A solicitud del Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a elaborar un estudio para estimar el tiempo que las mujeres del país emplean en labores domésticas y en el cuidado de niños y/o personas mayores. Se trata sin duda de una necesaria información, que puede contribuir al ámbito judicial, pero también para trazar políticas públicas de desarrollo e inclusión.
Por ejemplo, casualmente días atrás un tribunal español ratificó el derecho de una mujer a recibir una indemnización de parte de su exmarido por el trabajo doméstico que desempeñó durante el periodo de convivencia. Según se detalla en la sentencia, la mujer abandonó su trabajo para dedicarse exclusivamente a las labores del hogar durante seis años, desde que se casaron bajo un régimen de separación de bienes en 2007, hasta que decidieron separarse en mayo de 2013. Y durante todo ese tiempo el cónyuge se “benefició” de esta situación, ya que pudo dedicarse a trabajar fuera del hogar, incrementando así sus “ingresos y su patrimonio personal”. Mientras que la mujer dedicó “su tiempo y esfuerzo a la atención de la familia, no viendo beneficiada su posición económica al final del régimen de separación de bienes”.
Con estos argumentos, el tribunal dio por válida la demanda interpuesta por la mujer de percibir una indemnización por las labores domésticas que realizó, cuya cuantía fue fijada por el juzgado con base en el salario mínimo profesional, reducido en un 50%, dado que “el trabajo prestado también redundó en la satisfacción de las necesidades propias de la actora”.
Respecto al país, el mencionado estudio que será elaborado por el INE podría servir de base para establecer sentencias como la que aquí se comenta.
Empero, su mayor aporte se va a registrar sin duda en el ámbito social. Ya que, por una parte, permitirá apreciar con mayor precisión el imprescindible aporte de las mujeres en favor de sus hogares en particular y para la economía del país en general.
Y por otra, va a generar insumos valiosos a la hora de trazar políticas de inclusión y desarrollo orientadas a contrarrestar la inequidad de género que aún impera en los mercados laborales del país y del resto del mundo; y que se refleja no solamente en un menor salario para funciones similares e iguales responsabilidades respecto a los varones, sino también en un mayor número de horas de trabajo en labores no remuneradas.
De allí la importancia de diseñar y ejecutar políticas públicas para combatir esta inequidad laboral, tanto más importantes por cuanto este fenómeno repercute no solo en el bienestar de las mujeres, sino también en el de sus hijos, pues para poder garantizar su sustento muchas madres se ven obligadas a trabajar dentro y fuera del hogar, en empleos formales y/o informales, e incluso deciden migrar en busca de mejores oportunidades si hace falta.