Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Etiopía, será el próximo director General de la OMS. Coincidió con Carissa Etienne, directora de la OPS, en enfatizar el acceso universal a la salud como prioridad central. Bolivia suscribió la Estrategia de Salud Universal (ESU) en la OPS en 2014. Esta estrategia busca que todas las personas y comunidades accedan a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación, con compromiso comunitario y sin empobrecerse.
¿Vamos en ese camino?
En los últimos 11 años se reportan 1.007 establecimientos de salud construidos, 2.700 consultorios en los barrios, y un plan de construcción de 47 hospitales, un reactor de investigación y tres centros de medicina nuclear. En paralelo, el Estado boliviano se aboca a un plan de recursos humanos y a capacitar profesionales en sincronía con las obras. Es de los proyectos más ambiciosos encarados en Latinoamérica, y por lo inédito no va a estar exento de retos. Vale el esfuerzo. La inversión en salud motoriza a lo más elevado de la economía: el bienestar de la población, y empleo del más alto nivel profesional. Bolivia lo necesitaba, la capacidad de sus hospitales es menor que lo recomendable, y la obsolescencia afecta la atención y el bienestar de pacientes y del personal de salud.
Los hospitales no alcanzan: vivimos más, comemos mal, no nos movemos, nos enfermamos más y nos atendemos cuando es tarde, doloroso y caro. La inversión más efectiva es prevenir o diagnosticar temprano y que cada persona, familia y comunidad ejerza los derechos sobre su salud. La Constitución Política del Estado reconoce derechos fundamentales que determinan socialmente a la salud: como agua y alimentación, educación, vivienda. Los tres niveles de gobierno avanzaron en realizar estos derechos y se registran mejoras de las más significativas de las Américas en el aumento de la esperanza de vida, reducción de mortalidad infantil, desnutrición y enfermedades transmisibles, entre otros indicadores de salud.
El sistema único de salud universal, gratuita, equitativa, intracultural, intercultural, participativa, con calidad, calidez y control social planteado también en la Constitución es consistente con la ESU. Bolivia tiene en este punto una ventaja comparativa excepcional en el programa Mi Salud: retomando los principios de PIAAS de 1985, desplegó más de 2.700 consultorios gestionados con organizaciones territoriales de base. A cuatro años de iniciado, este programa cubre al 25% de los bolivianos y acerca servicios como nunca antes. Ejemplo: una mujer embarazada en Pucara que antes debía viajar dos horas para llegar a las tres de la mañana al hospital para pedir turno, y a veces llegaba y no había fichas, vimos que ahora se atiende a pocas cuadras o en su casa. Caminando un poco se ve que es la generalidad de los casos. Nuestro reconocimiento a los bolivianos y a la cooperación cubana, es un modelo para el mundo.
Es el camino correcto si se abordan los determinantes, se cuenta con un primer nivel de atención bien orientado y un plan con fondos para la alta complejidad. ¿Se puede pagar? Bolivia es de los países que más incrementó el presupuesto y la cobertura de salud. A 2005, 27,9% de los bolivianos tenía algún tipo de cobertura, a la fecha superaría al 65,7%, contando la seguridad pública nacional, la seguridad social y una proporción de atendidos por el programa Mi Salud: 135,5% de aumento, sin contar los seguros de salud subnacionales. Sin embargo, comparando con la región es poco, falta cobertura poblacional, de prestaciones y financiera. Aumentar el presupuesto implica un reto fiscal y un riesgo de despilfarro.
En el mundo los sistemas de asistencia sanitaria malgastan mucho dinero por errores, fraude y por la atención tardía de problemas que a tiempo se resuelven a bajo costo. El llamado de la Ministra de Salud al que se sumó la OPS para que cese el fraude en la derivación de pacientes, cobros indebidos, y prescripción de tecnologías y medicamentos de costo injustificado debe ser causa de todos. No puede esto quedar fuera de la discusión, pues es el problema sustantivo de Bolivia y de otros países.
Tampoco hay que confundir a la minoría perpetradora con los profesionales de salud probos y capaces que en cada rincón del país cuidan nuestra salud. Éstos conocen los problemas del día a día mejor que nadie y deben ser participantes del cambio tanto como los usuarios, colegios profesionales, universidades y academia bajo la rectoría nacional, departamental y municipal.
Por ello es oportuno que Bolivia ordene los subsistemas, fiscalice efectivamente y discuta de manera amplia su marco de salud. Eso plantea el ente rector y genera fricciones tal como ocurre en los países que emprendieron procesos similares. Un diálogo abierto e inclusivo, confrontando ideas y no personas, permitirá encontrar consensos para lograr el cuidado de la salud para y por todos los bolivianos.