A riesgo de parecer empalagosamente positivo, creo que he descubierto una solución sencilla y barata para nuestra deteriorada salud social, emocional y política.

Es fácil lamentar que nuestros problemas sean intratables y culpar a culpables familiares como la creciente desigualdad de riqueza, la tecnología (incluidas las redes sociales) y la captura corporativa de nuestro sistema político. Pero ¿qué pasa si nuestra alienación surge, al menos en parte, de un profundo fracaso de nuestro sistema educativo a la hora de enseñar hábitos de conexión, la mayoría de los cuales se reducen a pensar en los demás antes de hablar con ellos?

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Así que reunamos a los niños y enseñémosles cómo hablar, escuchar y ser escuchados, resolver diferencias y forjar consensos sin enfrentamientos, rupturas ni vituperaciones. Esta solución no es nueva.

Nuestro sistema educativo moderno, desarrollado en gran medida en los siglos XVII y XVIII durante la Era de la Razón para satisfacer las necesidades de la Revolución Industrial, prioriza la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas al tiempo que degrada el habla al ámbito de las habilidades sociales. El resultado: los estudiantes pasan la mayor parte de dos décadas aprendiendo a resolver problemas en papel y luego se gradúan en un mundo de discursos de la vida real, donde el éxito profesional y personal a menudo depende de la toma de decisiones en grupos de personas con diversos puntos de vista.

¿Cómo esperamos que los jóvenes se enfrenten a nuestro mundo socialmente complejo cuando hemos fracasado tan estrepitosamente a la hora de dar ejemplo u ofrecer orientación?

Para que la idea de retórica no sea descartada por oscura o quisquillosa por su asociación con la antigüedad o la filosofía, pocas materias son más sencillas de enseñar; es el fútbol de las materias académicas. En la escuela media y secundaria, el habla se puede enseñar como una materia independiente o integrarse en las clases existentes. Los estudiantes, por ejemplo, pueden entregar un informe por semestre en voz alta. Una simple introducción será suficiente para transmitir los conceptos básicos del análisis de la audiencia, la organización del discurso y las habilidades de expresión.

Lo que es casi imposible de entender para nuestro yo moderno, no entrenado en el habla, es que la comunicación eficaz y segura (frente a la ansiedad y el miedo a ofender) es una habilidad técnica que se puede aprender.

El dominio del habla aprovecha las energías de niños neurodiversos, que no saben leer ni escribir, confiriéndoles el poder de competir contra sus pares tradicionalmente favorecidos. Si alguna vez ha notado que no son necesariamente las personas con mayor conocimiento o pedigrí las que lideran, sino los mejores comunicadores, sin darse cuenta habrá observado la primacía de estas habilidades supuestamente blandas. En julio, el líder del Partido Laborista británico, Keir Starmer, prometió que, si se convertía en primer ministro, daría prioridad a la enseñanza de la “oracía” para romper el “techo de clases”.

Durante 2.000 años, el entrenamiento retórico nos permitió hablar, discutir, pelear, negociar e involucrarnos, incluso con aquellos que no nos agradaban. Si el término parece demasiado sofisticado, llamémoslo habilidad para el éxito. Sea cual sea el nombre que elijamos, es hora de retomar la enseñanza de las habilidades que forman la base de la interacción y de una vida civilizada.

De hecho, las palabras son baratas, pero ni la historia ni la humanidad han ideado un mejor medio para unirse para abordar la injusticia o explorar el significado de la verdad (la mía, la tuya, la nuestra). ¿Lo que es bueno? ¿Lo que es correcto? ¿Qué opinas? Háblame.

(*) John Bowe es escritor y columnista de The New York Times

Sin duda, lo acontecido en la reelección de Andrónico Rodriguez en la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional fue el iceberg que emergió para anunciar una nueva configuración política, que se estaba gestando hace tiempo atrás y se constituye en el punto de inflexión de un escenario de inestabilidad política, primero, y luego, económica.

Para la reelección de la presidencia del Senado en la Asamblea se acordó una agenda de nueve puntos entre el ala evista y Comunidad Ciudadana (CC) de Carlos Mesa y Creemos, de Luis Fernando Camacho. El ala evista se vendió a su oposición, supuestamente enemigos de clase, por lo que ahora Evo Morales tiene mayoría en el Senado, lo que le da la posibilidad de controlarlo, contando con una amplia mayoría y una mayor operabilidad en la Asamblea; en otras palabras, mirando desde el reverso, el presidente Luis Arce no tiene respaldo de una mayoría parlamentaria en la Cámara Alta, lo que conduciría, inevitablemente, a una parálisis en la coordinación entre los órganos Ejecutivo y Legislativo, y la posibilidad de transitar por un escenario de inestabilidad que puede conducir a deteriorar seriamente los equilibrios políticos y económicos.

