Los políticos se dan la mano y sonríen. Las cámaras los fotografían. Muchos documentos se firman y sellan. La prensa mundial informa sobre la firma de otro acuerdo internacional. Las cumbres, convenciones y tratados internacionales pueden parecer ajenos a la vida de la gente común; oportunidades para tomar fotos en lugar de hitos. Sin embargo, este es el modo en que nos ponemos de acuerdo sobre la clase de mundo en el cual queremos vivir. Son las promesas que nos hacemos los unos a los otros. Nuestros compromisos y su implementación apuntalan el sistema internacional y nos mantienen seguros. Cuando los acuerdos se rompen o se les permite caer en la irrelevancia, las consecuencias se vuelven demasiado reales para todos y cada uno de nosotros.

La Convención sobre Armas Químicas es uno de estos acuerdos vitales, pero hay señales preocupantes de que hemos olvidado el motivo por cual trabajamos tan arduamente para lograrlo. Las armas químicas asfixian, estrangulan, ampollan y envenenan. Cuando no son letales, sus efectos pueden durar toda la vida. Durante el siglo XX fueron utilizadas dentro y fuera del campo de batalla con horribles consecuencias. Durante la Primera Guerra Mundial, más de 90.000 soldados sufrieron muertes dolorosas tras el uso de cloro, mostaza y otros agentes químicos. Casi 1 millón más se quedaron ciegos, desfigurados o recibieron lesiones debilitantes.

Las armas químicas también se usaron con consecuencias devastadoras en Marruecos, Yemen, China y Abisinia (hoy Etiopía). Las secuelas de su despliegue en la guerra de Irán-Iraq en la década de los 80 continúan sintiéndose actualmente, con 30.000 ciudadanos iraníes que todavía sufren y mueren por los efectos de los agentes utilizados en el conflicto.

La Convención sobre Armas Químicas entró en vigor en 1997 y creó la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Por primera vez en el mundo existía un ente independiente y apolítico para investigar el uso de armas químicas. Ciento noventa y dos países (192), incluyendo Bolivia, han ratificado dicho convenio y son Estados parte en la Convención sobre las Armas Químicas.

La comunidad internacional ha convenido en que el desarrollo, la producción, el almacenamiento y el despliegue de estos instrumentos letales deberían quedar en el pasado. No puede haber impunidad para cualquiera que haga uso de armas químicas en un conflicto. Apenas 20 años después de este momento decisivo, y cinco años después de que la OPCW recibiera el Premio Nobel de la Paz por sus extraordinarios logros, este tratado y esas normas están bajo amenaza. Desde principios de 2017 se han utilizado armas químicas contra civiles en Siria, Iraq, Malasia y el Reino Unido.

El uso repetido de armas químicas representa una grave amenaza para la Convención sobre Armas Químicas y para el orden internacional fundado en las leyes, que nos mantiene a todos a salvo. Ambos deben ser protegidos y fortalecidos.

El 29 de mayo, el Reino Unido y otros 10 países lanzaron un llamado para que todos los Estados parte de la Convención sobre Armas Químicas se reúnan para buscar alternativas de fortalecimiento y protección a esta piedra angular del régimen internacional de no proliferación bélica y desarme. Esperamos sinceramente que Bolivia se una a este llamado, más aún en su calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad y actual presidente del Comité 1540 para la no proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas de la ONU.

En esta reunión no se pedirá a los Estados que tomen partido o asuman posición sobre un ataque en particular. Más bien, esta es una elección por el Estado de derecho y el sistema basado en normas internacionales, frente a la anarquía y la perspectiva enfermiza de que nosotros y nuestros hijos tengamos que ver a las armas químicas como algo normal.

Hace 20 años, la creación de la Convención sobre Armas Químicas marcó un punto de inflexión en la política mundial. El mundo trazó una línea en la arena y estuvo de acuerdo en que cualquier uso de armas químicas es injustificado y aborrecible. Ahora es cuando debemos actuar decididamente para defenderla.

