Voces

sábado 2 jul 2022 | Actualizado a 07:22

Malestar empresarial

Urge que ambos sectores renueven el diálogo, tratando estos obstáculos con honestidad

/ 20 de mayo de 2017 / 03:27

La relación equilibrada con los empresarios privados ha sido uno de los mayores aciertos políticos del Presidente. Y no cabe duda de que este pragmatismo ha contribuido a apuntalar el buen desempeño económico registrado en los últimos años en el país. Pero esta es una relación frágil que se debe cuidar y fortalecer, despejando susceptibilidades, para proyectarla a nuevas metas.

Ante las inquietudes formuladas por el sector privado respecto al proyecto de Ley de Creación de Empresas Sociales, el Ejecutivo decidió suspender el tratamiento de esta norma y proceder a consultas. Esta determinación revela la importancia que el Gobierno le da al empresariado nacional, y en particular el Presidente, quien ha negado enfáticamente que se desee vulnerar la propiedad privada y ha ratificado su interés de fortalecer conjuntamente las capacidades productivas y el empleo.

En estos años, el oficialismo ha establecido canales de conversación con el empresariado y ha acordado medidas que le han favorecido. Por ejemplo, ha sido notable el trabajo con los agroindustriales cruceños. Por otra parte, la estabilidad de la economía ha favorecido al sector privado en su conjunto. Pese a estos avances, hay divergencias entre ambos sectores. El MAS prioriza la redistribución, la satisfacción de las demandas de los trabajadores y el reforzamiento del papel del Estado en la economía; aspectos que a veces no coinciden con las prioridades de los empleadores.

Sin embargo, estos lineamientos no son necesariamente incompatibles con un clima favorable para los inversionistas o para la mejora de la competitividad. La creación de riqueza a través de un dinámico sector privado, entre otros medios, es una condición básica para viabilizar políticas redistributivas. Esta visión equilibrada parece ser mayoritaria en el Gobierno.

No obstante, hay problemas que se deben encarar. Hasta hace no muchos años la estabilidad, el aumento de la demanda, las inversiones públicas y las facilidades de crédito fueron suficientes para alentar la actividad privada. Pero desde 2015 los márgenes de los agentes económicos se han reducido y se resiente mucho más los costos de la presión fiscal, la burocratización y una regulación laboral rígida, a veces desequilibrada con el empleador. Es un malestar microeconómico que a veces las autoridades no parecen comprender, y que se exacerba cuando se toman decisiones que agravan la incertidumbre regulatoria.

Las imprecisiones de la Ley de Empresas Sociales, que necesitan resolverse, no son el fondo del problema, sino la acumulación de señales ambiguas en el entorno normativo e institucional que rige la actividad privada. Estos desarreglos generan costos estructurales que dificultan la creación de empleos en un momento en que el Gobierno intenta alentarlos. Por tanto, urge que ambos sectores renueven el diálogo, tratando estos obstáculos con realismo y honestidad.

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Percy

/ 2 de julio de 2022 / 02:15

“En el puente de la Villa hice un juramento, defender al Movimiento en todo momento”, le cantó Percy Fernández alguna vez a Evo Morales. Se trata del inicio de la canción Siempre, emblemática identificación musical del MNR de Víctor Paz Estenssoro, partido en el que militó el gobernante boliviano que más tiempo, de manera discontinua y continua, ejerció un cargo a través del voto, en este caso, al frente de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Percy cantó, bailó, recitó, increpó, insultó, gritoneó, hizo chistes en los más variados tonos, gobernó con intensidad e irreverencia, y en todo ese trayecto comandó la construcción de la Santa Cruz moderna que conocemos hoy. En la actualidad, aquejado por enfermedades, vive retirado y es muy probable que ya no sepa que las generaciones del Instagram y el TikTok no lo conozcan, que ni siquiera tengan una vaga idea de quién es este personaje al que se debe observar y evaluar con luces y sombras en toda su dimensión histórica.

Si las nuevas generaciones de cruceños ya no saben quién es Percy como hacedor de su ciudad, menos deben saber que fue ministro de Integración del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) encabezado por Hernán Siles Zuazo entre 1982 y 1985, que fue presidente de la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (Cordecruz), las cooperativas CRE, Saguapac y Cotas, también presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, senador de la República en 1989 y candidato vicepresidencial formando binomio con Juan Carlos Durán en 1997.

