A lo largo de la historia, déspotas y élites políticas prorroguistas de diferentes Estados han optado como estrategia el restringir a su pueblo el acceso a la educación, con el propósito último de extinguir cualquier pretensión de cambio. Esta estrategia ha apelado a diferentes modalidades, desde las más duras y frontales hasta las más disimuladas.

La política educativa establecida por la oligarquía chilena desde el siglo XX es un claro ejemplo de esta estrategia por mantener al pueblo suspendido políticamente, caracterizada no tanto por privar a su juventud de una educación superior, sino más bien de endeudarla durante una buena parte de su vida económicamente activa, a cambio de poder acceder a una formación superior. Se trata de una estrategia perversa, pues si bien al pueblo chileno no se le restringe el acceso al conocimiento, queda, como todo deudor, sujeto al chantaje por parte del Estado acreedor, o en el caso chileno, de la clase política acreedora.

Bajo este accionar, la oligarquía del país trasandino mutó de demócratas de derecha a izquierdas democráticas; y en su tiempo también a dictadura. Empero, desde el 2014 una joven generación le hizo frente a la impostura con movilizaciones en pro de una educación superior fiscal. Esta lucha rindió frutos: en enero de 2018 la presidenta Michelle Bachelet promulgó una ley que establece la educación superior gratuita. Con ello, se puede inferir que a la oligarquía chilena se le vienen batallas internas difíciles en procura de mantenerse en el poder. Por lo que, previsiblemente, recurrirá al frente externo, en el cual la demanda marítima boliviana interpuesta en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) constituye uno de los asuntos más importantes, sino el de mayor relevancia.

Ante este escenario, tomando en cuenta que los alegatos orales finales del proceso impulsado por Bolivia en el Tribunal de La Haya se ejecutarán desde el 19 de marzo; así como la subida al poder, a partir del 11 de marzo, de Sebastián Piñera, uno de los abanderados del conocimiento hipotecado, resulta fundamental distinguir al menos dos aspectos respecto a la manera en la que debería abordarse esta determinante y delicada coyuntura para Bolivia, con miras a una futura negociación con el país vecino.

La primera está relacionada con el ámbito jurídico y el derecho internacional. En este ámbito los pronunciamientos de parte de nuestro país deberían ser realizados estrictamente por los juristas y especialistas que nos representan en el litigio, a fin de forzar respuestas también jurídicas. Y en segundo lugar, esta coyuntura no debería ser contaminada con intervenciones de políticos bolivianos, tanto más perjudiciales por cuanto la confrontación política es dispensadora de legitimidad para las partes. Además, considerando los aspectos antes señalados, toda intervención de políticos bolivianos sobre la temática marítima le permitiría a la vieja clase política mapochina enunciar y alimentar un discurso ultranacionalista reivindicativo de soberanía, que es lo que más necesita en estos momentos para contrarrestar fuerzas centrífugas internas y alinear al pueblo chileno a su favor.

Es de esperar que nuestros políticos no pequen como siempre de ingenuos frente a los chilenos, porque de ser así, estaríamos relegitimando a esa vieja clase política trasandina ante su pueblo. En otras palabras, estaríamos contribuyendo a su restitución como actores políticos con capacidad de pronunciarse en nombre de todo Chile. Y lo que es peor, seguirles el juego podría contribuir a frustrar a esa generación de jóvenes chilenos que apuntan a la renovación no solo de los actores políticos, sino también de las políticas internas y externas, entre las cuales se encuentra el rechazo a la demanda marítima boliviana impulsado por la vieja clase política chilena, posición que se mantendrá mientras sigan en el poder.

El problema de la Justicia en nuestro país tiene muchos componentes, de entre los cuales cabe destacar, por orden de importancia, dos fundamentales. En primer lugar están las normas jurídicas, las cuales establecen los ilícitos, las sanciones, los procedimientos y los recursos, entre otras particularidades. En segundo lugar están los administradores de justicia: magistrados, vocales, jueces, fiscales, etc. Ahora bien, para darle sentido a esta reflexión, resulta imprescindible asignarle un valor a estos dos componentes y así poder orientar las conclusiones.

La labor de las principales autoridades del Órgano Judicial —las cuales serán elegidas el 3 de diciembre en el país—, más allá de que tengan o no legitimidad (que deberían tenerla, pero ése es otro tema), es la de administrar la justicia, pero subordinados a la ley, por cuanto están jerárquicamente ubicados por debajo de la norma, según establece el sistema judicial de nuestro Estado.

