Brindar información sobre sus actividades y objetivos, dialogar con los ciudadanos y explicar sus decisiones cuando sea necesario son tareas imprescindibles de las autoridades gubernamentales en una democracia moderna. No cumplirlas adecuadamente, como parece ser el caso en algunas entidades públicas del país, alienta la desconfianza, debilitando al Gobierno y al Estado.
En las últimas semanas, la cuestión energética ha concitado interés en la opinión pública debido a las inquietudes sobre el nivel de las exportaciones de gas al mercado argentino, el futuro del contrato con el Brasil o las reales posibilidades de vender energía eléctrica a las naciones vecinas. Todas estas son cuestiones que precisan de un debate sensato y equilibrado, no solo por su complejidad técnica y financiera, sino también por su importancia para el futuro del país.
Lamentablemente su tratamiento se ha contaminado por valoraciones apresuradas, falta de información sobre aspectos clave y una rápida polarización partidista de los criterios manifestados. El saldo es que muchos ciudadanos siguen sin tener información clara, por ejemplo, sobre las razones por las que el gas que Argentina comprará en Chile es más caro que el que proviene de Bolivia, por mencionar solo una de las aristas de la discusión. Estas lagunas fomentan el escepticismo en un tema trascendental de la agenda de desarrollo nacional y de la propuesta política del presidente Morales.
Como en otros casos, las autoridades del sector se han dedicado a emitir aclaraciones desordenadas en entrevistas o en publicitar escuetos comunicados, en un tono más bien defensivo, pero sin una explicación detallada sobre todas las implicaciones y datos que ilustren e informen a la opinión pública sobre la cuestión. Si algún ciudadano o periodista busca información precisa y pedagógicamente expuesta en las páginas web de las entidades del sector, tiene que contentarse solamente con extractos de entrevistas al ministro del área esbozadas con pocos datos y evidencias. Mientras que en la página web de YPFB los únicos comunicados que parecen tener prioridad se refieren a las polémicas que afectan a su presidente.
La debilidad o inexistencia de esfuerzos estructurados de comunicación y explicación respecto a las acciones gubernamentales asumidas debilitan la confianza de los ciudadanos en sus autoridades y fomentan la proliferación de inexactitudes, rumores y suposiciones de toda laya. Las autoridades deben prestarle más atención al establecimiento de canales de comunicación y conversación con los ciudadanos, a la obligación que tienen de explicar sus decisiones y a la necesidad de convencer constantemente a sus mandantes sobre el buen fundamento de sus decisiones. Si no lo hacen, corren el riesgo de ser malentendidos o tergiversados.