Su paso por la Alcaldía cruceña impresiona en tanto ejerció el cargo en tres gestiones, cada una de dos años (1989, 1991, 1993) y luego en tres gestiones de cinco años, entre 2005 y 2020. No pudo concluir su último mandato aquejado por problemas de salud para dejarle la posta a Angélica Sosa, que fue alcaldesa entre 2020 y 2021. Hechas las cuentas, Fernández gobernó la capital de departamento más poblada de Bolivia durante 21 años. En el tiempo que dejó el cargo de burgomaestre, fue concejal municipal entre 1996 y 2004, lo que significa que estuvo formalmente vinculado al municipio cruceño durante prácticamente tres décadas.

Las escuelas públicas y los gigantescos parques construidos dentro los anillos de la ciudad son obra de Percy Fernández. Se trata de infraestructura para estudiantes de escuelas y colegios con un diseño-tipo caracterizados por la amplitud y la comodidad, y de parques extensos en que la vegetación y los espacios para la recreación son su marca. La Santa Cruz de antaño, un pequeño pueblo con casas y corredores techados en las aceras, resulta ahora una especie de pequeña isla frente a las grandes extensiones conformadas por círculos (anillos) urbanos que la han extendido de manera descomunal y la hacen contigua con el norte integrado conformado por Warnes y Montero. En la edificación de la nueva ciudad está presente, de manera decisiva, este cruceño de 83 años, graduado con honores como ingeniero en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Percy Fernández, militante del MNR durante toda su existencia y en el último tramo de su carrera pública, fundador de la agrupación ciudadana Santa Cruz para Todos, con la que fue reelegido para la gestión 2015-2020, fue pieza fundamental para la gestación de la participación popular y la descentralización administrativa que abrió las puertas al redimensionamiento de la importancia e incidencia en la vida ciudadana de los gobiernos municipales. En otras palabras, Fernández formó parte de un equipo estratégico que transformó la organización político-territorial del país.

Fernández ha sido reiteradamente cuestionado por algunos incidentes, producto de su sentido del humor y un grado de machismo con situaciones grabadas en video que tiene miles de reproducciones en las redes sociales. Fue duramente criticado por las logias y el conservadurismo cruceño por una supuesta alianza política con el Movimiento Al Socialismo (MAS) a partir de una relación con Evo Morales que él mismo se encargó de hacerla amigable y útil para su gestión como alcalde.

Una charla de aproximadamente dos horas sostenida con Marco Peredo, abogado, dirigente de fútbol del club Blooming, pero en este caso, amigo cercanísimo a Percy, me ha permitido conocer como periodista una serie de aspectos nunca publicados acerca de su profunda identificación y compromiso con Santa Cruz. En esa misma charla estuvieron presentes dos de los hijos del alcalde, que me refirieron aspectos muy coloridos de un personaje público que había sido un gran lector y estudioso permanente de su realidad urbana. Su personalidad, su trayecto como gestor público, algunas excentricidades que le permitían zafar siempre del traje acartonado y formalote, para reírse con la gente a mandíbula batiente, exigen el desafío de registrar su vida y obra para la memoria histórica de Santa Cruz y de Bolivia.

 Julio Peñaloza Bretel es periodista.

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Retrocesos

/ 2 de julio de 2022 / 02:05

La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de revocar la protección federal al derecho del aborto es otra demostración de que ningún avance social está escrito en piedra. Son siempre posibles retrocesos significativos en los derechos que se fueron conquistando durante decenios, dependiendo de los contextos, que son naturalmente cambiantes, y la capacidad de los actores políticos para influir sobre ellos.

Se suele decir que en política toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria para recordarnos que cualquier proyecto o decisión pública estará siempre sometida a las aleas de la contingencia. Esta es, de igual modo, una advertencia contra la comodidad y el engreimiento que, a veces, se instalan entre las dirigencias y militancias que sienten que ya lograron sus objetivos y que éstos son y serán incuestionables hasta el fin de los tiempos.

Ya se sabía que la expansión de los derechos de las personas para que puedan ejercer su autonomía y libertad suele ser siempre un combate con resultado incierto, ahora sabemos también que la preservación de lo logrado exige similar nivel de preocupación, atención y movimiento.

Durante el primer decenio de este siglo se instaló cierto sentimiento, errado, de que el avance hacia una sociedad más igualitaria, tolerante y respetuosa de las diferencias era casi una cuestión de tiempo. Sus detractores eran, desde esa perspectiva, personajes a la defensiva, resabios de un mundo que estaba destinado a una paulatina desaparición, incapaces de conectar con una sociedad que casi obviamente iba a ser más progresista.

