trata de un caso de relevancia social al examinar el lamentable cuadro clínico de María Isabel Pilco, “cuyo cuerpo presenta lesiones gravísimas que le provocaron una hemorragia interna y externamente, hematomas y heridas por los golpes que le propinó Viscarra sobre todo la última semana, hasta llegar al trágico desenlace”, en palabras de la fiscal encargada del caso, Karina Cuba, (La Razón, 4/11/2014).  

Ahora nos gustaría escuchar las voces airadas, rabiosas, de ministros que salen en defensa de las cientos de mujeres que han muerto víctimas de la violencia de género, entre ellas María Pilco, quien deja un gran dolor e impotencia entre sus familiares y entre quienes se identifican con ella. ¿Cómo creer en un Estado que no nos cuida, en un sistema judicial que no nos brinda justicia? Las golpizas y el presunto autor de este feminicidio no pueden ser negados, ¿quién se brinda a compensar a María Pilco, revisando la sentencia? ¿O tendremos que ser las mujeres las que tengamos que asumir esta tarea?

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Mucho ruido, pocas nueces

Es evidente que debemos enfrentar la doble moral, muy usual en nuestras sociedades.

/ 14 de julio de 2017 / 04:29

Ante la insistencia de grupos que defienden religiosamente la penalización de las mujeres a causa del aborto, es necesario insistir en el verdadero alcance que tiene el Art. 153 del proyecto del Código del Sistema Penal; se trata solamente de ampliaciones de causales, pues es evidente que el Código vigente ya contempla el aborto impune (causales para realizar un aborto).

i) Insistir en hablar de la despenalización del aborto solo busca alboroto para retroceder, e incluso eliminar lo que contempla el actual Código, pues mañosamente no se refieren a causales. Por el contrario, sacan los más diversos y engañosos argumentos del “derecho a la vida” y la maternidad como un hecho natural, instintivo, etc., ante la “amenaza” de que se les otorgue a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas; y por tanto, se apela a la “despenalización”.

ii) Como ya hemos visto en los diferentes medios de comunicación, la ampliación de algunas causales y la inclusión de otras por condición socio/económica, etc. no harán mayor diferencia a la situación que tenemos hoy de muertes de mujeres; los subregistros ya dan cuenta de cifras importantes.

iii) También resulta engañoso seguir peleando sobre quién tiene el dato más exacto respecto a las muertes de mujeres por aborto. El principio debiera ser ni una mujer muerta por aborto clandestino; pues hablamos de un derecho y no de cantidad de personas muertas. Es decir, el sistema político debe legislar para garantizar derechos, no por cantidad de población, muertes o enfermedades; el derecho se reconoce por la condición de seres humanos(as).

iv) Al parecer, las mujeres, movimientos y organizaciones feministas que luchan tesoneramente por el reconocimiento y acceso pleno a los derechos solo están haciendo una vigilancia e incidencia para no retroceder, para no perder lo ya conquistado; pues también queda claro que las mujeres ganamos nuestros derechos a fuerza de presiones, movilizaciones e incidencia; así construimos nuestra ciudadanía.

v) También es evidente que debemos enfrentar la doble moral, muy usual en nuestras sociedades. Decimos que estamos contra la corrupción, pero somos corruptos y la fomentamos; las “coimas” cotidianas lo ejemplifican. Decimos que respetamos a los pueblos indígenas, y al mismo tiempo avasallamos sus territorios. Decimos que respetamos a las mujeres, pero no las dejamos decidir sobre sus vidas. Nos horrorizamos del aborto, pero ejecutamos y apoyamos a mujeres y adolescentes que se practican abortos clandestinos por razones de “moral”, “no te vas a fregar con una guagua”, “quién se va a fijar en vos si eres madre soltera”… Apelamos a la objeción de conciencia, y a la vez pululan los espacios clandestinos donde se realizan abortos, negocio por demás lucrativo.

Por tanto, habría que bajar el ruido y estar conscientes de que no habrá muchas nueces, ya que dejar de criminalizar el cuerpo de las mujeres es un objetivo que NO vamos a lograr con el nuevo sistema penal, y que por supuesto a las mujeres nos queda absolutamente claro. Las mujeres feministas mantendremos la agenda política de la despenalización, es decir, conquistar un derecho por demás democrático para tomar decisiones libremente sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, sin que estas decisiones sean sancionadas por el sistema penal patriarcal.  