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La búsqueda de este objetivo es lo que permite explicar por qué el ala evista del MAS cruzó el “río de sangre” a través del acuerdo de agenda legislativa con CC y Creemos. Este hecho se repite trágicamente en la historia nacional, recordemos que hace 34 años —en abril de 1989—, Jaime Paz, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cruzó el “río de sangre” que lo separaba del dictador Hugo Banzer, empero, a pesar suyo, significó el punto inicial de su final.

Esto nos recuerda las palabras de Karl Marx: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”, a lo que podríamos añadir: ahora, otra vez como tragedia.

Ante declaraciones muy dispares de los protagonistas respecto de la agenda legislativa acordada el 7 de noviembre, se puede deducir que el objetivo central es desprestigiar y acortar el mandato del presidente Arce, con la pretensión de apuntalar la candidatura de Morales para las elecciones presidenciales de 2025.

Es preciso añadir que esta orquestación no viene sola, sino que acompañada por una serie de hechos que tienen el mismo objetivo común: desestabilizar al gobierno de Arce. Éstos provienen desde el flanco judicial, puesto que dos juzgados —de El Alto y Sacaba— se declararon incompetentes para juzgar a Jeanine Añez en un juicio ordinario, ya que, “casualmente”, la mayoría del Órgano Judicial fue posesionada en la gestión de Morales y, por otro lado, la dilación en la aprobación del Presupuesto General del Estado 2023 reformulado, que tiene como resultado una disminución del ritmo de la actividad económica y si no fuera por la presión del conjunto de la sociedad, no se hubiera aprobado.

(*) Efraín Huanca Quisbert es economista

El 29 de agosto de 1985 se dictó el DS 21060, promulgado por el presidente Víctor Paz Estenssoro.  Su contenido sorprendió a la población que había votado por el estadista de la Revolución; al haber muerto la esperanza, el gobierno popular, democrático y antimperialista, germinado en años de lucha contra las dictaduras, la imagen del abuelo arropado por un niño era la ilusión de un mañana.

El panorama era desolador, en Siglo XX había ganado Banzer, el que enlutó los campamentos mineros, en Huanuni ganó el MNR: la izquierda pasó a ser un fantasma en pena. El gobierno de la UDP, empujado a ser gobierno con un parlamento opositor, no había podido romper con la herencia de las dictaduras: la deuda externa y el abandono del aparato productivo estatal. Los paliativos aplicados: bolivianización de la economía, el control de venta de divisas, fueron las puertas para crear nuevos ricos. El problema era estructural, la deuda —obligada a pagarse por el Banco Mundial— se comía los dólares generados por las empresas del Estado, las necesidades de la población eran satisfechas con la emisión de moneda que cada día perdía su valor, lo que volcaba a la gente a las calles. Solo y abandonado, Hernán Siles Zuazo —vía mediación de la Iglesia Católica— renunció a un año de mandato. La derrota política se da cuando se promete y no se cumple.

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La solución vino de la mano monetarista, reducción del gasto público —cierre de empresas y despidos—, devaluación monetaria en favor de los exportadores privados —las empresas estatales desaparecieron—, flexibilización de la mano de obra, privatización de la seguridad social, reducción de la educación fiscal y promoción de la privada, liquidación del Banco Central como ente regulador del sistema financiero. Así se destruyó el movimiento sindical revolucionario, el aparato productivo estatal pasó a manos privadas, en su mayoría transnacionales, los servicios públicos privatizados, liberalización del mercado del trabajo sin protección social alguna, economía informal para que sobrevivan como puedan los que no logran un trabajo permanente. Así se fue creando la nueva oligarquía, sirviente de los intereses petroleros, mineros, capitales financieros (AFP), de la agroindustria y de la burocracia estatal, subvencionada por el Banco Mundial.

Todo modelo económico tiene como núcleo la distribución de la riqueza, así a la vez que se creaba una nueva clase privilegiada, a su extremo se acumulaba un pueblo marginado, obligado a vivir en una lucha constante por el pan de cada día; en esas condiciones se fue acumulando la bronca que estallaría en las “guerras” del agua y del gas, las victorias crearon las condiciones para engendrar la esperanza, a la vez se creaba un nuevo sujeto histórico y una conducción, que surgía de esos polvorientos enfrentamientos.