Pero ese fin de la historia nunca llegó, al contrario, las visiones conservadoras y reaccionarias no solo ganaron fuerza, sino renovaron sus discursos, instrumentos y capacidades de hacer política. Aún peor, muchas de ellas son ahora capaces de conectar de manera efectiva con las emociones y pasiones de grandes segmentos de la sociedad, en tiempos de grandes turbulencias, miedos e incertidumbres. En muchos países, la dinámica y la iniciativa política están del lado de los populismos de derecha.

El retroceso del tribunal supremo estadounidense no es, por tanto, un accidente, es el resultado de un sistemático trabajo político de largo aliento de las fuerzas neoconservadoras de ese país que se inició a fines del siglo pasado y que reconfiguró no únicamente la correlación de fuerzas en esa instancia, sino en el ámbito partidario, comunicacional y sobre todo social de ese gran país. Hoy las posiciones reaccionarias sobre los derechos de las mujeres o de las diversidades sexuales cuentan con sólidos apoyos sociales y electorales en los EEUU, mucho más transversales de los que se desea a veces admitir desde las visiones ancladas en un “deber ser” irrealista.

Y tampoco creamos que esa ofensiva ahora victoriosa se detendrá ahí y en las fronteras de ese país, tendrá impactos en todo el planeta, incentivando estrategias, alianzas y movilizaciones políticas con esas mismas orientaciones que nos seguirán sorprendiendo, buscando revertir legislaciones y decisiones favorables a los derechos de mujeres, diversidades sexuales y minorías donde ya fueron aprobadas, o detenerlas allá donde están en consideración.

Así pues, el movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las diversidades está ante un enorme reto político, por si fuera necesario recordarlo. Se trata de (re)construir mayorías sociales y político-electorales que protejan y amplíen esos derechos. Tarea, por las razones anteriormente mencionadas, nada obvia en contextos donde sus adversarios renovaron sus discursos, instrumentos y estrategias.

La cuestión, me parece, no consiste únicamente en reforzar el compromiso y el militantismo de los segmentos más convencidos, lo más desafiante es ampliar las fronteras, volver a hablar a las mayorías, entender a sus contradictores, que cambiaron mucho, para luego rebatirlos, explicar, persuadir y tomar en cuenta la propia diversidad del campo progresista, abandonar la ilusión de que sus causas deben ser entendidas y asumidas por todos y todas sin discusiones.

En suma, menos sectarismo, más política democrática. La lucha por los derechos será siempre un combate, no hay que olvidarlo ni bajar la guardia. Urge, porque el retroceso no se puede descartar en ningún caso.  

Armando Ortuño Yáñez es investigador social.

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Ecuador, el mejor ejemplo

/ 2 de julio de 2022 / 02:02

Resulta paradójico cómo algunos líderes políticos y seguidores de los gobiernos neoliberales guardan silencio frente a la crisis social que actualmente sufre el Ecuador, país en el cual se viene aplicando el modelo económico neoliberal, defendido y vanagloriado en nuestro país por varios analistas económicos políticos opositores; así tenemos como ejemplo que un conocido empresario y político que siempre candidatea a presidente, publicó en su cuenta de Twitter: ¿Qué debemos aprender de la crisis del Ecuador?, y se respondió: que “los subsidios a los combustibles son cruciales para la estabilidad”.

Debemos aclarar que la política neoliberal aplicada por Guillermo Lasso se ejerce con mucha disciplina bajo los principios y designios del FMI y el Banco Mundial, por ejemplo la política de precios para los combustibles se da cada fin de mes, ajustando su precio interno de acuerdo con la variación internacional; con esta medida la mano invisible actúa subiendo los precios en toda la economía, vale decir que el poder adquisitivo de los ecuatorianos se reduce. Como ejemplo, aun con la reciente disminución del 10% el precio de la gasolina en Ecuador, tendría su equivalencia en Bs 4,52, superior a los Bs 3,71, que es precio actual que no sufrió alteración en más de 10 años en nuestro país.

Pero bien sería que el incremento de los precios de los hidrocarburos genere el alza de los precios en similar proporción o equivalencia, lamentablemente los productores incrementan un tanto, los intermediarios otro tanto y los detallistas otro, vale decir que el poder adquisitivo de los ecuatorianos entra en un círculo vicioso que reduce mucho más su poder adquisitivo. En este aspecto uno de sus principales pedidos es el control del agio y la especulación, sobre todo de los artículos de primera necesidad por parte del Estado, lo cual es una política contraria al neoliberalismo.

