En La Paz, al igual que en casi todo el país, hacer un viaje interprovincial es, literalmente, jugar a la ruleta rusa. A la evidente vejez de prácticamente todos los buses que hacen los diferentes recorridos hacia los cuatro puntos cardinales del departamento, se suma la falta de control por parte de las autoridades y, consecuentemente, la indolencia de los choferes.
A ello se suman los minibuses, que si bien no lucen tan vetustos como los buses, comparten con éstos la práctica de llevar más pasajeros de los que efectivamente caben, así como más carga de la que es prudente. El resultado de tales prácticas es una muy alta siniestralidad en carreteras y caminos interprovinciales, hecho que se traduce, por ejemplo, en que solo en los primeros cuatro meses de 2017 se han registrado al menos 60 muertes por accidentes carreteros.
De acuerdo con un reportaje publicado por La Razón días atrás, “la sobrecarga, la incomodidad y la inseguridad son otros pasajeros” de estos automóviles, que en muchos casos tienen más de 40 años de antigüedad, aunque sus conductores o propietarios afirman que lo único que tienen de viejo es la carrocería, pues el motor y la corona son nuevos. Difícil saber si esto es cierto, pues certificar el estado del motor u otras partes mecánicas es tarea de especialistas, y es la Policía, a través del Organismo Operativo de Tránsito, la que debe realizar una inspección anual que, hasta donde se sabe, no siempre es realizada por los choferes y propietarios, quienes de manera extraña igual obtienen la respectiva roseta.El mencionado reportaje revela que los conductores de estos buses reclaman por el hecho de que sus tarifas están congeladas “desde hace 20 años”, señalando por ejemplo que un viaje a Apolo cuesta Bs 60, “cuando el pasaje debería costar Bs 80”. Es difícil, sin embargo, que cualquier incremento en las tarifas sea viable mientras persistan tantas deficiencias en la calidad del servicio.
El caso de los minibuses es similar, pues también suelen prestar el servicio sobrecargados y muy a menudo con más pasajeros que los que la capacidad del vehículo permite. Tanto en el caso de los minibuses como en el de los buses, es ostensible la ausencia de controles policiales en los puntos de parada, aunque se dice que éstos se efectúan en las trancas de peaje.
Hay, pues, una situación de inaceptable precariedad en la que tanto la Policía como la Gobernación tienen la responsabilidad. La una por hacer un control insuficiente, y la otra por ejercer de manera incompleta su competencia constitucional respecto al transporte interdepartamental. También cabe atribuir parte de la culpa de este estado de cosas a las y los usuarios del servicio, que lo toleran; pero a ellos cabe reconocerles que, ante la necesidad de transportarse, no tienen más remedio que aceptar este transporte paupérrimo.