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Soberanía audiovisual para el cine boliviano

El cine boliviano está condenado a desaparecer si no se establece una política nacional de protección

/ 25 de mayo de 2017 / 03:45

Luego de casi seis años, el debate sobre una nueva Ley del Cine y Audiovisual Boliviano está tomando cuerpo, por una decisión de la ministra de Culturas, Wilma Alanoca Mamani, quien convocó al sector audiovisual para conformar de manera plural una comisión de acompañamiento al proceso de redacción final de la futura norma.

Son cuatro los pilares fundamentales que el sector del cine y audiovisual boliviano ha insistido incluir en el anteproyecto, el tema principal es el concepto de “soberanía audiovisual”, que consiste en implementar una política estatal de protección y priorización de la producción nacional para el campo cinematográfico y audiovisual.

El segundo pilar es la creación de un fondo de fomento compuesto de un porcentaje de las ganancias que genera la exhibición de cine extranjero, la televisión pagada y el consumo masivo de audiovisual vía internet.

Un tercer punto tiene que ver con la participación activa del sector compuesto por realizadores y trabajadores de toda la cadena productiva, para la definición de políticas públicas en el campo del cine y audiovisual en el país.

Un cuarto pilar, no menos importante, es la visibilización del cine indígena como un rasgo que destaca al país, en torno a una práctica de apropiación de las nuevas tecnologías de la comunicación audiovisual, para el fortalecimiento de las diversas identidades del Estado Plurinacional.

Es bien sabido que la mayor actividad cinematografía en Bolivia tiene que ver con el consumo de cine norteamericano, que acapara el 99% de la cartelera en las distintas salas del país, el cine europeo y el latinoamericano están casi proscritos de las multisalas, y esto responde a una política de acaparamiento del mercado por parte de un solo proveedor, el cual tiene la tecnología más avanzada para la gigantesca industria del entretenimiento. Entretanto, el cine realizado por bolivianos está condenado a desaparecer si no se establece una política nacional de protección, como ocurre en muchos países del continente.

La nueva Ley del Cine y Audiovisual Boliviano se encuentra atrasada con relación a la revolución que se vivió en los demás países de la región; Argentina, Colombia, Perú y Ecuador se adelantaron, y en la actualidad incrementaron significativamente la cantidad de filmes propios a estrenarse en los circuitos comerciales de sus respectivos países. Esta revolución se propició con el importante respaldo de los Estados que apostaron por revitalizar a un sector que hoy está en la vanguardia de las industrias creativas del entretenimiento.

La idea de “soberanía audiovisual” para nuestro país no es una frase que quiere ser concordante con la soberanía alimentaria impulsada actualmente por el Gobierno, conlleva toda una visión política en favor de crear las condiciones para que se active en cada ciudad del país y del área rural la economía generadora de empleo, consumo de bienes y servicios relacionados con la creación y comercialización de imágenes en movimiento, desde cortos, series, hasta los documentales y películas de todo género, diseñadas para las salas de cine, televisión e incluso para internet.

Este enfoque no pretende expulsar al “cine gringo” de las salas instaladas en el territorio nacional, busca más bien impulsar nuestras propias capacidades creativas con el aporte de los consumidores, hombres y mujeres, que tienen consolidado su gusto y preferencia por este tipo de producto audiovisual. El propósito de esta iniciativa es el de promover un cine con identidad y, de esta manera, exportar al mundo nuestra riqueza cultural con la promoción del país y el incentivo del turismo.

La nueva Ley del Cine y Audiovisual Boliviano está a punto de concretarse, es el momento de generar las condiciones para un nuevo despertar y para enaltecer uno de los orgullos bolivianos, cual es su propio cine. Tenemos la esperanza de que esta norma propiciará, fundamentalmente, nuestra libertad de expresión, desde la imagen en movimiento y acorde con el derecho a la comunicación.

* es presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz.

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Las enseñanzas de los oblatos por Erbol

Durante 50 años, la base de la labor de Erbol ha sido educar para la liberación y la toma de conciencia.

/ 22 de julio de 2017 / 04:00

El 18 de julio, Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), la red de información más completa del país, cumplió 50 años de labor incansable, haciendo eco lo que sus mentores constituyeron como su principio fundamental: educar para la liberación y la toma de conciencia. El epicentro de esta iniciativa se encuentra al norte de Potosí, en la región minera de Catavi, Llallagua y Siglo XX. La radio Pío XII, que en la década de los 50 se levantó en el seno de una parroquia de muros de piedra, fue y sigue siendo hoy la radio minera que testifica “el coraje del pueblo”.

Los sacerdotes oblatos de María Inmaculada procedentes de España, Estados Unidos y Canadá fueron encomendados a traer el Evangelio y “liberar” a los trabajadores mineros del alcoholismo y del comunismo.

Para los presbíteros extranjeros era inconcebible hablar de Dios mientras se derrochaba dinero en grandes fiestas que duraban días, con ingente cantidad de chicha, música y baile. Pero cuando decidieron sacar los santos de los altares, la gente amenazó con no volver a misa. Al final, los sacerdotes terminaron evangelizados por el pueblo minero, gracias al Concilio Vaticano II y los documentos episcopales de Puebla y Medellín, base de la teología de la liberación.

La radio Pío XII, que inició con un discurso sancionador a las costumbres y tradiciones de los mineros, se convirtió en el instrumento para defender a los pobres. También se constituyó en el faro libertario de denuncia de la injusticia y resistencia a la dictadura militar de entonces. En cuatro ocasiones los sacerdotes oblatos tuvieron que reconstruir la emisora luego de que gente armada destrozara los equipos para silenciarla.

