En una inesperada declaración “personal”, el ministro de Justicia, Héctor Arce, lanzó la idea de llevar a referéndum la decisión sobre el aborto. El planteamiento generó polémica y un amplio rechazo, incluidas las filas del oficialismo. Y avivó el todavía malogrado debate sobre el proyecto de nuevo
Código del Sistema Penal. La propuesta de Arce quedó como un desacierto.
¿Por qué el titular de Justicia, nada menos, propone las urnas como “alternativa para resolver (sic) la discusión sobre al aborto”? ¿Acaso Arce, uno de los principales impulsores del nuevo y avanzado código en materia penal, está arrepentido del mismo? Siendo “hombre de derecho”, ¿no sabe que los derechos no pueden ser decididos por mayoría de votos? ¿Olvida el ministro que Bolivia es un Estado laico y no un Estado confesional? ¿Es que su fe, en fin, está nublando sus saberes jurídicos?
En descargo de su propuesta, el ministro Arce escribió un artículo en un diario local exponiendo dos argumentos. El primero es que, con arreglo a la actual Constitución Política del Estado, la ciudadanía puede tomar decisiones relevantes mediante el referéndum como mecanismo de la democracia directa y participativa. El segundo es que existen experiencias, en otros países, de votación sobre el aborto. Siendo evidentes, ambos argumentos no sostienen su idea de referéndum. Y el ministro lo sabe.
La Constitución ciertamente amplía la democracia al reconocer diversos mecanismos de elección y decisión. Uno es el referéndum, para decidir sobre normas, políticas y asuntos de interés público. Claro que la Ley del Régimen Electoral es explícita e inequívoca en su artículo 14 (Exclusiones), inciso e): “no se podrá someter a referéndum la vigencia de derechos humanos”. Y si en algo coinciden unos y otros es que en esta cuestión el bien mayor es el derecho a la vida, el cual se protege, no se vota.
Ya se ha dicho lo suficiente que la disyuntiva no es entre abanderados de la vida versus promotores de la muerte. Y que tampoco está en análisis, por ahora, la despenalización del aborto. El Código del Sistema Penal, en camino de aprobación, solamente amplía las causas no punibles para la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un derecho fundamental de mujeres que, con o sin castigo del Estado, con o sin bendición de la Iglesia, igual abortan. Y varias de ellas, en especial las pobres, mueren.
Por ello, en lugar de proponer alternativas personales al margen de la Ley, harían bien todas las autoridades y representantes, empezando por el Ministro de Justicia, en sacar la discusión sobre el aborto del espacio privado de la creencia y la fe, y situarlo en el ámbito público del derecho, la salud pública y los derechos. Es lo mínimo que se espera, y se debiera exigir, en un Estado laico. Parafraseando a un diputado: no se debería dudar, ni menos decidir en referéndum, entre Dios y la Constitución.