La recaptura de Raqqa, el principal bastión del Estado Islámico en Siria, por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias es el último desarrollo en la terrible guerra civil en el que ha estado sumido el país árabe hace seis años. Qué implican estos eventos para la dinámica del conflicto, queda por verse. Tristemente, lo que sí es evidente es que aún no hay un final a la vista para la violencia en Siria.

La magnitud del sufrimiento es difícil de imaginar. El conflicto en Siria ha dejado más de 400.000 muertos, 13,6 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria y más de 5 millones de refugiados. Todos recordamos las devastadoras imágenes de la ofensiva contra Alepo en septiembre de 2016 o el ataque con armas químicas contra Khan Sheikhoun en abril de este año, el último de una serie de ataques de ese tipo. Entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional frente a tan grave crisis humanitaria?

Mi opinión personal, y por supuesto la del Reino Unido, es que tenemos la obligación moral de enfrentar estas situaciones trágicas. Para responder a la crisis humanitaria es necesario hacer mucho.  El Reino Unido ha comprometido 3.200 millones de dólares en asistencia humanitaria desde el 2012. Esta ayuda está contribuyendo a cubrir las necesidades inmediatas de las personas vulnerables en Siria y de los refugiados sirios en la región.

Pero en otro flanco, es necesario que la comunidad internacional actúe para lograr una paz duradera. El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano que lleva la batuta en lo que se refiera a paz y seguridad a nivel internacional. Aunque es cierto que poco se va a lograr sin un compromiso genuino de las partes para lograr una solución política, sí existen acciones y medidas que puede tomar, como ser investigaciones y el nombramiento de enviados especiales; y de ser necesario, sanciones económicas y embargos de armas. En el caso de Siria, el Consejo ha aprobado por unanimidad más de 20 resoluciones desde que comenzó la guerra.

Sin embargo, la adopción de resoluciones no está exenta de controversias y muchas veces no se logra el consenso. Por ejemplo, solo este año Rusia ha bloqueado dos resoluciones sobre Siria usando su derecho al veto. La primera fue en febrero sobre la imposición de sanciones a los responsables por la producción y el uso de armas químicas (China también se opuso), y la segunda fue en abril condenando el ataque químico de Khan Sheikhoun y demandando la cooperación de todas las partes con la investigación. Bolivia, que actualmente está en su primero de dos años como miembro no permanente del Consejo, también votó en contra de esas resoluciones.

El Mecanismo Conjunto de Investigación fue establecido por el Consejo de Seguridad y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas en 2015. Su mandato es identificar individuos o grupos que estuvieron involucrados en el uso de armas químicas y éste expira a mediados de noviembre. Yo espero que se logre adoptar una resolución que renueve este acuerdo para que puedan continuar las investigaciones. También espero que en el futuro el Consejo adopte medidas para tomar acciones contra aquellos que el mecanismo considere responsables del uso de armas químicas. El riesgo es que el fracaso del Consejo para acordar este tipo de acciones hace más posible que Siria, y tal vez otros países, use este tipo de armas nuevamente.

Es de vital importancia que la comunidad internacional trabaje unida a través de sus instituciones como el Consejo de Seguridad. Bolivia tiene este año y el próximo la oportunidad de apoyar directamente propósitos positivos y pragmáticos que contribuyan a salvar vidas y asegurar el acceso a la ayuda humanitaria en Siria. Seguramente, el Gobierno boliviano quisiera poder decir a finales de su gestión que pudo contribuir a este legado. 

Bolivia es una tierra bendecida con oportunidades: recursos naturales que el mundo quiere comprar y una ubicación privilegiada donde se podrá ver algún día trenes rápidos y modernos transitando a toda velocidad por la vía férrea bioceánica. Este gran potencial ha sido ampliamente reconocido a lo largo de la historia económica del país y mucho más en tiempos recientes pero —como decimos en el Reino Unido— “la clave está en el detalle”. El detalle en este caso está en cómo embarcarse en proyectos muy grandes, costosos y complejos de una forma responsable usando los recursos públicos y asegurando un mayor bienestar para el pueblo boliviano.