Si bien La Paz está a más de 300 kilómetros de los centros mineros antes mencionados, las radios mineras informaban al país gracias al trabajo de periodistas y sacerdotes que traducían del inglés o francés los reportes de los corresponsales extranjeros que enviaban sus despachos desde la plaza Murillo. Este acto heroico fue conocido mundialmente como la red de defensa de la democracia, protagonizada por las radios mineras. Fue un ejemplo de valor y dedicación, porque organizaban la resistencia y la rebelión.

Fue el pensamiento de Paolo Freire el que dio un nuevo sentido a las radios mineras, de la mano del padre Gregorio Iriarte. “La Pío”, con los mejores locutores y periodistas del país, se dedicó a enseñar y educar para transformar la realidad. El padre Iriarte, arriesgando “el pellejo”, logró que mineros como Irineo Pimentel, Filemón Escobar y Federico Escobar escaparan de las garras de los militares. Muchos le deben la vida a aquel humanista entregado a Dios, quien no escatimó esfuerzos por salvar vidas.

De esa dura experiencia, Iriarte dedicó el resto de su vida al estudio incesante de los análisis críticos de la realidad, traducidos en libros con miles de copias vendidas en el país y en el exterior. Aquel sacerdote no se conformó con darle educación a los pobres para que nunca más los patrones los engañen y sepan reclamar un salario justo, también enseñó el camino para alzar la voz frente a la injusticia, decir la verdad y denunciar la corrupción.

A 50 años de ese heroísmo y desprendimiento, la red Erbol no tiene otro camino que seguir las enseñanzas de esos hombres y mujeres que dieron sentido a las minas y al país, desde las cabinas de la radio que nos cuenta todos los días cómo está hoy Bolivia.

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¿Ley de medios en el siglo XXI?

Un Estado moderno debe garantizar un escenario de pluralidad y de participación de la ciudadanía

/ 23 de junio de 2017 / 04:00

En los inicios del siglo XXI, el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver, entre otras cosas, con el acceso a instrumentos que facilitan contar con una abrumadora cantidad de contenidos, unos informativos, otros de recreación y algunos de entretenimiento.

En democracia, la libertad de expresión abre posibilidades de ejercicio de otras libertades, pero en América Latina aún queda en la memoria la oscura época de los gobiernos dictatoriales que restringieron y censuraron esas libertades, a los que hoy se hace referencia con frecuencia.

El régimen totalitario se encargó de limitar el acceso a la información, hacerla escasa y, en su peor momento, en objeto de censura. Si bien en muchos países democráticos esas condiciones fueron cambiando, en otros continúa la sombra de la desinformación o las restricciones al acceso.

El 2009 en Argentina, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más conocida como la Ley de Medios, que en los hechos logró reducir la cantidad de licencias de funcionamiento de medios en manos de un solo propietario, es decir, combatir el monopolio. Esa ley, que pretendía la democratización de la comunicación, surgió en medio de un franco enfrentamiento entre el Grupo Clarín, principal multimedio argentino, y los esposos Kirchner que gobernaron durante 12 años.

Para el periodista argentino Marcelo Franco, director de la Maestría de Periodismo de la Universidad Icesi, Cali (Colombia), la Ley de Medios nació distanciada entre el Gobierno y los actores de los medios. Evaluando a la luz de la innovación permanente de las tecnologías de la comunicación e información, es una ley que da la espalda al siglo XXI porque no incluyó a los medios digitales y negó la posibilidad de ordenar algunos derechos y cumplimiento de deberes.

A poco de asumir la presidencia, en diciembre de 2015, Mauricio Macri anunció que haría modificaciones a esa polémica ley, y su jefe de gabinete, Marcos Peña, afirmó que “se terminó la guerra contra el periodismo y comienza la era del siglo XXI, en lo que tiene que ver con las comunicaciones”.

Para Franco, el ejercicio de la comunicación tiene una consecuencia, supeditada a cierto control, no en relación a los contenidos por los que se puedan o no comunicar, sino a la posibilidad equilibrada de decir las cosas, en la gestión de la comunicación de quienes, por pertenencia a la sociedad, merecen volver visible sus ideas o reclamos. Según su opinión, el principio obligante del periodismo es la lucidez, no la defensa de los intereses de la corporación en los que eventualmente puedan estar asociados, sean éstos empresariales o de gobierno.

El hecho de no poder ejercer la lucidez, no poder traducir —esa lucidez— en argumentos a favor o en contra de lo que está sucediendo, o no poder participar en esa contienda en condiciones de disidente, es un riesgo a la libertad de prensa. En esa ida y vuelta de garrotazos entre corporaciones políticas y empresariales, los periodistas no se pueden alinear con la línea de fuego de los dos lados, sino con el automandato vocacional o profesional de servicio.
Según Franco, es común que los periodistas estén en la línea de fuego, de ninguna manera se puede justificar lo que se hace en nombre de la libertad de expresión, sino y de manera clara plantear su legítima defensa, sin avergonzarse por ser de derecha o izquierda o pertenecer a una corporación política o empresarial, profesar un culto religioso o una preferencia sexual. Es innecesario disfrazar una cosa con otra.

El periodismo es un agregado de valor social, bajo la forma de información contextualizada o del conocimiento que se constituye como un borrador de la historia, aquella que los historiadores o científicos se encargarán después de presentar. En estas condiciones, un Estado moderno debe preocuparse por garantizar, por medio de su normativa, un escenario de pluralidad y de participación de la ciudadanía, permitiendo el acceso a la información y el debate público de los temas centrales.

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