Como consecuencia de esto, y no solamente por efectos de doctrina, sino también por la ingeniería institucional del Órgano Judicial, la norma está y debe estar siempre por encima de los administradores de justicia. Y no al revés, como quieren hacernos ver algunos juristas afines al partido en función de gobierno, para quienes la elección directa de los magistrados va a contribuir a resolver, al menos parcialmente, los grandes males de nuestra Justicia, impulsados por una motivación perversa que da lugar a la corrupción en todos sus niveles. Sin embargo, a mi entender esta metodología ahonda la crisis judicial, ya que al ser elegidos por voto popular, algunos magistrados se imaginan estar por encima de la ley.

Una vez hecha la valoración de los componentes referidos, cabe preguntarse, ¿si es de absoluta responsabilidad del Órgano Judicial el problema objeto de este análisis? La respuesta es no, la responsabilidad del Órgano Legislativo es mayor, pues esta instancia es la única con la atribución legal de crear leyes que puedan revertir el desastre en el cual se debate nuestra justicia. Y la pregunta de rigor es, ¿por qué el Movimiento Al Socialismo (MAS) tras 11 años de gobierno y tres gestiones legislativas (dos de ellas con más de dos tercios en la Asamblea), no ha podido cambiar el actual modelo de justicia, catalogado por ellos mismos como “podrido”, tan proclive a la corrupción?

Primordialmente, la Justicia no es cuestión de personas, ésta no va a cambiar mientras tengamos normas que den lugar a los sobornos, a las chicanas jurídicas y a la retardación judicial. No es un tema que se resuelva con mayores sanciones contra los malos administradores de justicia, la resolución de esta crisis pasa por crear normas con “inteligencia” que puedan combatir efectivamente los males referidos anteriormente sin afectar los derechos y garantías fundamentales de las personas. En fin, normas que hallen equilibrios virtuosos entre la prevención, la persecución, la sanción y la rehabilitación; equilibrios alejados de las actuales políticas gubernamentales, prueba de ello es la preferencia, los recursos y el bullicio que le brindan hoy en día al componente menos determinante de esta problemática.  

Construir y consolidar políticas de Estado en Bolivia es una tarea muy difícil de afrontar dados los cambios continuos y pendulares no solo de gobiernos sino también como lo estamos viviendo dentro de las tres gestiones continuas del presidente Evo Morales, el tema de los indígenas es un claro ejemplo de ello pues en 2005 cuando el MAS se hace del control del Ejecutivo asume discursivamente que la problemática indígena dada su importancia y complejidad debía convertirse en política de Estado de la Bolivia Plurinacional.

Entendida una política de Estado como aquella que sigue latente y activa pese a los cambios de gobiernos y de gobernantes, posterior a la octava marcha indígena y a la crisis de Chaparina el MAS por gravedad decide desentenderse de los indígenas y se plantea otra línea discursiva que tiene como referentes centrales a los movimientos sociales dejando en los hechos atrás el eje central hasta entonces de la política masista, que hay que decirlo, tenía todas las condiciones y las perspectivas de consolidarse como política de Estado boliviana, penoso retroceso y aguda frustración para la política nacional.

Empero de que política de Estado consolidada podemos sentirnos orgullosos los bolivianos, sin duda el tema de la reivindicación marítima es quizá el único, al grado de lograr reunir a expresidentes y excancilleres derechistas neoliberales con las principales autoridades del actual régimen para abordar la demanda boliviana contra Chile en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Otra de las políticas de Estado en Bolivia pero en proceso de consolidación es el sistema democrático que el pueblo de Bolivia adoptó desde octubre de 1982 con la asunción al mando de Hernán Siles Zuazo, empero desde entonces el fantasma del autoritarismo no solo encarnado en los exdictadores sino también en autoridades democráticamente elegidas ha tratado de erosionar continuamente lo construido en materia democrática, prueba de ello es la crisis de octubre de 2003 en la que un puñado de degenerados de la democracia trataron de distorsionar por la fuerza un sentimiento nacional al extremo de asesinar a cerca de 70 compatriotas para saciar los apetitos económicos de intereses transnacionales.

La voluntad popular es la fuerza democrática que hace retroceder al autoritarismo venga éste de la derecha o de la izquierda y no respetarlo como se quiere hacer con el desconocimiento al referéndum del 21 de febrero es en los hechos atentar contra el proceso de consolidación de la democracia como política de Estado en nuestro país.

* es analista político