En Bolivia nos vamos acostumbrando a que todos los días una mujer, una niña, una adolescente aparezcan violadas, feminizadas, violentadas. Pese a que no contamos con registros únicos y si bien las cifras son importantes a la hora de tomar decisiones sobre política pública, ya no son suficientes. Hoy la realidad nos rebasa y las agresiones que sufrimos las mujeres nos dan cuenta de una sociedad cada vez más violenta, y por tanto, menos democrática.
De las miles de mujeres que todos los días son agredidas, el último caso de trascendencia, que ocurrió en el espacio político, ha revuelto la indignación, la rabia e impotencia que venimos acumulando, ante la absoluta impunidad. Y es que si ellas que se supone tienen poder son tan vulnerables, ¿qué podemos esperar para las demás? Por supuesto nunca faltan los que se rasgan las vestiduras y salen en marchas por las calles dizque “defendiendo la vida”; así como ministros que comprometen recursos públicos para organizar referéndums para consultar la garantía de derechos de las mujeres (algo totalmente fuera de lugar, dicho sea de paso, como bien han señalado aclaraciones importantes).
Sin embargo, hoy esas mismas personas guardan un silencio sepulcral, mientras las mujeres agredidas hacen la peregrinación habitual en las instancias policiales y tribunales en procura de justicia. Pero previsiblemente ninguna encontrará una respuesta oportuna y contundente.
Su partido tampoco les presta el apoyo necesario, pues ya conocemos la posición de sus dirigentes máximos, “machos de cabo a rabo”. Es decir, todo indica que será un caso más tipo “Juana Quispe”, concejala de Ancoraimes que fue torturada y asesinada en marzo de 2012, y cuyo crimen aún no se ha esclarecido.
A su vez, las mujeres que militan en su misma organización política han realizado algunas acciones aisladas. Sin embargo, hasta ahora no salen férreamente a solicitar una justicia pronta y eficiente. A pesar de que se trató de un caso de violencia sexual explícita y que las víctimas estuvieron a punto de morir, aún no hemos presenciado ni siquiera una conferencia de prensa denunciando el hecho, como sí ocurrió en otras oportunidades.
Lo cierto es que la vida de las mujeres no “vale” nada, nadie se inmuta (solo las feministas) de la violencia patriarcal. Las concejalas Erenia Villa Nina de Choque y Elizabeth Antonieta Ureña, del municipio de Tapacarí (Cochabamba) fueron castigadas por estar en un espacio que “no les corresponde”. Los patriarcas castigan, humillan, matan a estas mujeres “insolentes” que ocupan la política, que toman decisiones y les quitan “sus espacios” y sus decisiones “naturalmente asignadas”. Se amparan en la impunidad, en la presencia de instituciones sin recursos, sin voluntad política para implementar políticas ni normas legales. Se amparan en la complicidad de los códigos del macho. Por todo ello, no debería sorprendernos escuchar acusaciones con absoluta ligereza en su contra… “¿Qué hacían tomando con los hombres?”, “¿Por qué no se quedaron en su municipio?”…, ratificando la “culpa” de las mujeres por “exponerse” y “provocar” a sus victimarios.
Hasta hoy los presuntos agresores están libres. Y si bien se conoce de algunos esfuerzos por proteger a las víctimas (Acobol), para conseguir justicia primero deberán “probar” quiénes las agredieron; luego, “justificar” por qué estaban en el lugar, por qué subieron a la camioneta, etc. Entretanto, se deja pasar el tiempo necesario para que los agresores fuguen, amedrenten, chantajeen, intimiden, etc. Así saldrán libres de polvo y paja.
Y mientras esto ocurre, los sistemas y las políticas que las propias mujeres hemos impuesto al Estado Plurinacional carecen de los recursos, del personal idóneo y de las condiciones necesarias para proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Por ello, seguiremos siendo golpeadas, mutiladas y feminizadas en cualquiera de los espacios de la vida.