La esperanza comenzó a concretarse el 18 de diciembre de 2005. Si bien con el 54% obtenido por Evo Morales Ayma, sus primeras acciones, la nacionalización de los hidrocarburos y la concreción de una nueva Carta Magna, alentaron las esperanzas, que se reflejaron en un nuevo triunfo en 2009 con 64%, las políticas de distribución social y el crecimiento de la clase media posibilitaron otro triunfo electoral en 2014 con el 61%. En 2019, la victoria en primera vuelta no fue suficiente para frenar el golpe. El triunfo de Arce con el 55% reflejó el reavivarse de la llama, pero también la censura a los golpistas.

La realidad de estos 18 años es que ha cambiado mucho. El PIB ha crecido cuatro veces, hemos dejado de ser país pobre, las exportaciones se han quintuplicado —sin dejar de ser materia prima—; la clase media ha crecido, al igual que sus demandas; la migración del campo a la ciudad dispone de mano de obra precarizada; sin embargo, el crecimiento de la riqueza no ha sido acompañado por el desarrollo, ni una nueva distribución. La recaudación tributaria se ha congelado, limitando los recursos del Estado. Hay una nueva concentración del excedente, la informalidad atenta contra la estabilidad del Estado, las empresas estatales no se transforman en modernas y eficientes, el cooperativismo no es ejemplo de solidaridad y respeto a la vida, a la economía comunitaria no se la siente; es la economía privada la que crece al amparo del proceso de cambio.

Proceso que no avanza, retrocede; las expectativas de cambio se dan por un mandato del pueblo, traducido en lo constitucional: por la soberanía política y económica, la defensa de los recursos naturales para su industrialización, contra la exclusión social; esta gran victoria de la incorporación de las grandes mayorías a la vida ciudadana si no se la canaliza, crecerá la informalidad, que es, al final, negar el Estado como planificador y regulador. Las esperanzas no pasarán de sueños, situación que otros aprovecharán.

Obligado a tocar el tema mirando a nuestro vecino del sur, vemos repetirse la historia, aunque de manera burda e inesperada.

(*) José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero

Estudio las burocracias gubernamentales. Normalmente esta no es una cuestión política clave. Ahora mismo lo es, y todo el mundo debería estar prestando atención. Donald Trump, expresidente y actual candidato, lo expresa en términos apocalípticos: “O el Estado profundo destruye a Estados Unidos o nosotros destruimos el Estado profundo”. Esta no es una amenaza vacía. Tiene un plan real y plausible para transformar por completo el gobierno estadounidense. Socavará la calidad de ese gobierno y amenazará nuestra democracia. Una segunda administración Trump sería muy diferente a la primera. El plan de Trump para acumular poder ha sido desarrollado por una constelación de organizaciones conservadoras que lo rodean, encabezadas por la Heritage Foundation y su Proyecto 2025 . Este plan elevaría la lealtad personal a Trump como el valor central en el empleo, los procesos y las instituciones gubernamentales.

Tiene tres partes principales. La primera es poner a los leales a Trump en puestos de nombramiento. Trump creía que “la resistencia” a su presidencia incluía a sus propios funcionarios designados. A diferencia de 2016, ahora cuenta con un amplio grupo de leales. La Heritage Foundation y docenas de otras organizaciones alineadas con Trump están seleccionando candidatos para crear 20.000 posibles designados por MAGA.

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La segunda parte del plan Trump es aterrorizar a los funcionarios de carrera para que se sometan. Para hacerlo, volvería a imponer una orden ejecutiva que firmó pero que nunca implementó al final de su primera administración. La orden del Anexo F le permitiría convertir a muchos de estos funcionarios en cargos políticos.

La tercera parte del plan autoritario de Trump es crear un marco legal que le permitiría utilizar recursos gubernamentales para protegerse, atacar a sus enemigos políticos y forzar sus objetivos políticos sin la aprobación del Congreso. Los abogados internos del gobierno pueden bloquear acciones ilegales o inconstitucionales.

No se trata de conservadurismo. Trump se desilusionó cada vez más de los abogados conservadores de la Sociedad Federalista, a pesar de recurrir a ellos para abastecer sus nominaciones judiciales. Se trata de encontrar abogados dispuestos a crear una justificación jurídica para sus impulsos autoritarios. Ejemplos de la época de Trump en el cargo incluyen a Mark Paoletta, exasesor general de la Oficina de Administración y Presupuesto, quien aprobó la retención ilegal de ayuda a Ucrania por parte de Trump. O Jeffrey Clark, quien casi se convirtió en el fiscal general interino de Trump cuando sus superiores se negaron a promover las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral.

