Se ha dicho en este mismo espacio, innumerables veces, que el problema de la falta de seguridad ciudadana no se resuelve únicamente con vigilancia y control policial; sin embargo, esto no significa que la presencia de efectivos de la Policía sea innecesaria o prescindible. El Alto, actualmente considerada la ciudad menos segura del país, es un buen ejemplo.
En efecto, semanas atrás, el Ministro de Gobierno reveló que la ciudad vecina a la sede de gobierno es la más insegura de Bolivia, afirmando que en delitos contra la vida, encabeza la lista; está en segundo lugar en lesiones leves, graves y gravísimas; en delitos contra la libertad sexual, en tercer lugar; y en cuarto en delitos en los que no media la violencia.
Al respecto, el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en El Alto considera que el elevado nivel delictivo se debe al crecimiento demográfico en esa urbe (que según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística tiene una población de 900.914 habitantes) y al incremento de los cinturones de pobreza. En ese sentido, reconoce la autoridad, hay un marcado déficit de efectivos policiales.
Según explicación del Director de la FELCC, el estándar internacional indica que debe haber un policía por cada 250 habitantes, mientras que en El Alto esta relación es de menos de la mitad: un uniformado por cada 563 personas, y esto sin contar cuántos de los efectivos no hacen patrullaje callejero, sino que se dedican únicamente a tareas administrativas.
A su vez, el Director Municipal de Seguridad Ciudadana en esa ciudad corrobora esta idea, afirmando que los robos agravados en viviendas ocurren por falta de una efectiva labor de patrullaje. El Comandante Regional de la Policía señala que hay cuatro turnos de patrullaje, cada uno compuesto entre 200 y 300 efectivos, cantidad a todas luces insuficiente si se considera que además de ser una de las ciudades más pobladas, es también una de las más extensas del país.
Asimismo, entre el jefe policial y el jefe de seguridad ciudadana de ese municipio hay una discrepancia sobre el aporte que el gobierno local hace a las tareas para combatir las causas de la inseguridad. Desde la Alcaldía se afirma que otorgan una importante inversión para tal efecto, sobre todo en equipamiento; desde el lado policial se dice que hay mala distribución de los recursos, sobre todo del personal de la Guardia Municipal.
Lo evidente de todo esto es que, quiérase o no, la principal responsabilidad de la lucha contra la delincuencia recae sobre la Policía, y es deseable que se hagan los esfuerzos necesarios para asegurar una mejor cobertura en El Alto, pues tener esos índices de criminalidad en la segunda ciudad más poblada del país habla mal de todo el Estado, y sobre todo de sus deficiencias a la hora de proteger a su población.