Como todo buen neoliberal, Lasso implementó la privatización de sectores estratégicos de la economía, como el servicio eléctrico, carreteras, salud, entre los principales, lo cual repercute sobre el incremento del costo de vida. Se debe tener en cuenta que todo empresario privado busca la maximización de sus ganancias, por tanto a ellos no les interesa, ni es su función subvencionar el precio de sus servicios, ellos dan su servicio a quien pueda pagar.

Estos aspectos descritos, sumados al cierre de varios negocios, hacen que se incremente la desocupación, la cual es base para que las protestas sociales sean multitudinarias, que actualmente son encabezadas por el sector indígena, seguido por estudiantes; y lo sorprendente es que la clase media va tomando partido en apoyo del mencionado movimiento, todo esto por el constante deterioro de la economía ecuatoriana.

Estos movimientos sociales no pueden atribuirse a un financiamiento externo. Las redes sociales y algunos políticos desubicados tratan de desprestigiar estas protestas, atribuyéndolas a un “plan internacional” muy bien organizado que tiene por objetivo principal generar malestar y la desestabilización política y social en los gobiernos neoliberales; nada más falso, las protestas sociales se deben principalmente a la desesperación de los ciudadanos cuando ven que su dinero ya no les alcanza para mantener a sus familias, mientras unos cuantos tienen mucho más de lo que necesitan y llegan a darse lujos extravagantes, lo cual desemboca en la elección de partidos y movimientos de izquierda; ya pasó en Chile y Colombia, y se tiene la perspectiva que Brasil y Ecuador seguirán ese camino.

Miguel Marañón Urquidi es economista.

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La ocupación israelí, ¡hasta cuándo!

/ 1 de julio de 2022 / 01:16

El mundo entero es consciente de que todas las acciones y prácticas de la ocupación israelí en los territorios palestinos ocupados son “contradictorias con las normas más básicas del derecho humanitario y el derecho internacional”. Son más de 700 resoluciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 90 resoluciones en el Consejo de Seguridad y 90 resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos, las resoluciones de legitimidad internacional relacionadas con el tema palestino. Ninguna de éstas permite la anexión de las tierras palestinas por la fuerza y todas ellas prohíben y tipifican como delito los ataques a la propiedad pública y privada, incluidos los lugares de culto, culturales, patrimonio, instalaciones sociales y de antigüedades. El país ocupante debe preservar la vida de los residentes de los países ocupados y no ponerlos en peligro o intimidarlos o imponerles sus leyes de ninguna manera. ¿Qué ocurre con las prácticas de la ocupación israelí en relación con estas resoluciones?

Queremos que la comunidad internacional implemente solo una de estas resoluciones que se han ido adoptando durante 74 años. Es triste que seamos el único pueblo del mundo que no obtuvo la implementación de ninguna de las resoluciones de legitimidad internacional. Como ejemplo está la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU que fue adoptada por unanimidad y, sin embargo, tampoco ha sido implementada. Como no obtuvimos justicia en el Consejo de Seguridad, ni en la Asamblea General, ni en el Consejo de Derechos Humanos, entonces ¿hacia dónde vamos y qué debemos hacer?

Pero a pesar de toda la injusticia que estamos soportando, adoptamos la política de resistencia popular porque queremos justicia, pero si no la obtenemos, ¿dónde tenemos que buscar la justicia?

La comunidad internacional hasta ahora no ha podido brindar protección al pueblo palestino ni disculparse ante él. No se ha trabajado para hacer justicia a la víctima, para acabar con la soberbia de esta entidad canalla y para detener las continuas agresiones y sus ataques diarios. Como consecuencia, Israel continúa con su provocación descarada y prosigue con sus acciones criminales, que son calificadas como crímenes de guerra, desafiando a la comunidad internacional y a sus decisiones. Todo ello es fruto de la red de apoyo y seguridad que le brindan los países coloniales. Una demostración de todo lo expuesto es el uso excesivo del derecho de veto y la amenaza de utilizarlo siempre para anular cualquier decisión que imponga sanciones en su contra o la emisión de cualquier decisión que pueda conducir a poner fin a la ocupación y la inadmisibilidad de anexarse las tierras de los palestinos por la fuerza, así como el asentamiento en las tierras palestinas ocupadas para hacer justicia a la víctima (el pueblo palestino), al permitirles el retorno y la autodeterminación.