Clark ahora está acusado de “intento criminal de comunicar declaraciones y escritos falsos” a funcionarios del estado de Georgia. Pero continúa sentando las bases para un segundo mandato de Trump. Ha defendido que el presidente utilice fuerzas militares para hacer cumplir la ley en el país. También ha escrito un análisis jurídico argumentando que «el Departamento de Justicia de Estados Unidos no es independiente», mientras que Paoletta dijo al Times: «Creo que un presidente no necesita ser tan indiferente con el Departamento de Justicia». Si no defiende las normas de independencia del Departamento de Justicia, Trump utilizará el departamento para protegerse de la responsabilidad legal y perseguir a sus enemigos.

A veces pensamos en la democracia como simplemente el acto de votar. Pero el funcionamiento del gobierno es también la democracia en acción, una medida de qué tan bien se mantiene el contrato social entre el ciudadano y el Estado. Cuando valores como la transparencia, la legalidad, la honestidad, el debido proceso, la lealtad a la Constitución y la competencia se ven amenazados en las oficinas gubernamentales, también lo está nuestra democracia. Estos valores democráticos quedarían destripados si Trump regresa al poder con un ejército de leales que aplican teorías jurídicas novedosas e imponen un código político de silencio a los posibles reticentes.

La burocracia estadounidense suele ser lenta y engorrosa. En particular, el sistema de la función pública necesita una modernización. Pero también está plagado de controles democráticos que limitan el abuso del poder centralizado. Esta es la razón por la que Trump y sus partidarios están apuntando con tanta precisión al estado administrativo, aprovechando una antipatía hacia Washington que ambos partidos han alimentado durante mucho tiempo. Si Trump tiene la oportunidad de implementar sus diversos planes, espere un gobierno estadounidense más débil, peores servicios públicos y el desmantelamiento de los límites al poder presidencial.

(*) Donald P. Moynihan es columnista de The New York Times

La Constitución Política del Estado (CPE) boliviana de 2009 establece, en su artículo 144, que todos los bolivianos y bolivianas son ciudadanos desde el nacimiento, sin embargo, ejercerán la ciudadanía desde los 18 años. La ciudadanía consiste en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público y en el derecho a ejercer funciones públicas.

Sin embargo, la ciudadanía, en un Estado plurinacional, tiende también a pluralizarse y, en consecuencia, es posible hablar de ciudadanías. Conforme a lo señalado, en el artículo 11 de la CPE, Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, esta última se ejerce en las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) y consiste en la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios. Entonces, el ejercicio de derechos de ciudadanía para ciudadanos de pueblos indígenas consiste en la práctica de sus normas y procedimientos propios como parte del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2 de la CPE.

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Bajo este contexto, las ciudadanías plurales comenzaron a practicarse en 2010, cuando se eligió por primera vez a 23 asambleístas departamentales indígenas a través del ejercicio de sus normas y procedimientos propios: 2 en Chuquisaca, 5 en La Paz, 2 en Cochabamba, 1 en Oruro, 5 en Santa Cruz, 3 en Tarija, 4 en Beni y 1 en Pando. Esta práctica se incrementó en 2015, cuando la cantidad de escaños “especiales” para las autoridades indígenas departamentales subió a 25, puesto que se asignó tres escaños a las NPIOC del departamento de Pando, tras la puesta en vigencia del Estatuto Autonómico Departamental. En este proceso, además, se eligió por primera vez a tres asambleístas regionales indígenas en la autonomía regional del Gran Chaco, en el marco también de la puesta en vigencia de su Estatuto Autonómico

En 2021, además de los 25 escaños para asambleístas departamentales y tres regionales, se asignaron por primera vez en la historia cuatro escaños para concejales indígenas en los municipios de San Lucas en Chuquisaca; Cajuata en La Paz; Yapacaní y El Puente, estos dos últimos en Santa Cruz. Todos ellos fueron elegidos conforme a sus normas y procedimientos propios, es decir, en el ejercicio de los derechos de una ciudadanía plural.

Si bien es aún una parte pequeña de práctica de democracia comunitaria si pensamos que a la fecha existen cinco autonomías indígenas en práctica con estatutos vigentes (Charagua Iyambae, Raqaypampa, Uru Chipaya, Salinas, Kereimba Iyaambae, Jatun Ayllu Yura) existen más de una docena en camino, podríamos decir que las ciudadanías plurales en pocos años se profundizarán.

(*) Farit Rojas es docente investigador de la UMSA