Una forma en la que el Reino Unido ha encarado estos desafíos es recurriendo a las asociaciones público-privadas (APP). Las APP son modelos de negocio que se utilizan para grandes proyectos de inversión en los que cualquier riqueza o activo público involucrado será siempre de propiedad del Estado, mientras que las tareas de inversión y operación eficiente son encaradas por la empresa privada, bajo un acuerdo que establece que ambas partes comparten de manera justa los riesgos y beneficios emergentes de la actividad.

Esta motivación por combinar el valor público con la eficiencia privada llevó al Gobierno británico a invertir de manera significativa en las alianzas entre ambos sectores. De hecho, la visión del Reino Unido es que una buena parte de los servicios públicos en el futuro no serán entregados por el Gobierno directamente sino mediante modelos de asociaciones público-privadas, ya sea con mutuales dirigidas por empleados, empresas sociales, de beneficencia o proveedores comerciales, dependiendo de lo que funcione mejor.

Es importante destacar que las APP no significan privatización. Por el contrario, pueden ser de interés para quienes se preocupan por preservar la soberanía de un país. Más aún, son una buena manera de atraer capital privado en caso de que el gobierno estuviera encarando tantos proyectos que se produce una presión excesiva sobre las finanzas públicas.

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de asociaciones sería aquel en el cual los privados invierten para construir la infraestructura y operan la misma por un tiempo determinado, bajo estrictos estándares de calidad acordados con el gobierno, generando ingresos que aseguren un retorno justo por su inversión. Por su parte, el sector público cumple su mandato ante la población, genera ahorros fiscales importantes y asegura la propiedad de dicha infraestructura a favor del Estado a la conclusión del contrato de APP.

Por supuesto, nada es fácil. En los primeros días de estas sociedades, el Reino Unido se encontró con que algunos modelos eran ineficientes, inflexibles y carecían de transparencia. Hemos aprendido las lecciones y ahora tenemos una experiencia importante sobre cómo hacer que las APP funcionen bien.

Los nuevos enfoques aseguran que el sector público obtenga una buena relación calidad-precio y que los contribuyentes consigan un acuerdo justo ahora y en el largo plazo. El desempeño financiero de los proyectos se difunde ampliamente para su escrutinio, incluyendo las ganancias de los inversionistas privados, porque la percepción pública es clave. Un proyecto lento y costoso crea tensión y puede tornarse en políticamente tóxico con el tiempo. Aprender estas lecciones de otros puede resultar extremadamente valioso.

Las ventajas de la APP bien lograda pueden superar de lejos a los modelos del sector público. Alianzas correctamente manejadas pueden conducir a una mayor eficiencia, asegurar que los proyectos se concreten en tiempo y presupuesto y crear disciplinas correctas e incentivos para que el sector privado maneje los riesgos de manera efectiva.  

El Reino Unido ha recurrido a las asociaciones público-privadas en una variedad de sectores, desde hospitales hasta embajadas. Hemos llevado adelante más de 700 proyectos durante más de 20 años y hemos asesorado a gobiernos de todo el mundo sobre cómo desarrollar sus propios modelos de APP. Los contratos para implementarlas son con frecuencia complejos y toman tiempo para ser negociados, por lo que si se está incursionando en este campo a veces es mejor comenzar con proyectos pequeños.

Me complació saber que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, planteó en la I Reunión Plenaria del Grupo Operativo Bioceánico la creación de una asociación público-privada de inversores para el proyecto del tren bioceánico. El informe del encuentro señala que las APP “se han convertido en una herramienta exitosa común para diseñar, construir, financiar, operar y mantener proyectos de infraestructura pública”, y se acordó trabajar en un modelo de asociación diseñado específicamente para el proyecto.

La idea de un diseño especial es importante. El modelo de las APP es flexible y Bolivia podría adaptarlo de acuerdo con sus necesidades. Ya sea con trenes, minas u hospitales, no puedo menos que alentar al Estado Plurinacional a considerar su propio modelo de asociaciones público-privadas. La experiencia británica está a su disposición.

• James Thornton es embajador del Reino Unido en Bolivia