El camino está trazado, seguiremos por la despenalización del aborto, total e irrestricto en correspondencia con un Estado de derecho, democrático e inclusivo, garante de los derechos de las mujeres.

 

Temas Relacionados

Comparte y opina:

La vida de las mujeres no vale nada

Las agresiones que sufrimos las mujeres nos dan cuenta de una sociedad cada vez más violenta

/ 29 de mayo de 2017 / 04:05

En Bolivia nos vamos acostumbrando a que todos los días una mujer, una niña, una adolescente aparezcan violadas, feminizadas, violentadas. Pese a que no contamos con registros únicos y si bien las cifras son importantes a la hora de tomar decisiones sobre política pública, ya no son suficientes. Hoy la realidad nos rebasa y las agresiones que sufrimos las mujeres nos dan cuenta de una sociedad cada vez más violenta, y por tanto, menos democrática.

De las miles de mujeres que todos los días son agredidas, el último caso de trascendencia, que ocurrió en el espacio político, ha revuelto la indignación, la rabia e impotencia que venimos acumulando, ante la absoluta impunidad. Y es que si ellas que se supone tienen poder son tan vulnerables, ¿qué podemos esperar para las demás? Por supuesto nunca faltan los que se rasgan las vestiduras y salen en marchas por las calles dizque “defendiendo la vida”; así como ministros que comprometen recursos públicos para organizar referéndums para consultar la garantía de derechos de las mujeres (algo totalmente fuera de lugar, dicho sea de paso, como bien han señalado aclaraciones importantes).

Sin embargo, hoy esas mismas personas guardan un silencio sepulcral, mientras las mujeres agredidas hacen la peregrinación habitual en las instancias policiales y tribunales en procura de justicia. Pero previsiblemente ninguna encontrará una respuesta oportuna y contundente.

Su partido tampoco les presta el apoyo necesario, pues ya conocemos la posición de sus dirigentes máximos, “machos de cabo a rabo”. Es decir, todo indica que será un caso más tipo “Juana Quispe”, concejala de Ancoraimes que fue torturada y asesinada en marzo de 2012, y cuyo crimen aún no se ha esclarecido.
A su vez, las mujeres que militan en su misma organización política han realizado algunas acciones aisladas. Sin embargo, hasta ahora no salen férreamente a solicitar una justicia pronta y eficiente. A pesar de que se trató de un caso de violencia sexual explícita y que las víctimas estuvieron a punto de morir, aún no hemos presenciado ni siquiera una conferencia de prensa denunciando el hecho, como sí ocurrió en otras oportunidades.

Lo cierto es que la vida de las mujeres no “vale” nada, nadie se inmuta (solo las feministas) de la violencia patriarcal. Las concejalas Erenia Villa Nina de Choque y Elizabeth Antonieta Ureña, del municipio de Tapacarí (Cochabamba) fueron castigadas por estar en un espacio que “no les corresponde”. Los patriarcas castigan, humillan, matan a estas mujeres “insolentes” que ocupan la política, que toman decisiones y les quitan “sus espacios” y sus decisiones “naturalmente asignadas”. Se amparan en la impunidad, en la presencia de instituciones sin recursos, sin voluntad política para implementar políticas ni normas legales. Se amparan en la complicidad de los códigos del macho. Por todo ello, no debería sorprendernos escuchar acusaciones con absoluta ligereza en su contra… “¿Qué hacían tomando con los hombres?”, “¿Por qué no se quedaron en su municipio?”…, ratificando la “culpa” de las mujeres por “exponerse” y “provocar” a sus victimarios.  

Hasta hoy los presuntos agresores están libres. Y si bien se conoce de algunos esfuerzos por proteger a las víctimas (Acobol), para conseguir justicia primero deberán “probar” quiénes las agredieron; luego, “justificar” por qué estaban en el lugar, por qué subieron a la camioneta, etc. Entretanto, se deja pasar el tiempo necesario para que los agresores fuguen, amedrenten, chantajeen, intimiden, etc. Así saldrán libres de polvo y paja.

Y mientras esto ocurre, los sistemas y las políticas que las propias mujeres hemos impuesto al Estado Plurinacional carecen de los recursos, del personal idóneo y de las condiciones necesarias para proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Por ello, seguiremos siendo golpeadas, mutiladas y feminizadas en cualquiera de los espacios de la vida.

Comparte y opina: