Las acciones gubernamentales estarán siempre bajo el escrutinio de la opinión pública, esa es una regla ineludible de la democracia. Para preservar la confianza de la ciudadanía, no basta ser eficaz y honesto, es crucial también parecerlo; y para eso se precisa de una comunicación que explica claramente las decisiones y que tome en cuenta las inquietudes de la población.
Con bastante frecuencia, las autoridades de gobierno se quejan de la incomprensión e incluso de la supuesta mala fe de los medios de comunicación y de los opositores cuando aparecen casos que ponen en duda su desempeño u honestidad en el manejo de la cosa pública.
Este no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de Bolivia, es el pan de cada día de cualquier democracia moderna en la que la política se hace básicamente en los medios, un entorno donde las percepciones a veces importan más que la realidad. Este contexto ha ampliado las libertades y posibilidades de participación de los ciudadanos, por eso hay que defenderlo; pero también viene acompañado de rasgos incómodos como la preeminencia del corto plazo, la inclinación hacia el escándalo, la manipulación de la realidad, la polarización y el oportunismo político.
Lo anterior puede o no gustarnos, pero es un dato de la democracia. Más que discutir o quejarse sobre sus defectos, habría que reflexionar sobre la manera en la que el ejercicio de la política y del manejo de la cosa pública deben adaptarse urgentemente a esta realidad. En tal sentido, los funcionarios y políticos necesitan ser más abiertos y humildes frente a la opinión pública. Ningún ciudadano tiene por qué comprender o apoyar una decisión pública si no se la ha explicado o justificado suficientemente. Cuando se trata de cuestiones complejas, como la gestión de un megaproyecto energético o la aplicación de cuotas a una elección de magistrados, es imprescindible transparentar la información y —sobre todo— realizar una pedagogía acerca de sus razones, implicaciones y métodos. Ya no hay cheques en blanco para nadie. Para avanzar hay que conversar con la gente, escucharla y persuadirla del buen sentido de una decisión.
En tiempos de desconfianza, las contradicciones y las inexactitudes se pagan caro, generan percepciones negativas. De ahí la necesidad de construir certidumbres, es decir, de contar con normas, mecanismos de información y secuencias institucionales claras para, por ejemplo, gestionar una denuncia de corrupción. A veces los funcionarios se molestan de las suposiciones que publican los medios sobre un caso en particular sin percatarse de la falta de transparencia y desorden con la que ellos mismos manejan esas situaciones. La montaña de dimes y diretes, que confunde a la opinión, es usualmente resultado de una comunicación oficial reactiva e insensible a lo que los ciudadanos quieren saber.