En conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebró el miércoles, la organización Reporteros sin Fronteras presentó un nuevo informe sobre el estado de este derecho en el mundo, en el que alerta que en 2016 la libertad de prensa retrocedió en todo el mundo, incluso en los países democráticos, “donde debería ser uno de los pilares de la convivencia”.
Junto al señalado informe, esta ONG dio a conocer su tradicional ranking sobre el grado de libertad de prensa en 180 países, elaborado con base en un cuestionario que es respondido por expertos sobre diversos temas (pluralismo, independencia de los medios de comunicación, el ambiente en el que los periodistas trabajan, la autocensura, el marco legal, la transparencia y la calidad de la infraestructura con que se cuenta para producir la información), al que se añade un análisis cuantitativo de los actos de violencia cometidos contra periodistas en el periodo analizado.
Según este ranking, el número de países donde la situación de la prensa es considerada “buena” o “bastante buena” se ha reducido en 2,3%. Además, la situación es “muy mala” en 21 países, y en 51 es considerada como “mala”. Entre las naciones donde el control de los medios constituye la norma figuran, en el último puesto, Corea del Norte (180), Eritrea (179), Turkmenistán (178), Siria (177) y China (176).
Al otro lado del espectro, los países mejor posicionados son Noruega (1), Suecia (2) y Finlandia (3). Mientras que en la región sobresalen Costa Rica (6), Uruguay (25) y Chile (33). Los coleros en América Latina son Cuba (173), México (147), Venezuela (137) y Colombia (129). Mientras que Bolivia se ubica en el puesto 107, lo que significa un retroceso de 10 puestos con relación al 2015.
Más allá de las estadísticas, no sobra recordar que la libertad de prensa, junto al derecho a la crítica y a la libertad de expresión, constituye uno de los pilares de la democracia. Y es que tener la posibilidad de cuestionar a quienes detentan el poder (estatal, empresarial, sindical, etc.) y poder investigar y dar a conocer a la opinión pública lo que sea, siempre y cuando se respete la ley y no se vulneren los derechos de otras personas, resulta fundamental no solo para combatir la corrupción, la ineficiencia y la intolerancia, sino también para crecer como sociedad y como individuos.
De allí que en ningún país que se jacte de defender el derecho de la ciudadanía de poder expresar libremente sus opiniones puedan existir autoridades, credos, expresiones culturales, personajes o ciudades con un manto de sacralidad que los proteja de las detracciones. Y lo propio ocurre con las instituciones gubernamentales, cuyas acciones u omisiones, en un sistema democrático, deben estar sujetas a escrutinio no solo por parte de las autoridades legislativas y judiciales, sino también de la prensa y de la opinión pública.