Todo lo expuesto no significa una falta de interés por las normas del derecho internacional, por los acuerdos, tratados y resoluciones internacionales que Israel y sus aliados buscan eludir, sino la necesidad de trabajar en implementarlos y activarlos para enfrentarse a él, haciéndole responsable de sus acciones, obligándole a cumplir las normas y trabajar para hacerlas efectivas.

Las autoridades de ocupación corren a contrarreloj para perpetuar la realidad del apartheid y aplicar la política de extremismo del Gobierno israelí que está supeditada a la aplicación de los planes del bloque extremista del Gobierno. Esta frenética campaña de asentamientos está siendo practicada por las autoridades de ocupación a la luz del continuo apoyo de la comunidad internacional, lo que sienta un peligroso precedente en el tratamiento de asuntos internacionales. Estas prácticas están generando preocupación especialmente por la política de doble moral y su contradicción con las leyes y legislación internacional.

Por lo tanto, señalamos que la ocupación debe terminar lo antes posible. Basta de ignorar, postergar y fabricar pretextos endebles para perpetuarla. El pueblo palestino debe obtener sus derechos plenos íntegros, desde el derecho al retorno, la igualdad y el derecho a la autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado palestino libre, independiente y soberano con Jerusalén Oriental como su capital. Solo así la paz y la seguridad prevalecerán en la región.

Mahmoud Elalwani es embajador del Estado de Palestina en Bolivia.

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Precedente preludio

/ 1 de julio de 2022 / 01:16

No se trata solo del aborto. Lo ocurrido hace unos días cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió eliminar todas las protecciones federales para el acceso al aborto en este país constituye un preocupante precedente y a la vez un momento preludio que es preciso entender en su magnitud, porque se trata de un decidor hito de nuestra época actual y de los desafíos que conllevará gestionar nuestras sociedades en los siguientes años y para las generaciones venideras.

En la actualidad, al centro de las discusiones en torno al tipo de sociedades occidentales que queremos se encuentra el destino de muchos de los derechos adquiridos de las personas en las últimas décadas, pero, sobre todo, los de las poblaciones históricamente excluidas y condenadas sistémicamente a las múltiples desigualdades; las regresiones con las que se amenazan hoy a estos derechos y el rol de los Estados ante su protección y garantía. ¿Qué tanto de ello es privativo de la justicia aún en este tiempo? ¿Es posible que los desacuerdos respecto a los derechos de las personas permanezcan en manos de tribunales de justicia? Los debates jurídicos en torno a ello deben darse no solo con mayor celeridad sino con mayor atención, pues pareciera ser que los tiempos que nos llevan hacia “el futuro” se están acelerando, ganándole la carrera a la institucionalidad del Estado de derecho, tal como lo conocemos.

Si partimos de la hipótesis que los sistemas democráticos tal y como los conocemos, a esta altura del partido, ya no tienen un futuro garantizado, estamos —en lo cultural y discursivo— ante el enorme desafío de pensar cómo se logra que sea el gran relato democrático de la ampliación (y garantía) de derechos humanos el que salga triunfante dentro de las disputas de este tiempo, esto es: que convenza a quienes componemos las sociedades de que ese es (sigue siendo) el camino de la convivencia y la base de un nuevo (renovado, más bien) contrato social. 

No se trata solo del aborto. Aunque esta batalla político-cultural haya iniciado hace ya algunos años, en realidad lo que este fallo denota es que independientemente del nivel de institucionalización que tengan los Estados, las decisiones sobre las vidas/cuerpos de las personas aún pueden estar sometidas a las concepciones de mundo de quienes tienen el poder para generar Estado. Esto, peor aún, sin haber atravesado una (s)elección democrática que avale que estas personas representan el pensamiento y la forma de vida de, cuando menos, la mayoría de las personas que componen una determinada sociedad.

En el fondo, pues, lo ocurrido hace días en Estados Unidos se ubica como uno de los principales síntomas del signo de época que llevará la historia occidental en los próximos años y que se ha venido cultivando desde hace varios años. Y, lo curioso y que se ha ido anticipando, es que ese signo de época tiene más que ver con lo que conocemos como pasado —y, en consecuencia, se creía superado— que con lo que durante muchos años se imaginó como futuro de la democracia. Estamos al frente, pues, de un signo de época ya demasiado cercano y que debe ser pensado, afrontado y gestionado con profundidad, creatividad y seriedad desde la política en un tiempo en el que la inmediatez, la superficialidad y la desinformación cooptan muchos de los escenarios en los que se libran las batallas político-culturales de nuestro tiempo.

Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka.

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